Ganancia para jubiladxs

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La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el pago de impuesto a las Ganancias por parte de lxs jubiladxs.

El máximo tribunal concluyó de manera contundente que «no puede retenerse ninguna suma por impuesto a las ganancias a la jubilación de la demandante hasta que el Congreso Nacional dicte una ley que exima a las jubilaciones de este impuesto «(las negritas son nuestras).

Cortre con Rosenkrantz alejado
Rosenkrantz volvió a quedar solo

El fallo responde puntualmente a la presentación realizada por la jubilada entrerriana María Isabel García, a quien deberá  reintegrarse los montos retenidos desde que hizo el reclamo.

La decisión contó con el voto favorable de Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Horacio Rosatti; la única disidencia estuvo a cargo -nuevamente- del juez más cercano al gobierno nacional, Carlos Rosenkrantz.

En la fundamentación, los magistrados destacaron que lxs jubiladxs se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, por lo que no resulta razonable aplicar las mismas condiciones que para otras personas: quienes acceden a la jubilación suelen hacerlo por su avanzada edad o por discapacidad, las que  «son causas predisponentes o determinantes de vulnerabilidad, circunstancia que normalmente obliga a los concernidos a contar con mayores recursos para no ver comprometida seriamente su existencia y/o calidad de vida y el consecuente ejercicio de sus derechos fundamentales». Es en base a esa lectura que observó que la Constitución de 1994 obliga a los legisladores a»dar respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables –entre ellos los jubilados-, con el objeto de asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus derechos».

El fallo se explaya en razonamientos tendientes a mostrar que las llamadas «discriminaciones inversas» posibilitan equiparar situaciones en las que algunos sectores se encuentran postergados o en una situación de vulnerabilidad ante la cual no pueden asimilarse sus circunstancias a las de otros grupos.

En el mismo sentido, los supremos observaron que la sola capacidad contributiva (es decir, el volumen de los ingresos de una persona sin tener en cuenta otros factores que afecten individual o colectivamente) no puede ser el único criterio para definir la pertinencia de un impuesto. En consecuencia, manifestaron al Congreso Nacional la «necesidad de adoptar un tratamiento diferenciado para la tutela de jubilados en condiciones de vulnerabilidad por ancianidad enfermedad, que conjugue este factor relevante con el de la capacidad contributiva potencial».

Las consecuencias de este fallo, según señala Página /12, favorecen a unos 300.000 jubiladxs cuyos haberes superan los $62.462.- mensuales, además de a unas 400 personas que ya llevan adelante reclamos judiciales en el sentido de la sentencia.

El fallo completo puede leerse en el Centro de Información Judicial.

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