Apoyo a la seguridad interior, ajuste militar, amistad con Gran Bretaña, la amenaza de Venezuela, vigilancia del ciberespacio y despliegue del ejército en el territorio: elementos destacados de la nueva Directiva de Política de Defensa Nacional dispuesta por el gobierno.
El estableció una Nueva Directiva de Política de Defensa Nacional, estableciendo los marcos y criterios que orientarán una reforma del Sistema de Defensa Nacional “conforme las apreciaciones estratégicas del gobierno nacional respecto de los escenarios global y regional y el impacto en la seguridad estratégica de la REPÚBLICA ARGENTINA”.
La nueva visión desestima el riesgo de amenazas “convencionales” originadas en otros Estados; en cambio, da entidad a “riesgos” más difusos, en línea con la caracterización de “nuevas amenazas” impulsadas principalmente desde los Estados Unidos.
De esta forma se complementa el viraje pautado en el , en el cual delineó las nuevas funciones de las fuerzas armadas y los lineamientos doctrinarios. Para ello, Macri derogó el que explícitamente rechazaba “las concepciones … conocidas bajo la denominación ‘nuevas amenazas’”, precisamente por que posibilitaban borrar las diferencias entre seguridad externa y seguridad interior.
La visión oficial ratifica en las palabras el reclamo de la soberanía en Malvinas; no obstante, considera que la mejora de las relaciones con el Reino Unido favorecen esa demanda. El texto abandona las críticas hacia la militarización y la explotación de recursos en las Islas, aspectos destacados en la norma anterior (Decreto 2645/2014)
A continuación, repasamos los puntos más importantes de la nueva Directiva.
Escenario internacional
En el plano internacional, el texto sostiene que el poder militar de los Estados Unidos encontraron un “contrapeso” en el aumento de las capacidades militares de Rusia y China.
Se posiciona desde la importancia de fortalecer la “gobernanza global”. En ese sentido valora al G20 y a la OCDE como “instancias de articulación internacional y gobernanza global”
Sostiene que las potencias modernizaron “sus estrategias de defensa y sus fuerzas armadas”, tomando en consideración “formas tradicionales y no tradicionales de agresión e influencia”. Entre estas últimas, el documento detalla “acciones no militares dirigidas a desestabilizar a la población y los gobiernos de las naciones adversarias”: “Los beligerantes combinan instrumentos políticos, diplomáticos, informativos, ciberespaciales, militares y económicos. La diseminación masiva de información falsa y el reemplazo de las tropas regulares por organizaciones irregulares o empresas militares privadas”. A continuación sostiene que “los conflictos armados actuales ocurren crecientemente por debajo del umbral de la violencia militar directa y en los márgenes del derecho internacional”.
La modernización incluye, según el documento, priorizar “el empleo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, de vigilancia y control de los espacios, el fortalecimiento del accionar militar conjunto, la flexibilidad e interoperabilidad de medios y el despliegue rápido de elementos en el territorio”.
El terrorismo internacional: El terrorismo internacional configura uno de los principales problemas de la agenda del siglo XXI. Este fenómeno adquiere mayor complejidad al confluir con otros delitos y fenómenos criminales complejos, tales como el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas y los delitos que se cometen con asistencia de las nuevas tecnologías de la información”
Considera que muchos Estados tienen acceso a la posibilidad de amenazas cibernéticas.
El aumento de los problemas climáticos también entra en el ámbito de consideración
Diagnóstico Regional
El texto asegura que América del Sur “ha logrado consolidarse como zona de paz”. Destaca el rol de los organismos internacionales, en particular la ONU y la OEA. También señala que el país integra el MERCOSUR y que en ese ámbito promueve el acercamiento a la Alianza del Pacífico.
A continuación, acusa a la República Bolivariana de Venezuela por el deterioro del desarrollo histórico de la región. En la lectura del gobierno (o del Departamento de Estado norteamericano), la crisis en el país caribeño impacta sobre los países limítrofes “generando condiciones propicias para la criminalidad organizada y el narcotráfico, y produciendo un efecto derrame hacia el resto de la región que debilita su gobernanza”.
Más adelante sostiene que en la región hay “baja probabilidad” de que se produzcan atentados terroristas, aunque afirma que “aún persisten en la región organizaciones políticas que han apelado a este tipo de tácticas en el pasado”. Entre las organizaciones aludidas está las FARC, respecto de las cuales destaca los acuerdos de paz y la desmovilización de las mismas.
Posicionamiento estratégico de Argentina en materia de defensa
En esa parte el texto afirma que el país “no transita procesos competitivos con otros Estados” que pudieran derivar en una “voluntad de daño” militar. Esto significa que no se plantea en el horizonte la posibilidad de guerra contra otro país.
Sin embargo, no descarta la existencia de “risegos” para la seguridad nacional:
a) Competencia por recursos estratégicos: sostiene que el Estado “debe fortalecer su capacidad de ejercer una vigilancia y control efectivo sobre los espacios geográficos con reservas de recursos estratégicos”. (El destacado es nuestro).
b) Ataques externos a objetivos estratégicos: “El Sistema de Defensa Nacional debe planificar y proteger los objetivos estratégicos que puedan ser objeto de una agresión de origen externo”
c) Utilización del ciberespacio con fines militares. La consolidación del ciberespacio como un ambiente de operación militar lo habrían convertido “en un ámbito en el que los Estados despliegan operaciones de agresión e influencia sobre las naciones adversarias”
Sobre Malvinas y las Islas del Atlántico Sur, el documento asegura que el reclamo de soberanía es “irrenunciable”; no obstante, sostiene que la mejora de las relaciones con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte “contribuye al logro de este objetivo nacional”.
La posición contrasta fuertemente con la Directiva anterior, dispuesta por el decreto 2645/2014, en el que se hace explícita referencia a la presencia militar británica en las Islas, la cual “genera una tensión innecesaria e injustificada en toda la región”.
En la norma anterior, además, se advertía como problemáticos los “episodios de ruptura o desestabilización del ordenamiento democrático”, en referencia a los intentos de golpe de Estado sufridos por Lula y Evo Morales, así como el desplazamiento de Lugo en Paraguay. También calificaba como hechos de “marcada importancia” el incidente aéreo de julio de 2013, cuando la nave que llevaba a Evo Morales fue impedida de sobrevolar el espacio aéreo de varios países europeos; y el robo de información sufrido por Dilma Roussef y Petrobras, ocurridos el mismo año.
Lineamientos para la reforma del Sistema de Defensa Nacional
Apelando nuevamente a los cambios operados “en los escenarios global, regional y su impacto en la seguridad estratégica” del país, el texto define un conjunto de operaciones militares a priorizar en tiempos de paz:
1. Vigilancia y control de los espacios soberanos
2. Protección de Objetivos Estratégicos
3. Apoyo a la Política Exterior
4. Apoyo al Sistema de Seguridad Interior
5. Apoyo a la Comunidad
6. Apoyo a la generación de conocimiento científico
En el primer punto, la directiva encomienda al Ministerio de Defensa el fortalecimiento de capacidades para “controlar los movimientos en el espacio aéreo de jurisdicción nacional”, la “vigilancia efectiva de los espacios terrestres de interés como así también en lo que respecta a la protección de los objetivos estratégicos” del país. El Ministerio también se encargará de la “vigilancia y control” del ciberespacio.
En el apartado referido al apoyo a la política exterior, ya no hay referencias a la UNASUR, espacio que el actual gobierno decidió abandonar. En cambio, explícitamente se la participación en organismos multilaterales de defensa, principalmente “en el marco de la ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)”. Esta definición va de la mano con la caracterización de Venezuela expuesta en el diagnóstico regional, habida cuenta de la mirada parcial del organismo respecto de ese Estado, y el rol que jugó el gobierno de Macri en los cuestionamientos al gobierno de Nicolás Maduro.
Cabe señalar que en la directiva anterior se valoraba el rol de las fuerzas armadas en el ámbito de operaciones de las Naciones Unidas, como las que llevaron adelante en Haití y en la que intervinieron tropas de nuestro país.
Respecto de la Seguridad Interior, el documento encomienda al Ministerio de Defensa “fortalecer las tareas de apoyo que desarrolla el Instrumento Militar con el Sistema de Seguridad Interior”, priorizando el apoyo logístico en zonas de frontera y la protección de eventos de interés estratégico; sobre esta función, se prevé que el Ministerio de Defensa contemple “la prevención y disuasión” de ataques que pudieran afectar a eventos que se declaren como estratégicos, en coordinación con el Ministerio de Seguridad.
Instrucciones para la reforma del Sistema de Defensa Nacional
La nueva directiva asume el contexto de ajuste, planteando la necesidad de reducir el personal y deshacerse de instalaciones de las fuerzas armadas. No obstante, se propone adecuar el despliegue territorial a la nueva visión sobre el sistema de defensa. En consecuencia, establece lineamientos para la Reforma del Sistema de Defensa Nacional “considerando la situación operativa actual, las restricciones fiscales y el cambio en el contexto estratégico”; en ese marco, dispone que las organizaciones del Sistema de Defensa que no participen de las actividades prioritarias y responsabilidades en tiempo de paz “desempeñar sus funciones en tiempos de paz con un mínimo de personal altamente capacitado, al óptimo nivel de alistamiento”. Además, el Ministerio de Defensa deberá elaborar “un listado de instalaciones no necesarias desde el punto de vista de la Defensa Nacional”.
Doctrina militar
En el apartado sobre la nueva Doctrina Militar, el documento ubica como criterio rector al “carácter conjunto de las operaciones militares actuales”. A partir de esa afirmación afirma la “necesidad de fortalecer la interoperabilidad del Instrumento Militar de la Nación” con otros componentes del Sistema de Defensa, incluyendo los que integran la Seguridad Interior (Policía Federal, PSA, Policías provinciales, Gendarmería y Prefectura).
Valorización de la Inteligencia Militar
La Directiva asegura que la complejidad e incertidumbre del nuevo escenario revalorizaron el papel de la Inteligencia en la toma de decisiones. El Ministerio de Defensa será el encargado de la gestión y el control de los organismos de inteligencia de las fuerzas armadas, conforme a las prioridades estratégicas fijadas por la Agencia Federal de Inteligencia que conduce Gustavo Arribas.
Fuerzas para la represión
El Director del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad de Notre Dam, Michael Desch, señala que unas fuerzas armadas diseñadas y limitadas a enfrentar agresiones externas favorecen las relaciones entre militares y civiles, basadas en el control civil de las fuerzas y en la profesionalización de las mismas. En cambio, la participación en actividades internas alientan “patologías” vinculadas a su incidencia en la política interna y -al mismo tiempo- desalentando la profesionalización de las fuerzas.
En nuestro país, desde la recuperación de la democracia, se había logrado un amplio consenso en cuanto a la separación de ambas funciones, aún con algunas formulaciones con alguna ambigüedad. La política que impulsa el gobierno de Macri implica una alteración de esos presupuestos que atravesaron a la gran mayoría del espectro político nacional: los cambios planteados por el gobierno allanan el camino a la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, desdibuja los límites y establece cambios profundos en el posicionamiento del país.
La multiplicación de las protestas muestra el fuerte descontento en gran parte de la sociedad; habrá que ver si las representaciones parlamentarias y los referentes políticos dan curso a esas expresiones, frente a las cuales el gobierno sólo atina a imponer su visión.
DirectivaDePoliticaDeDefensaNacional
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