Vigilar a propios y extraños

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Durante el gobierno de Macri fueron espiados ilegalmente políticos opositores y oficialistas, periodistas, jueces, sacerdotes y hasta policías. Las investigaciones apuntan a Arribas, Majdalani y el propio presidente. Sale a la luz el rol de la AFI en el gobierno de Cambiemos.

Cuando Mauricio Macri asumió la presidencia, una de las causas judiciales que pesaban sobre él era la referida a escuchas telefónicas ilegales. A menos de 6 meses de haber dejado la Casa Rosada, el referente de la derecha vernácula acumula 4 nuevas denuncias por espionaje.

La Ley de Inteligencia Nacional prohíbe expresamente obtener «información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción». Además, la norma establece penas para quienes omitan destruir o borrar los soportes en los que se almacenara ese tipo de información (discos, cintas, etc.).

Las nuevas autoridades de la  Agencia Federal de Inteligencia (AFI), encontraron archivados los correos electrónicos de más de 80 personas «vinculadas a la actividad política de nuestro país, periodistas, dirigentes, fuerzas policiales, entre otros», según la denuncia presentada por la interventora del organismo Cristina Caamaño. Los mails fueron recuperados de un disco rígido borrado, habiéndose encontrado «rastros digitales que dan cuenta de la conexión de dispositivos externos». En la nómina figuran el diputado Rodolfo Tailhade, la actual vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, Elisabeth Gomez Alcorta, y los entonces oficialistas Luís Majul, Laura Alonso y Mario Barletta.

La lista incluye al menos 84 nombres, según consignó Perfil en un artículo firmado por Rosario Ayerdi. En una nota posterior de Infobae se consigna que también hay correos de una dependencia de la policía bonaerense-

El fiscal Di Lello decidió impulsar la investigación, por lo que solicitó a la AFI los legajos de dos agentes que podrían estar involucrados (cuyo nombre no se divulga, conforme a la normativa vigente), así como una nómina del personal contratado durante la gestión macrista. También solicitó que se tome declaración al personal de inteligencia para determinar las órdenes vinculadas a este material que hubieran emanado de las máximas autoridades del organismo en el período investigado, el ex titular de la Agencia Gustavo Arribas y la ex subdirectora Silvia Majdalani.

El resfrío del narco

Espionaje a figuras públicas, atentados, escuchas ilegales y vínculos con narcos, son algunas de las actividades que salieron a la luz en el marco de una impactante causa que tramita el Juez Federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, y que dio a conocer Ámbito Financiero el 31 de mayo último.

El caso en cuestión se origina en la confesión de un narco, apodado «Verdura», quien aseguró haber sido contactado por la AFI para que trabajara con credencial de la agencia. No se trataba de un hecho aislado; era parte de un entramado de alcance nacional que involucraba a numerosos agentes de inteligencia y que producía inteligencia ilegal sobre políticos, periodistas, sacerdotes, jueces, etc. De acuerdo con diferentes medios (Página /12, Perfil), hay 15 agentes bajo investigación y entre los espiados figuran Cristina Fernández de Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta, tres integrantes de la Corte Suprema y referentes mapuches, entre muchos otros.

Una de las actividades reconocidas por Verdura (cuyo nombre sería Sergio Rodríguez) fue la de llevar -en julio de 2018- un artefacto explosivo con trotyl frente al edificio donde vivía José Luís Vila, por entonces Subsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa. El hecho fue reflejado en los medios como una posible interna entre sectores de inteligencia.

Entre los posibles involucrados en la estructura ilegal figuran integrantes del Servicio Penitenciario bonaerense; a través de ello se pudieron desplegar operaciones como las escuchas de las conversaciones de detenidos ligados al kirchnerismo.

El mundo como pretexto

En el marco de la organización del G-20 y la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC), la AFI recopiló información sobre más de 400 periodistas, además de académicos y militantes políticos.

La intervención de la Agencia encontró fichas de todas esas personas, en las que se incluyeron perfiles ideológicos al más puro estilo de la dictadura. En algunos casos, también se relevaron otros datos sensibles, como estados de cuenta, vínculos familiares, entre otros.

Los perfiles clasifican a lxs espiadxs según de su posición respecto del gobierno de Macri, los eventos internacionales mencionados, e incluso sobre el feminismo o el aborto.

Además, se encontró material recolectado de «fuentes propias» sobre una reunión organizada por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), así como detalles referidos a militantes de esa organización.

Este material integra una nueva denuncia por la violación de la ley de inteligencia.

Mapuches y ambientalistas

Los casos enumerados anteriormente se suman a otros que ya habían sido denunciados durante la gestión de Cambiemos, como el que sufrió la familia Maldonado durante la búsqueda de Santiago.

En mayo último, en el marco de una causa que avanza lentamente, quedó comprobado que el Centro de Reunión de Información de Gendarmería en Neuquén informaba los pasos de Sergio Maldonado, su pareja, amigos y abogadxs; dichos reportes eran enviados a una línea del Edificio Centinela de la fuerza de seguridad.

Días antes, el accionar de la Gendarmería había sido defendida públicamente por la entonces Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; personal de esa misma cartera tuvo activa participación en la defensa de la fuerza y en los intentos de cuestionar a la familia Maldonado.

Si bien el despliegue de inteligencia ilegal parece haber alcanzado un extremo en el gobierno de Cambiemos, es claro que esas prácticas han continuado desde la dictadura. En 2015 se constataron actividades de espionaje sobre militantes ambientalistas en Esquel; en las tareas estuvieron involucrados un ex agente de los Servicios, fiscales y agentes de policía. En noviembre último, el juez Otranto (el mismo que intervino en la causa por la desaparición de Santiago Maldonado) sobreseyó a los funcionarios, quedando procesado sólo el ex espía. La sentencia fue apelada por los vecinos.

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