Escenas de la lucha de clases en Navidad

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Gremios aceiteros y de recibidores de granos cumplen 17 días de paro. En los últimos días se sumaron trabajadorxs portuarios. Las cámaras empresarias se mantienen intransigentes.

El largo conflicto entre las patronales vinculadas a la exportación agropecuaria y lxs trabajadorxs del sector ha puesto sobre la mesa discusiones que van mucho más allá de la puja salarial habitual. Los beneficios de los sectores más concentrados de la economía, la distribución de la riqueza, los derechos consagrados en la constitución, el modelo sindical dominante, son algunos de los aspectos que están en juego en esta confrontación.

Árbol de navidad y de lucha frente a sede de la firma francesa Dreyfus (Foto: SOEA San Lorenzo)

El artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo afirma que el Salario Mínimo Vital y Móvil debe asegurar «alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión». Eso es lo que demandan los sindicatos F.T.C.Y.O.D. Y A.R.A. (Federación Aceitera), U.R.G.A.R.A. (Unión de Recibidores de Granos) y S.O.E.A. San Lorenzo (aceiteros) desde hace 18 días ante las cámaras empresarias del sector agroexportador fuertemente concentrado y trasnacionalizado. En los último días, se sumaron a la huelga los trabajadores nucleados en la I.M.P.A.C.I. (Intersindical Marítima Portuaria y Afines del Cordón Industrial).

Enfrente se encuentran las entidades empresarias encabezadas por C.I.A.R.A.-C.E.C. (Cámara argentina de la industria aceitera y centro de exportadores de cereales) -cuyo titular es el ex regional manager de Monsanto Gustavo Idigoras-. Se tata de sectores que se benefician con la devaluación del peso (comercian en dólares, pagan a sus empleadxs en moneda nacional) y que ha recibido trato preferencial durante los cuatro años de gobierno de Macri, y también han salido airosos en las decisiones de la gestión que encabeza Alberto Fernández; basta recordar que la anunciada estatización de Vicentín (una de las empresas en las que se desarrolla la lucha actual) quedó en la nada, y que el ministro Guzmán dispuso reducciones en las retenciones para el sector.

Los sindicatos reclaman completar la pauta salarial para 2020 y aumentos dignos para los haberes en 2021. Las entidades empresarias no han dado respuesta formal a esos reclamos, al tiempo que responsabilizaron a las «pretensiones» gremiales por el conflicto. Según explicaron fuentes gremiales, la oferta patronal pretende otorgar incrementos escalonados para 2021.

En la primera parte del año, los aceiteros habían aceptado un incremento del 25% hasta agosto, más sumas no remunerativas variables de carácter retroactivo. Ese acuerdo venció sin que hasta ahora las empresas presentaran una propuesta que permita recomponer el poder adquisitivo de los haberes.

En años anteriores, los aceiteros cerraron acuerdos sin mayores conflictos, obteniendo incrementos muy por encima de las pautas promedio de los distintos gremios. Este año, la diferencia reside en la decisión política de las cámaras empresarias de «disciplinar» a lxs trabajadorxs y enviar un mensaje a los demás sectores, según manifestaron los gremios en un documento conjunto emitido el miércoles último. Allí también advierten que «la reactivación económica que se espera para el 2021 se la quedarán las empresas», por lo que la salida de la pandemia «no traerá alivio para las familias que viven de su trabajo, sino que irá a engrosar las ganancias del capital concentrado». A juicio de las representaciones sindicales, los empresarios no sólo buscan derrotar a las protestas obreras, sino también «extorsionar al Gobierno Nacional, e inclusive desestabilizarlo».

En un pronunciamiento anterior, los gremios pusieron en evidencia lo irreal de las quejas empresarias; éstas aseguran que cada día de huelga les cuesta u$d 100 millones, lo que significa que «con un solo día de los siete que lleva la huelga les alcanza y sobra para pagar el aumento de todo el año a todos los trabajadores».

La actuación de estos gremios contrasta fuertemente con la de otros, como los que encabezan los máximos dirigentes cegetistas, quienes aceptaron recortes salariales sin haber opuesto ninguna medida de fuerza ni haber consultado a sus representadxs. Cabe señalar que la Federación Aceitera adopta sus decisiones mediante asambleas.

La inédita extensión de la medida involucra el funcionamiento de puertos del Gran Rosario, Buenos Aires, Bahía Blanca, de empresas como Cargill, Dreyfus, COFCO y Glencore, entre otras.

Lxs trabajadorxs pasaron esta navidad en lucha. Ayer el SOEA San Lorenzo decidió continuar con la huelga, manteniendo la modalidad de evaluar la medida cada 24 horas. El conflicto se extenderá al menos hasta el próximo martes 29/12, fecha en la que está prevista la audiencia de mediación N° 17 en la sede del Ministerio de Trabajo a partir de las 11:00hs.

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