Indolencia letal de la patronal

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Un chofer de la linea 60 del AMBA murió a causa del COVID luego de que la empresa lo obligara a reintegrarse por haber recibido la primera dosis de una vacuna.

Álvaro Pío Santillán tenía 53 años y sufría diabetes. Por esa condición estuvo exceptuado de asistir a su  trabajo desde marzo del año pasado.

Agustín Santillán, chofer que falleció por COVID-19

Esa situación cambió el 8 de abril de este año, cuando el gobierno nacional habilitó a los empleadores a «convocar al retorno a la actividad laboral presencial» a lxs trabajadorxs incluidos en los grupos de riesgo definidos por las autoridades nacionales, bajo la sola condición de que los mismos hubieran recibido al menos una dosis de alguna de las vacunas contra el COVID-19 y hubieran transcurrido 14 días desde su aplicación; en el caso de trabajadorxs de la salud, la resolución pedía que hubiera recibido las dos dosis correspondientes.  La norma que dio esas potestad a las patronales fue la resolución conjunta N°4/2021 de los Ministerios de Salud y de Trabajo.

La resolución mencionada en el párrafo anterior fue dictada en medio del fuerte ascenso de casos de COVID-19 en todo el país -especialmente en el Área Metropolitana-, y a pesar de no contar con evidencias científicas que avalasen el regreso al trabajo presencial de personas mayores o cuyas condiciones de salud las tornasen más vulnerables frente a la enfermedad causada por el SARS-CoV-2.

Algunos sectores sindicales expresaron rápidamente su rechazo a la norma. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la Argentina (FESPROSA) calificó a la medida de «burocrática, autoritaria y antisanitaria», advirtiendo que la resolución posibilitaba la reinserción forzosa de personas con condiciones de alto riesgo. La realidad terminó dándole crudamente la razón al sindicato: el jefe de guardia del Hospital Arturo Illia de Córdoba, Santiago Gerónimo, falleció el 7 de junio a causa del COVID-19 a pesar de contar con las dos dosis de una vacuna; y la enfermera María Castellón, del Hospital Satojanni en la C.A.B.A., murió a pesar de que recibió ambas dosis y que ya había tenido la enfermedad el año pasado.

Los delegados de la empresa MONSA, propietaria de la Línea 60, manifestaron que el deceso «no fue una desgracia sino el resultado de una política sanitaria deficiente que arriesga la salud». Lxs trabajadorxs apuntaron a los incumplimientos de la empresa, pero también a la decisión conjunta de las carteras de Salud y Trabajo. Cabe señalar que los DNU 241/21 y 287/21 mantuvieron las dispensas de prestar tareas presenciales a las personas en grupos de riesgo, pero son muchas las patronales que hicieron caso omiso de esas normas, a pesar de que su jerarquía es superior a la resolución conjunta cuestionada.

Por su parte, los sindicatos AMRA, ATE, FESPROSA, SSP y STMBB -participantes del COE- elevaron el 22 de junio último una nota a la Ministra de Salud Carla Vizzoti en la que reiteran el pedido de que la resolución conjunta 4/2021 quede sin efecto para el personal de Salud.

El fallecimiento de Santillán, la tercera víctima fatal de la enfermedad entre lxs trabajadorxs de MONSA, vuelve a poner sobre el tapete las graves consecuencias que acarrea la resolución en cuestión para lxs empleadxs de todos los sectores.

 

 

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