INTI: la justicia ordenó reincorporar a dos delegadxs

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Por orden judicial, el INTI deberá reincorporar a dos delegadxs sindicales que había despedido.

Mediante la tutela sindical, la ley de asociaciones sindicales prevé la protección de los representantes de los trabajadores frente al arbitrio de los empleadores; se trata de una protección brindada por la norma para asegurar la libertad sindical y proteger el derecho de los trabajadores a organizarse en defensa de sus derechos.

Marcha por despidos en INTI
En INTI no sobra nadie. Foto compartida por @rubenschofrin

Ayer dos jueces fallaron a favor de delegados sindicales que integraban la lista de 258 despedidos por las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Ambos magistradxs valoraron la tutela establecida en la norma mencionada, así como la urgencia de emitir el fallo por la índole de los derechos afectados por los despidos.

El juez subrogante Fernando Vilarullo ordenó al INTI «reinstalar en su puesto de trabajo» al delegado Nicolás Pérez Fiorentino. En su resolución, el magistrado destacó que el representante sindical fue electo en diciembre de 2016 y tiene mandato hasta el mismo mes de 2018, por lo que está protegido por la tutela sindical prevista en la ley 23.551 (fallo transcripto en Ambito).

Por su parte, la jueza Viridiana Díaz Aloy tomó una decisión similar respecto de la delegada Romina Albertotti al disponer que «la demandada deberá reintegrar» a la representante en su puesto de trabajo. La magistrada valoró la urgencia de hacer lugar a la cautelar pedida por Albertotti por «hallarse en juego y por ende en vías de ser vulnerados los derechos gremiales y de representación sindical, ello conculcaría normas de carácter constitucional (art. 14 bis C.N.) y supralegales (Convenio 87 de la OIT)»(Ver el fallo en Página /12).

Si bien no se expiden sobre el fondo de la cuestión, estos fallos sirven de referencia no sólo a la lucha del INTI sino a otras que se están desarrollando, en las cuales los despidos de parte de los empleadores (estatales o privados) apuntan contra las organizaciones sindicales.

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