La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, emitió dictamen respecto del tarifazo eléctrico confirmando el fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que había suspendido la aplicación de las resoluciones 6/2016 y 7/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y la resolución 1 del ENRE para la Provincia de Buenos Aires.

La resolución 6 establece que los consumidores deben asumir la totalidad del costo de provisión del suministro eléctrico, dado que el uso de recursos del tesoro “ha contribuido significativamente a una presión tributaria progresivamente creciente sobre el conjunto de la población, que es insostenible”. La resolución 7, en tanto, fija los requisitos para acceder a la tarifa social.

La procuradora consideró que corresponde mantener los efectos colectivos otorgados por el tribunal platense, adoptando un criterio similar al que la Corte siguió respecto de la tarifa del gas en cuanto a la necesidad de que se realicen las audiencias públicas previas. Respecto del impacto sobre los usuarios, Gils carbó remarcó que “no puede obviarse que la fijación de tarifas irrazonables puede afectar el acceso de usuarios y consumidores al servicio básico de energía eléctrica, comprometiendo el goce de derechos humanos y fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales”.

En cuanto a la legitimación de los actores, hizo lugar al cuestionamiento realizado por el gobierno respecto del Defensor del Pueblo de la Provincia de buenos Aires, pero aceptó la legitimidad del Club Social y Deportivo 12 de Octubre como afectado por el incremento de tarifas.

Ahora será la Corte Suprema la que deberá decidir sobre el tema.