Cresta Roja: la represión vuelve a ser la respuesta

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La avícola Cresta Roja dejó sin trabajo a 3000 trabajadores a fines de 2015; luego reabrió, sin reincorporar a la totalidad de los despedidos ni cumplir con el pago de indemnizaciones. Pero ante el reclamo de los trabajadores, la respuesta oficial vuelve a ser la represión.

Represión Cresta Roja
Otra vez la represión contra trabajadores

La policía reprimió hoy el acampe que llevan adelante los trabajadores de Cresta Roja, luego de casi 3 años sin recuperar los puestos de trabajo. Los sucesivos cambios de dueño no implicaron inversiones ni recuperación productiva, descargando todas las consecuencias sobre el personal.

A sólo 12 días de que asumiera el gobierno de Cambiemos, los trabajadores de Cresta Roja sufrieron una feroz represión a manos de la Gendarmería. Pedían que se mantuvieran los 3.009 puestos de trabajo que parecían desaparecer detrás de la inminente quiebra de la empresa que por entonces estaba en manos de los hermanos Rasic.

En los meses siguientes, la empresa quedó en manos del consorcio Proteinsa, formado por Ovoprot International S.A., La Suerte Agro S.A. y Tanacorsa S.A; la primera es propiedad de la familia Perea Amadeo y la segunda es parte del Grupo Lacau. Estas empresas gestionaron créditos para hacerse cargo de la avícola, contando con el financiamiento de un banco brasileño -BTG Pactual- y la participación de los bancos Supervielle, BACS, Securitización e Hipotecario. Ovoprot llegaba al negocio luego de casi haber duplicado sus ganancias respecto del período anterior; sin embargo, ese handicap nunca respaldó a los trabajadores.

Ya en poder de Proteinsa, la empresa reincorporó a poco más de un tercio de los trabajadores, con la promesa de sumar personal en el futuro; esto nunca se produjo, y Proteinsa terminó retirándose.

Cresta Roja pasó entonces a manos del mayor actor en el mercado avícola: el Grupo Granja Tres Arroyos, que preside Joaquín De Grazia. Los nuevos titulares tampoco revirtieron la situación, planteando desde un principio una nueva reducción de personal mediante despidos y suspensiones.


A casi tres años de la quiebra, después de innumerables promesas y cambios de dueño,  la mayoría de los trabajadores continúa sin alternativas para sostener a sus familias. Ni el gobierno nacional ni las autoridades de la provincia de Buenos Aires intervienen para dar alguna solución, tras su lógica de favorecer exclusivamente a los negocios. Y ante el pedido de los propietarios que no han cumplido con las necesidades elementales de sus empleados, la respuesta vuelve a ser la represión.

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