La ganancia no es salud

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Aumentan los casos de COVID-19 en trabajadores autorizados a realizar sus tareas por ser considerados «personal esencial». Se repiten las denuncias de incumplimiento de las patronales en cuanto a las condiciones de trabajo.

En los últimos días se confirmaron sendos casos positivos de COVID-19 en el Subte porteño y en una línea de colectivos. Hay más de 400 trabajadores de salud contagiadxs. Éstos se suman a los registrados en supermercados: las sucursales de Coto en Once y Recoleta, los 5 verificados en Carrefour de Pilar, y otro en un local de la misma cadena en la Ciudad de Buenos Aires.  También se constataron 9 casos en el frigorífico El Federal, uno de los cuales falleció.

En cuanto a lxs trabajadorxs de la salud, el último dato oficial disponible consignaba 431 infectados, lo que representaba en ese momento (16 de abril) alrededor de un 15% del total.

Protesta frente al frigorífico El Federal (Quilmes). Foto compartida por ANRed

Un chofer de la línea 266 de la provincia de Buenos Aires se encuentra internado en el Hospital Arturo Oñativia de Rafael Calzada, localidad ubicada unos 30 km al sur de la C.A.B.A., con diagnóstico de COVID-19 confirmado. Trabajadores denuncian que la empresa se resistió a cumplir con los protocolos correspondientes, que suponen el aislamiento de quienes estuvieron en contacto con el chófer en cuestión, así como la adopción de medidas de desinfección en los lugares de trabajo y el seguimiento diario de las condiciones del personal.

La línea 266 pertenece a la empresa Expreso Villa Galicia San José S.A., cuyo presidente es Luís Alberto Mércuri.

En la noche del miércoles 22 se confirmó que la infección de un trabajador de maestranza de la Línea E del subte porteño. Los trabajadores realizaron una protesta para exigir que la empresa tome los recaudos correspondientes para proteger la salud del personal y para que brinde la información precisa sobre la situación ya que -aseguran- la empresa hizo lo posible por demorar la difusión del caso.

El gobierno porteño respondió reprimiendo a los empleados, deteniendo a los delegados gremiales de la línea (Walter Gayoso, Rocío Córdoba y Maximiliano Barrera). Los trabajadores de la Línea B decidieron iniciar un paro en reclamo de la libertad de los referentes, quienes finalmente fueron liberados en la madrugada de ayer.

El Subte porteño está concesionado al Grupo Roggio; en diciembre último, y a pesar del escándalo de las numerosas formaciones con asbesto (altamente peligroso para la salud), el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prorrogó la concesión en favor del Grupo.

Amenazados y en peligro

La situación del Frigorífico El Federal S.A., en el municipio de Quilmes, revela con total crudeza el conflicto entre los empresarios que quieren mantener la producción aún a costa de arriesgar la salud de sus empleadxs.

El 18 de abril se confirmó que el inspector de SENASA que se desempeñaba en la planta, se encontraba infectado con el nuevo coronavirus. Las autoridades sanitarias del municipio se hicieron presente en el lugar para recordar el protocolo que debía seguirse en esos casos, lo que incluye el aislamiento por 14 días de quienes estuvieron en contacto con el trabajador en cuestión.

En ese momento, la firma se comprometió a cumplir con las medidas sanitarias y de higiene correspondiente, lo que le permitiría continuar funcionando desde el lunes 20.

Pocos días después, los casos confirmados en el frigorífico ya sumaban 10. Un vecino del mismo, citado por BAE Negocios, aseguró que no se estaban cumpliendo con los protocolos correspondientes; el mismo medio consignó una reunión en la que el médico de la empresa les aseguró a los empleados que «no pasa nada» y que debían seguir con la producción. El martes 21 se confirmó el fallecimiento del inspector de SENASA,  lo que aumentó la alarma entre el personal y los vecinos del establecimiento, quienes iniciaron diferentes acciones de protesta. Un comunicado difundido ayer y suscrito tanto por empleados como por pobladores de la zona, responsabilizó a la empresa de la situación por su resistencia «a activar los protocolos de seguridad e impulsar la cuarentena de los obreros».

El propietario del frigorífico, Genaro Morrone, reaccionó demorando el pago de salarios y amenazando con suspender al personal por 60 días, sin goce de haberes.

El municipio que encabeza Mayra Mendoza decidió clausurar por 14 días el establecimiento. Morrone fue detenido por violar la clausura y los artículos 202 y 205 del Código Penal; estos últimos se refieren a las penas por propagar enfermedades infecciosas e incumplir con las medidas dictadas por las autoridades para evitar la propagación de una epidemia.

 

 

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