CUS y AGNET, nombres de la privatización de la salud

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Para conocer sobre las consecuencias de la Cobertura Universal de Salud y sobre los objetivos de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías en Salud (AGNET), ANCLA dialogó con Pablo Aguirre, médico cordobés y activista sindical defensor de la Salud Pública.

Pablo Aguirre es médico en el Hospital Misericordia de Córdoba e integrante de ATE Verde y Blanca en esa provincia, nos contó sobre las implicancias del Cobertura Universal de Salud (CUS) que impulsa el gobierno nacional y el rol de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET) proyectada junto con la Reforma Laboral.

Pablo Aguirre
Pablo Aguirre, médico y defensor de la Salud Pública

Respecto del CUS, Aguirre señaló que «es una gran mentira porque nosotros ya tenemos un sistema de salud universal, que se explica en un sistema donde todo el mundo -tenga obra social, no tenga obra social- pueda ser atendido». El médico reconoció que el sistema actual tiene falencias, pero que es «perfectible». En cambio, destacó, el gobierno plantea «un cambio», que «no es otra cosa que la privatización de la salud».

La iniciativa oficial retoma «planes que ya venían desde los ‘90, que han sido actualizados, y que venían desde los grandes organismos económicos mundiales … cuando el Banco Mundial se da cuenta de que la Salud era un gran negocio, largan en aquel momento un informe que se llamaba ‘invertir en salud'», recordó, en referencia a un documento publicado en el año 1993 que se planteaba entre sus objetivos el de mejorar la productividad de las personas, se promovía la competencia entre  los prestadores de salud y apuntaba a que los propios hogares sean los que puedan mejorar la salud.

Aguirre marcó que la instalación de esta iniciativa en el país cuenta con la complicidad de algunos gremios, ya que se apela a parte del Fondo de Redistribución Solidaria, fondo al que todas las obras sociales aportan «para ser solidarios con algunas obras sociales más pequeñas» y que el gobierno anterior había congelado en el marco de sus disputas con Hugo Moyano. Respecto del CUS en sí, la implantación del mismo llevará a que «el que tiene su obra social se tendrá que hacer cargo de su salud porque -como ya decía el Banco Mundial en aquel momento-, la salud deja de ser un derecho»pasando a ser «una responsabilidad de cada individuo»; de hecho, a quien no tenga obra social «le darán un plan mínimo de cobertura».

Las graves consecuencias que trae la llamada Cobertura Universal de Salud son desconocidas para la mayoría; el médico cordobés señala que quienes trabajan en salud, así como las agrupaciones gremiales, deben «empezar a hacer conocer lo que hay atrás» de estas medidas.

El caballo de troya de la AGNET

El mes pasado, junto a los proyectos de Reforma Laboral, el gobierno envió al Congreso una iniciativa para crear la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET). Aguirre advirtió: «metido en la reforma laboral, junto a este caballo de troya, viene el corazón de la CUS que es la aprobación de la AGNET «.

Esa agencia tendrá la potestad de definir «que cosas van a formar parte del PMO, que es el Programa Médico Obligatorio, la cobertura básica que debería tener cualquier obra social, cualquier prepaga». Según se explicita en el proyecto, la entidad también se encargará de decidir sobre la investigación médica y tendrá la palabra final sobre lo que una obra social deberá cubrir necesariamente:»van a decidir en todo lo que tenga que ver Salud, farmacología, en dónde se investiga, hasta qué se subvenciona y cuáles van a ser los tratamientos que las obras sociales van a cubrir y cuáles no», explicó Pablo.

Da aprobarse tal como está la iniciativa, la AGNET quedará constituida por cinco miembros, todos designados por el Poder Ejecutivo y tendrá entre sus funciones las de evaluar medicamentos, productos médicos, técnicas y procedimientos clínicos, y otros que se propongan para prevenir, tratar o rehabilitar la salud, con miras a su inclusión o exclusión del conjunto de prestaciones que deben atender todas las obras sociales. Además, en su artículo 7, el proyecto establece la intervención de la agencia en los procesos judiciales.

ANCLA le consultó a Aguirre si esas atribuciones permitirían avalar el caso de que una obra social no acepte cubrir un tratamiento prescripto por un profesional, a lo que respondió: «ellos (por la AGNET) van a tener ahora carácter vinculante, por lo que menciona en los proyectos de ley. Antes, si una persona alguna obra social, prepaga, no aprobaba el tratamiento, uno podía ir a la justicia»; en esa instancia, habitualmente la justicia resolvía en favor del pedido del paciente, pero ahora dependerá de lo que dictamine la AGNET.

Un mes atrás, la periodista Elizabeth Peger titulaba en El Cronista: «Crearán una agencia para frenar la ola de juicios contra obras sociales y prepagas», en referencia al proyecto que aquí explica Aguirre.

Las palabras del médico revelan la necesidad de interiorizarse en las consecuencias que acarrean estas medidas en el ámbito de la salud pública, más allá de los enunciados generales que los enmarcan.

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