Venezuela: las elecciones fortalecieron al oficialismo

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El chavismo expresado en el PSUV y sus aliados ganó ampliamente las elecciones regionales del domingo pasado. Participó gran parte de la oposición y contó con una misión observadora de la Unión Europea.

Foto: CNE

El domingo 21 se realizaron las elecciones regionales en Venezuela. Esta vez, la mayor parte de la oposición participó de los comicios. Sólo los sectores más afines a los intereses estadounidenses, con el autoproclamado Guaidó a la cabeza, mantuvieron la táctica de boicot.

21.159.846 de venezolanos fueron convocados para elegir a los ocupantes de más de 3.000 cargos públicos:  23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 legisladores de los consejos legislativos, y más de 2000 concejales.

La participación de la oposición en esta instancia se concretó luego de que se alcanzaran acuerdos básicos en las conversaciones realizadas este año en México, con la mediación de Noruega. En particular, el órgano oficial encargado de los comicios -el Consejo Nacional Electoral (CNE)- incluyó en su integración a Roberto Picón y Enrique Márquez, figuras destacadas de las fuerzas opositoras.

El voto en Venezuela no es obligatorio. Las elecciones regionales suelen contar con una afluencia menor, acentuada en comicios anteriores por las tácticas abstencionistas desplegadas por las organizaciones opositoras.

En 2020, en las elecciones legislativas votó alrededor del 31% del padrón. Este año la asistencia alcanzó el 41,8%, una proporción similar a la que se observa en muchas partes del mundo donde el voto no es obligatorio.

El oficialismo del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) se alzó con la gran mayoría de los cargos, ganando en 20 de los 23 Estados que integran la República Bolivariana. 2 estados quedaron para la MUD (Mesa de Unidad Democrática, que volvió a participar de elecciones) y 1 para Fuerza Vecinal.

Sectores de la oposición consideran que podrían haber ganado hasta 10 Estados si hubieran presentado listas unificadas, aunque la unión de fuerzas no necesariamente se expresa en igual suma de votos.

La lupa de la Unión Europea

Otra novedad de estas elecciones fue la presencia de una Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.

El equipo reconoció avances en la transparencia del proceso electoral, y no reportó fallas concretas que pudieran haber sesgado los comicios de manera determinante. Muchas de las críticas manifestadas por el cuerpo podrían aplicarse perfectamente al desarrollo de cualquier proceso electoral de latinoamérica y de otras partes del mundo.

La delegación publicó ayer un informe preliminar sobre el desarrollo de los comicios en los que destacó que hubo «una administración electoral más equilibrada, con representación de los partidos de la oposición y de la sociedad civil en la supervisión de las elecciones, la realización de numerosas auditorías en las distintas fases del proceso electoral, y una actualización más amplia del registro electoral», que condujo a una «mejora de las condiciones». Los observadores, no obstante, señalaron la continuidad de «deficiencias estructurales», entre las que señaló la desigualdad de recursos con los que contó el PSUV (en particular, por fondos del Estado), la instalación de «puntos rojos» o dispositivos de control de votantes -prohibidos explícitamente por la CNE- y la posibilidad de que el Contralor General suspenda derechos electorales de participantes.

Sobre este último punto, muchos medios del mundo se hicieron eco del párrafo donde la Misión señala «la falta de independencia judicial y el irrespeto al Estado de Derecho afectaron desfavorablemente a
la igualdad de condiciones y a la equidad y transparencia de las elecciones». Lo que omiten señalar al respecto es que el sector político más afectado por estas posibles arbitrariedades no es ninguno de los que habitualmente ocupan espacio en la prensa internacional, sino el Partido Comunista de Venezuela (PCV),  que sufrió la suspensión de varios de sus candidatos. El PCV integró el oficialismo en el pasado, pero se fue separando por decisiones políticas del madurismo que consideran reñidas con el legado de Hugo Chávez. En total fueron inhabilitados unos 23 candidatos, según repasa Tal Cual Digital, 14 pertenecían al PCV.

El informe advierte que el oficialismo cuenta con mayoría en el CNE; no obstante, también señala que la mayoría de las decisiones se tomaron por consenso, y que los opositores pudieron manifestar ampliamente sus disidencias.

La Misión también criticó el sistema electoral de las comunidades indígenas, que elegirán sus representantes por método indirecto el próximo viernes. Cabe señalar que la legislación venezolana intenta capturar el derecho de las comunidades a mantener sus propias pautas tradicionales.

En resumen, las críticas expresadas en el informe preliminar no permiten poner en tela de juicio el triunfo del GPPSB

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