Salta: gobierno aplazado en Matemáticas y Formación Ética

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Una gigantesca marcha de docentes de Salta recorrió esta mañana el centro salteño. El gobierno sólo envió a la policía.

La docencia salteña marchó masivamente y se concentró frente a la Legislatura provincial

«Diez personas, veinte personas no pueden cortar las calles» dijo el gobernador Sáenz el último domingo en relación con las protestas docentes. Si alguien tenía dudas sobre la precisión de la estimación gubernamental, la marcha de esta mañana las despejó: una multitud pocas veces vista en la capital salteña le recordó a las autoridades que lxs docentes «no somos veinte», que no son delincuentes y que no bajan las banderas de la enseñanza popular.

Más de 10 cuadras de manifestantes recorrieron varias calles del centro de la capital salteña para dirigirse luego hasta el Palacio Legislativo provincial. Arrancaron alrededor de las 11 desde frente a la Plaza 9 de Julio, a 4 cuadras de la Legislatura. La protesta fue una de las expresiones más numerosas en las 3 semanas que lleva el conflicto.

Además de educadorxs, la protesta contó con la movilización de trabajadorxs de la Salud, sector que estuvo y está en la primera línea de la lucha contra la pandemia sin que su labor haya sido reconocida ni salarialmente ni con mejores condiciones de trabajo.

Cuando llegaban a la legislatura, desde el micrófono que encabezaba la marcha se recordó la triste «noche de las tizas» , en abril de 2005, cuando el gobierno de Juan Carlos Romero reprimió violentamente a las manifestantes que se encontraban en la plaza 9 de julio.

A mediodía, la única respuesta que llegó desde el Estado salteño fue el despliegue de policías que salió en columna desde la Central de Policía por calle Santiago del Estero, según informaron transeúntes a ANCLA-LA.

Problemas matemáticos

Las aritméticas de Sáenz no sólo fallaron en contar la representatividad de la protesta docente. El poder adquisitivo de los salarios tampoco ha sido computado correctamente por su gobierno.

En febrero de este año se acordó una serie de aumentos escalonados que totalizarían un 36%, habiéndose otorgado hasta el momento un aumento del 8% en marzo, otro igual en mayo, más un 10% en julio, porcentajes calculados en base a los salarios de febrero. El porcentaje llega así a un 26%, mientras que la inflación -según el IPC del INDEC para la región noroeste- alcanzó un 29,4%. Si bien es cierto que en marzo la docencia percibió otro 4,5% de aumento, ese porcentaje correspondía al período anterior -se trató de una compensación por la pérdida del año pasado- y no al 2021.

El gobernador y la potestad de decidir una huelga

Los Derechos Humanos también forman parte de los diseños curriculares de la provincia, en particular en los contenidos de Formación Ética y Ciudadana. Y el derecho a huelga está reconocido en numerosos instrumentos internacionales.

En el mismo reportaje referido más arriba (que puede verse en la página de DNI), y ante la pregunta de un periodista, el gobernador salteño defendió el descuento de días de huelga aduciendo que «lo normal y lo que corresponde es que aquel que no trabaje no cobre, si no estaríamos siendo muy injustos con el que no hace huelga». Otro periodista le consultó entonces si en Salta estaba vigente el derecho a huelga, a lo que Sáenz «Sí existe el derecho a huelga pero el derecho a huelga lo pueden llevar adelante y canalizarlo a través de los gremios».

La docencia salteña marchó masivamente y se concentró frente a la Legislatura provincial. (Foto: ANCLA-LA)

Sobre este particular, debe señalarse que -en la misma línea del gobernador- la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo en junio de 2016 en el que restringía el derecho a huelga sólo a los sindicatos formalmente constituidos (sea con personería o simple inscripción gremial). Sin embargo, sobre el mismo caso referido por el máximo tribunal argentino se expidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante la  Opinión Consultiva OC 27/21 en la que manifestó que «El derecho de huelga es uno de los derechos humanos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras, que pueden ejercer con independencia de sus organizaciones» (las cursivas son nuestras). El abogado laboralista Matías Cremonte explicó a Tiempo Argentino que la opinión de la Corte internacional «tiene tanta fuerza como un Tratado Internacional o como la Convención Interamericana de Derechos Humanos», por lo que consideró que la Corte Suprema debe adecuarse a la decisión del órgano internacional.

En el mismo texto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos abundó en observaciones respecto de la obligación de los Estados de proteger el derecho de huelga, advirtiendo que los eventuales requisitos que aquéllos impusieran para el ejercicio del derecho no deben obstaculizar el ejercicio del mismo al punto de tornarlo imposible.

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