Escenas de la lucha de clases en medio de la pandemia

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Miles de personas no pueden salir a buscarse su sustento diario; mientras tanto, las empresas más grandes despiden, suspenden y precarizan al personal, aún violando la normativa vigente.

 

La represión contra los trabajadores del frigorífico Penta (Quilmes) puso de relieve una vez más cómo las grandes empresas logran eludir la ley, mientras que ésta se descarga de manera desmedida contra los trabajadores.

La empresa a cargo del frigorífico decidió cerrar sus puertas, a pesar de que su actividad está exceptuada del aislamiento social que rige desde el 20 de marzo último; días después, despidió a cerca de 250 empleados, desconociendo el DNU presidencial vigente desde la semana pasada.

El caso de Penta no es atípico: aprovechando la pandemia, y pretextando la cuarentena, grandes empresas decidieron avanzar contra los salarios y los derechos laborales, por lo que se multiplicaron despidos, suspensiones y recortes salariales. Si bien alegan que esas medidas se deben a la -evidente- caída de la actividad económica, es menester recordar que esas mismas firmas no han compartido con sus empleados los períodos de bonanza.

 

Según la revista Forbes, la persona más rica de la Argentina es Paolo Rocca; junto a su familia reúne u$d 8.000 millones. Es el CEO de Techint, empresa que despidió a 1.500 trabajadores en medio de la pandemia, ignorando la conciliación obligatoria y el decreto presidencial prohibiendo las desvinculaciones. En la lógica del lucro, 15 días de cuarentena deshacen décadas de grandes ganancias, muchas de ellas gracias a negocios con el Estado o subsidios de parte de éste. 

Capitalismo. Ilustración de rstrawser (CC BY-SA 2.0)

Javier Madanes Quintanilla es otro de los grandes afortunados del país; según Forbes, está entre los 15 argentinos más ricos, con un patrimonio de u$ 850 millones.  Ahora, en el contexto de la pandemia, plantea rebajar salarios en sus dos grandes empresas: la firma monopólica de producción primaria de aluminio (ALUAR) y la única fábrica de neumáticos de capitales nacionales (FATE).

La UOCRA denunció que el 70% de las empresas constructoras decidió desprenderse de personal, de acuerdo con lo consignado por Página /12, en un artículo publicado en la semana pasada. Pero el accionar gremial no fue consecuente con esa denuncia: la conducción que encabeza Gerardo Martínez firmó un acuerdo con Rocca aceptando las desvinculaciones, a cambio de una bonificación adicional de $33.000 para cada uno; cabe recordar que el Convenio Colectivo del sector prevé un “fondo de despidos” que libera a la patronal de abonar indemnizaciones de acuerdo con la ley. De palabra, la empresa se comprometió a reincorporar a los empleados cuando se reinicie la actividad.

Sueldos recortados

Muchas compañías optaron por bajar los sueldos del personal en lugar de reducir la planta. 

Un día antes de que se oficializara el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, la aerolínea Latam ya había dispuesto el recorte de la mitad de los salarios de su personal; la compañía de origen chileno dispuso esa medida no sólo para nuestro país, ya que también afectaba a las filiales de Chile, Brasil, Ecuador y Perú.

Los ejemplos se multiplican: las cadenas Compumundo y Garbarino abonaron sólo un tercio de los salarios; en ese caso, el Ministerio de Trabajo bonaerense intimó a las firmas a abonar la totalidad. El Grupo Dabra S.A. (dueña de Dexter, Stockcenter y NetShoes) informó a sus empleados que en abril se les abonará la mitad de su salarios, para cuidar “la salud de la empresa”. 

Las cadenas de comidas rápidas, uno de los rubros comerciales dominados por grandes firmas multinacionales, las empresas como McDonald’s, Burger King, Mostaza o Starbuck impusieron un recorte del 50%, remunerando sólo las horas trabajadas. El recorte se basa en un artículo del Convenio Colectivo del sector.

En el rubro automotriz, las firmas también buscan suspender al personal para descargar la caída de la actividad. La cámara del sector, ADEFA, propuso una reducción del 10% de los haberes al SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, que lidera Ricardo Pignanelli). General Motors, por su parte, decidió reducir el horario del personal que cumple tareas en Home Office, el que percibirá entre un 12,5% y un 25% menos en su salario base. 

La Cámara que reúne a las empresas autopartistas (AFAC) presentó a la Unión Obrera Metalúrgica una propuesta de reducir al 50% los sueldos durante tres meses, los que -a su vez- se abonarían en carácter no remunerativo (es decir, sin aportes patronales); la entidad prevé una caída de la actividad de 40% en el sector.

En otros rubros también se siente la embestida de los empleadores: la productora Pol-Ka, controlada por el Grupo Clarin y liderada por Adrián Suar, adelantó que no pagará los sueldos completos; según informó Infogremiales, la firma comunicó a sus empleadxs esa posibilidad, lo que se sumaría al pago en cuotas de los haberes de marzo. Por su parte, el la constructora EDVSA comunicó hace una semana que suspenderá personal hasta por 6 meses y abonará salarios con quitas del 85%; la empresa informa en su Web que factura u$d 150 millones al año. 

Acindar, perteneciente al multinacional Grupo ArcelorMittal, planteó a la Unión Obrera Metalúrgica una quita del 35% en los haberes; éstos se abonarían en función del sueldo neto. En ese sector, ADIMRA apunta a paga el 70% de los sueldos básicos, lo que totalizaría una quita de bolsillo del orden del 50%.

Condescendencias y oposiciones sindicales

Los despidos en Techint contaron con la aprobación del sindicato de la construcción, acuerdo que fue homologado por la cartera laboral; esa connivencia de la conducción gremial no obsta que los despidos sigan cayendo fuera de la legalidad. Un artículo de Jorge Elizondo (Asociación de Abogados Laboralistas) publicado en El Cohete a la Luna, expone que las desvinculaciones violan no sólo el decreto específico (DNU 329/2020) sino todo «el plexo normativo de la Emergencia» constituido por el Decreto que esableció el Aislamiento Obligatorio y las sucesivas resoluciones emanadas del Ministerio de Trabajo.

Más allá de los aspectos legales, el avance de las patronales sobre los derechos de los trabajadores se viabiliza con la aprobación de las direcciones de los sindicatos.

Las conducciones de varios sindicatos se mostraron dispuestos a aceptar las exigencias patronales. Pignanelli resaltó ante los medios que las empresas están funcionando sólo con guardias, con la participación de sólo el 4% de los trabajadores; el dirigente de SMATA justificó así las pretensiones de las empresas, planteando sólo que el gremio tratará “que nadie cobre menos de $40.000”.

La Federación de Trabajadores del Cuero rechazaron los despidos y suspensiones

La decisión de Pignanelli se enmarca en el lineamiento que ya había planteado uno de los popes de la CGT, Héctor Daer, quien a fines de marzo había admitido la posibilidad de aceptar recortes salariales “para preservar los puestos de trabajo”. 

El titular del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, también se mostró abierto a negociar medidas de ese tipo, aunque luego cambió su discurso; el ex senador planteó que -en lugar de reducir salarios- las empresas inicien procedimientos preventivos de crisis, lo que las habilitaría a despedir a un gran número de trabajadores con indemnizaciones más bajas que las establecidas por ley.

La UOM, que encabeza Antonio Caló, propondrá a las cámaras empresarias que se pague el 70% de los salarios básicos a los trabajadores no afectados a tareas esenciales; al no incluirse ítems como presentismo o premios, el porcentaje efectivo rondaría el 50%.

 

Hubo algunas voces en el sindicalismo que rechazaron la embestida contra los sueldos; El dirigente de Camioneros, Pablo Moyano, aseguró que “ni en pedo” consideraría una iniciativa de ese tipo. Por su parte, la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines (FATICA), que encabeza Walter Correa, emitió un comunicado en el que declara que rechazará “despidos, suspensiones o bajas de sueldo”; la entidad también señaló que no existe ninguna normativa que habilite a las patronales a tomar esas medidas.

También en el Estado

Legisladores de Juntos por el Cambio y varios gobernadores plantearon llevar un esquema similar sobre los trabajadores estatales. La representación de JxC propuso recortar un 30% los salarios de funcionarios de los 3 poderes, pero incluyendo también a empresas estatales y organismos decentralizados (según consignó El Cronista). 

En Jujuy, los gremios docentes denunciaron que sufrirán una quita en sus haberes, instrumentada a través de la quita de adicionales.

En Mendoza, el gobernador Rodolfo Suárez eliminó el piso de adicionales de los trabajadores del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, lo que produjo recortes de hasta el 50% en los salarios.

En Salta, el gobernador Gustavo Sáenz anunció la creación de un “Fondo de Emergencia”, constituido con rebajas salariales de los empleados estatales; frente a las críticas, el mandatario salió a aclarar que el aporte en cuestión sería “voluntario” y que será reintegrado en el futuro.

 

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