Chile: hay una campaña de desinformación, la encabeza el gobierno

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En una entrevista para CNN, el presidente chileno Sebastián Piñera afirmó que “muchas de las noticias, de los vídeos, relacionados con derechos humanos… no corresponden a la realidad. Hay muchos de ellos que son falsos, que son filmados fuera de Chile, o que son tergiversados”. “Sin duda que aquí hemos tenido que enfrentar una campaña de desinformación”. Lo dijo en referencia a las filmaciones que circulan en diferentes medios y que muestran a efectivos de seguridad de su gobierno en claras violaciones a los derechos humanos.

Ante las preguntas de Andrés Oppenheimer (periodista del medio estadounidense), el mandatario no dudó en asegurar que muchas de esas falsas filmaciones provenían de Rusia y de otros países de Europa del Este.

Las expresiones de Piñera llaman la atención especialmente cuando el propio gobierno y los medios de mayor alcance han sido los principales propaladores de versiones cuya falsedad quedaron en evidencia gracias a la acción de medios alternativos, prensa externa a Chile y organismos internacionales. A continuación, un breve repaso a hechos que evidencian la manipulación informativa desde las más altas esferas del poder chileno.

Tapando la realidad

Desde mediados de octubre, estudiantes iniciaron “evasiones” al Metro, como medida de protesta por una nueva alza en los precios del servicio de transporte. Desde el 18 de octubre, los reclamos se expandieron en contenido y masividad: las jubilaciones de miseria, la imposibilidad de acceder a estudios superiores, el acceso a la salud limitado a las posibilidades de bolsillos extenuados, fueron parte de un despertar de alcances nunca vistos desde que la dictadura pinochettista se retirara del control del Estado.

Piñera proyecta su propia realidad

Apenas comenzada la rebelión popular, los principales medios describieron un escenario generado por una violencia de origen inexplicable. El sábado 19 de Octubre, El Mercurio titulaba en su portada que “una ola de violencia azota la capital y siembra caos y destrucción”. Ese mismo día, La Tercera ubicó como principal encabezado a las afirmaciones del Ministerio del Interior, quien culpaba a un “grupo de delincuentes” por los sucesos ocurridos en los días previos.

Rápidamente, la televisión y los diarios de gran tirada buscaron ocultar el transfondo de reclamo social, describiendo la situación en términos de sucesos violentos. La versión requería de no ahondar en la autoría de los hechos descritos, ni en la mecánica específica 

El domingo 20/10, día en que Piñera decretó el Estado de Emergencia, los diarios acompañaron con fotografías seleccionadas de incendios y personas encapuchadas; ninguna imagen reflejó la masividad del fenómeno.

Ese mismo día, Piñera ejerció su liderazgo poniendo en palabras oficiales esa visión: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie”, dijo a la población. El enemigo del que hablaba el mandatario atacaba estaciones de Metro u hospitales con el sólo fin de “producir el mayor daño posible”. De nuevo, la identidad del supuesto contendiente, sus objetivos y su inimaginable logística, quedaron en la nebulosa.

La necesidad de difundir esa versión única llevó a acentuar la censura: se denunciaron cierre de cuentas de prensa alternativa en las redes sociales, bloqueos a accesos a internet, e incluso retuvieron en el aeropuerto a 3 reporteros argentinos que llegaban a cubrir la situación.

El periodista Mario Solis describió: “todos los medios empezaron a callar, bajaron los informativos y empezaron a difundir novelas”.

Según relevaron el Observatorio del Derecho a la Comunicación y la Fundación Datos Protegidos, entre el 18 y el 27 de octubre se produjeron 71 ataques directos contra comunicadores, incluyendo 46 lesiones causadas por armamento disuasorio, 9 detenciones y 2 casos de violencia sexual. Entre las lesiones se cuenta un caso de trauma ocular, que revela un tipo de agresión que ha sido característico por parte de las fuerzas de seguridad chilenas y que -a la vista de la gravedad de las consecuencias- sólo puede entenderse como una intimidación pública contra la protesta.

El informe mencionado también da cuenta de reuniones entre directivos de grandes medios y funcionarios gubernamentales para orientar la agenda, el filtrado automático y el bloqueo de cuentas de medios alternativos, personajes con muchos seguidores, etc.

Este informe fue presentado ante la Relatoría de la Libertad de Expresión de la CIDH el 11 de noviembre último, en el marco de la audiencia convocada por el organismo.

Poco después de la “declaración de guerra”, un grupo de artistas reconocidos difundió un video llamando a saltar el cerco informativo. Ese tipo de medidas ha permitido dar a conocer una realidad completamente diferente a la que instalaron el gobierno y los grandes medios. Como señala el informe presentado ante la CIDH, “la tarea que han cumplido los medios locales, los medios alternativos y las redes sociales ha sido esencial, porque han contribuido para que la gente vaya comprendiendo cuál es el fondo de estas manifestaciones sociales”.

Enemigo se busca

El gobierno y los sectores conservadores necesitan imperiosamente mostrar que luchan contra un enemigo de cierto porte; reconocer que han consentido las lesiones masivas de manifestantes desarmados y el uso de la violencia represiva para desactivar la protesta, no reportaría grandes beneficios a la imagen oficial.

Sin embargo, cada intento de precisar quién o quiénes estarían detrás de una conflagración de escala nacional, se ha convertido en una fuente reiterada de papelones, autodesmentidas y vacilaciones,

Uno de los memes de mayor circulación que satiriza las explicaciones de la inteligencia chilena sobre la rebelión popular

Entre los primeros apuntados estuvo el gobierno de Nicolás Maduro, el mismo cuya inminente caída pronosticaron e impulsaron varias autoridades de la región. Además, y mostrando que los reflejos del pinochettismo no se termina en el despliegue represivo, la gestión que encabeza Díaz-Canel en Cuba también fue señalada como artífice de la situación. Esa intención quedó de manifiesto en el artículo de La Tercera que aseguró que “fuentes” apuntaban al rol de extranjeros en las movilizaciones “cuyo origen es venezolano y cubano”; el propio medio debió retractarse poco después, señalando que sólo había reproducido lo que recibió en una minuta de la inteligencia policial. 

La falta de indicios relevantes fue desdibujando la presencia de esas hipótesis en los medios… hasta que tomó estado público el informe Big Data que entregó el Ministerio del Interior a la Fiscalía, donde detectaba influencias en las protestas de entidades tan dispares como el cantante Ismael Serrano, la artista chilena Mon Laferte, o los intérpretes de K-Pop. 

El gobierno no logró despegarse de los desaguisados incluidos en el informe, los que también fueron revelados por La Tercera; el titular de la cartera del Interior, Gonzalo Blumel, se había referido al despacho como “información extraordinariamente sofisticada”. Los jocosos comentarios que originó llevaron a que el gobierno intentara despegarse, asegurando que no habían financiado el estudio en cuestión y que no podía brindar la fuente en virtud de normas de seguridad.

La insistencia de Piñera en una línea argumental que nada aporta a la comprensión ni a la solución de los problemas expuestos en Chile, permite pensar que -a pesar de los vaivenes discursivos- el gobierno sigue intentando encajar la situación en un esquema de amigo-enemigo que le permita sortear las demandas de cambios importantes que se sigue expresando en las calles. En cambio, las palabras del presidente se limitan a mantenerse en el universo discursivo que requieren los lineamientos geopolíticos norteamericano.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad -principalmente, Carabineros- continúan violando los derechos humanos. Esa violencia, y el escaso aporte de los organismos internacionales para frenar las agresiones, no han logrado detener a una expresión de protesta de ribetes históricos.

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