Salta: trabajadores de San Isidro movillizarán por la expropiación

Marcha Azucarera
Escena de la marcha entre Campo Santo y Gúemes, el 19 de febrero pasado
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Comenzaron a materializarse los despidos en San Isidro. El cierre del ingenio pone en riesgo al Departamento de General Güemes. El martes se movilizarán para reclamar la expropiación.

Pasaron dos meses desde que las empresas controlantes del Ingenio San Isidro comunicaron el cierre de las actividades y solicitaron un Procedimiento de Crisis al Ministerio para reducir el pago de las indemnizaciones.  No se materializó la venta de la empresa y la pérdida para los trabajadores y para la región parece inminente. Se presentó un proyecto de expropiación que será apoyado por una marcha el próximo martes.

Marcha Azucarera
Escena de la marcha entre Campo Santo y Gúemes, el 19 de febrero pasado

El viernes 16 comenzaron a enviarse los telegramas de despido, culminando un proceso en el que la parte empleadora nunca dio muestras de querer negociar con los trabajadores; al contrario, apeló a sus recursos y a sus contactos en medios de prensa para difamar a la organización sindical, y con ello a toda forma de organización de los empleados en defensa de sus derechos.

El mes de mayo está cada vez más cerca, y con ello el límite para que se realice la zafra de este año; los trabajadores advirtieron que -de no realizarse- luego será muy difícil asegurar los puestos de trabajo ya que los cañeros independientes pactarían contratos con otras firmas, dejando sin el insumos al San Isidro. Según el comunicado difundido desde el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar de San Isidro (SOEASI), el 80% de la molienda depende de los cañeros independientes.

Ante la negativa de las firmas Prosal S.A. y Emaisa S.A. (del peruano Grupo Gloria) de continuar con la explotación, surgió inicialmente la idea de vender la empresa; sin embargo, esa iniciativa no prosperó hasta la fecha, cuando ya empezó a materializarse la pérdida de los puestos de trabajo. El propio Sindicato había mostrado beneplácito ante esa iniciativa, esperando que de esa forma la explotación quedara en manos nacionales y asegurara la continuidad de los puestos de trabajo.

¿Catástrofe social?

El cierre del ingenio es gravísimo para el Departamento de General Güemes, cuya capital está a poco más de 50km de la capital salteña y limita con la provincia de Jujuy.

Del Ingenio San Isidro no sólo dependen sus 730 empleados; de manera indirecta genera unos 1900 puestos, según estimaciones del sindicato. Es fácil advertir el efecto que tendría la desaparición del ingenio en un departamento cuya población total está por debajo de las 50.000 personas, con tres poblaciones principales: General Güemes, Campo Santo y El Bordo.

Si no hay zafra, los cañeros tampoco venderán su producción en la zona, con las consecuencias ya señaladas más arriba de que se deberán comprometer con otras empresas para subsistir en el futuro.

El impacto del cierre recaerá sobre toda la actividad económica local, incluso sobre las recaudaciones de los municipios, empujando a la zona a una situación cercana al desastre.

Mientras tanto, la Ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la provincia, Paula Bibini (empresaria afín al gobierno nacional), dio por terminado el procedimiento; sobre la situación de los trabajadores, afirmó que su cartera los acompañará en instancias extrajudiciales o en garantizar que se paguen correctamente las indemnizaciones.

¿Es viable el ingenio?

Los empresarios del Grupo Gloria fundamentaron el pedido del Procedimiento Preventivo en Crisis que ha venido sufriendo pérdidas contables en los últimos años. Según la ley de Empleo, una empresa puede solicitar tal procedimiento por “razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas”.

Un estudio elaborado por el sindicato, en base a la documentación aportada por la propia empresa y los datos del Centro Azucarero Argentino y del Ministerio de Energía de la Nación, revela que la producción estuvo muy por debajo de la capacidad instalada; según el análisis realizado por los trabajadores, se puede incrementar la producción sin incrementar el “costo laboral”. Además, las medidas adoptadas por el gobierno desde su asunción favorecieron al sector exportador, por lo que no encontraron justificaciones reales para la crisis referida.

El estudio de 6 páginas, al que tuvo acceso ANCLA, deja en claro que “la crisis alegada por los titulares del Ingenio San Isidro solo se debe a la mala gestión de la administración, y en particular a la falta de utilización de toda la capacidad potencial productiva del establecimiento”. De hecho, el análisis concluye que con un aumento de la producción del 15% en este año y del 30% en 2019, se revertiría la pérdida y comenzaría a obtenerse ganancias.

Otro aspecto que refleja el análisis mencionado es que las cuentas que usaron las firmas para enfatizar la situación de crisis dejan de lado los ingresos por la producción de bioetanol, que permitirían resultados mucho mejores.

Por la expropiación

Así las cosas, el lunes 19 se presentó a la legislatura salteña un proyecto de expropiación del ingenio.

La iniciativa presentada por los diputados del Partido Obrero Claudio del Pla y Arturo Borelli, con el acompañamiento del representante del departamento de Güemes Germán Rallé (PJ) y el legislador capitalino Tomás Rodriguez (FPV). El proyecto propone declarar “de utilidad pública y sujeto a expropiación  todos los bienes inmuebles ,muebles e intangibles de las sociedades, Emaisa SA, Prosal SA y Bio San Isidro SA” (la última se encarga de la producción de bioetanol).

El proyecto prevé que el Estado provincial asigne las partidas necesarias para asegurar la inmediata puesta en marcha de los establecimientos afectados, sin hacerse cargo de las deudas que mantuviera el Grupo Gloria.

En la fundamentación, los legisladores hacen referencia a una solicitud similar, con argumentaciones semejantes, presentada por los mismos dueños en 2015 para justificar el despido de 200 trabajadores. También incluyen estadísticas que muestran el paulatino incremento de la producción total, lo que pone en entredicho las aseveraciones de la parte patronal.

El titular del SOEASI, Mariano Cuenca, explicó que el proyecto fue trabajado en conjunto con la organización sindical. El dirigente enfatizó en un comunicado que “en este contexto de cierre y despidos que auguran desocupación, hambre y miseria, nosotros decimos que el Estado, a través de sus representantes políticos, es responsable de salvaguardar a los trabajadores agredidos por un plan patronal sistemático para despedir obreros y transgredir derechos laborales en los ingenios de todo el norte argentino”.

Ante la falta de otras alternativas, y la urgencia que no sólo afecta a los trabajadores cuyo puestos están desapareciendo, el martes se realizará una movilización a la legislatura de la provincia. La concentración comenzará a las 10:00 en la esquina de Córdoba y San Martín, para luego movilzarse hasta el Palacio Legislativo.

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