La vacuna de los buitres

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Pfizer es la segunda farmacéutica más grande del mundo. En su historial registra demandas por varios de sus productos y fue denunciada por presiones contra gobiernos por su vacuna contra el COVID-19. La empresa es propiedad del fondo BlackRock, duro acreedor de la Argentina.

Mientras en los grandes medios y en círculos políticos continúan las repercusiones por el acceso privilegiado a vacunas contra el COVID-19 de algunas personas cercanas al poder, el silencio reina sobre los antecedentes de una de las compañías más mencionadas en relación con los medicamentos para obtener inmunidad contra la enfermedad causada por el SARS-CoV2.

Detrás de la corporación farmacéutica operan grandes fondos de inversión (ilustración: Dragón Libre)

El gobierno argentino negoció con diversas firmas y Estados para obtener las ansiadas vacunas. Incluso propició una Ley de Vacunas que otorga beneficios a las empresas productoras e importadoras de estos medicamentos, tales como la prórroga de jurisdicción para los litigios (es decir, que los conflictos con las compañías puedan dirimirse en el extranjero), renuncia a oponer inmunidad soberana y excenciones impositivas.

La compañía Pfizer Inc, es uno de los actores más relevantes en el tema, ya que la vacuna que desarrolló junto a la firma alemana BioNTech fue una de las primeras que obtuvo aprobación de parte de un gobierno.

A pesar de las concesiones enumeradas antes, la empresa Pfizer se negó a suscribir un acuerdo con el Estado argentino. Según el ex ministro Ginés González García (GGG), la compañía planteó exigencias que eran inaceptables para las autoridades locales: «Queríamos adecuarnos a cualquier condición, pero a cualquiera que no significara resignar la soberanía y mucho menos cambiar las leyes», sostuvo el funcionario.

Las palabras de GGG respondieron a una requisitoria de legisladores de Juntos por el Cambio, sector que en diciembre pasado expresó en varias oportunidades su «preocupación» por la falta de acuerdo con la corporación farmacéutica norteamericana. El espacio opositor ligado al ex presidente Macri adujo que la empresa ya había suscrito convenios con Gran Bretaña, Chile y otros países, al tiempo que cuestionaron la supuesta «falta de transparencia» en relación con la vacuna Sputnik V del Instituto Gamaleya.

Malos antecedentes

La confianza expresada por la oposición argentina hacia la vacuna de Pfizer, a tono con grandes medios, contrasta con la historia de la firma norteamericana.

Pfizer es la segunda compañía farmacéutica y biotecnológica más grande del mundo. Tiene un valor de mercado de u$d 207.000 millones, según informó Forbes en un artículo publicado en mayo del año pasado.

Desde su creación ha acumulado miles de demandas por daños producidos por sus medicamentos. Pero las presentaciones judiciales no sólo se refirieron a sus productos: también fue denunciada por cobrar de más a planes estatales y por promover productos de forma engañosa.

En 1996 Nigeria atravesó una epidemia de meningitis que dejó más de 18.000 víctimas. En ese contexto  la compañía proporcionó el antibiótico trovafloxacino (con el nombre de Trovan) a casi un centenar de niñxs. No existían pruebas previas de que ese medicamento fuera eficaz contra la enfermedad, según explicó Medicos Sin Fronteras en un artículo publicado en 2011 en el que se desligó del experimento. De esos niños, 20 fallecieron y otros sufrieron consecuencias graves. En la demanda presentada por las autoridades del Estado nigeriano de Kano se señala también que las kdfs se realizaron sin consentimiento de las familias de lxs niñxs y que lxs científicxs involucradxs tenían conocimiento de que la druga presentaba riesgos potenciales para la vida.

En 2011, 15 años después de los hechos, la corporación farmacéutica pagó u$d 175.000 a las familias de 4 de lxs niñxs que murieron luego de la aplicación de Trovan, según relató en su momento The Guardian.

La profesora Stevina Evuleocha repasó la historia en un artículo publicado en la Interdisciplinary Journal of Research in Business en 2012. Allí señala que de lxs 99 niñxs que fueron tratados con la droga en cuestión, 11 fallecieron y otros sufrieron daño cerebral, sordera y parálisis.

Miles de mujeres norteamericanas demandaron a la empresa por los efectos sufridos por el uso de Prempro, una terapia de reemplazo hormonal para aliviar síntomas comunes en la menopausia. Diversos estudios (Women’s Health Initiative, 2002; Chen y otros, 2002;  The Million Women Study, 2003) comprobaron que el uso de esa terapia incrementaba sensiblemente el riesgo de desarrollar cáncer de mama y otras enfermedades. Las presentaciones legales se impulsaron a partir de esos hallazgos, lo que llevó a Pfizer a pagar al menos u$d 886 millones en acuerdos con demandantes.

En 2013, por una demanda del Departamento de Justicia estadounidense, la firma pagó u$d 55 millones por promover usos no probados del medicamento Protonix, un inhibidor de la bomba de protones aceptado por la FDA para tratamientos de corto plazo de esofagitis erosiva.

En 2016, Pfizer pagó u$d 785 millones para cerrar las demandas que las autoridades estadounidenses iniciaron en su contra por cobrar de más sus productos al programa Medicaid.

Vacunas y aprietes

La lista expuesta en el apartado anterior, sin ser exhaustiva, permite comprender por qué Pfizer exigió a los gobiernos que establecieran la inmunidad de la empresa frente a reclamos que pudieran realizar los ciudadanos como consecuencia de los efectos que eventualmente sufrieran por la aplicación de su medicamento. Así lo revela un artículo publicado por The Bureau of Investigative Journalism, en el que también se pone de manifiesto que la corporación estadounidense pidió a Argentina y Brasil que se pusieran ‘activos soberanos’ como garantía para costos legales futuros. Dichos activos podrían comprender edificios diplomáticos y bases militares.

La investigación referida cuenta que el vocero de un país calificó la posición de Pfizer como «intimidación de alto nivel», comparándola con un secuestro cuyo rescate habría que abonar para acceder a las vacunas. El nombre del país no se revela por haber suscrito un acuerdo de confidencialidad con la compañía farmacéutica.

Comportamiento de buitre

Una mirada a la nómina de principales accionistas de Pfizer revela que la empresa no es propiedad de sabios biotecnólogos sino de fondos de inversión y diversas entidades financieras. Esas entidades no están interesadas en qué se produce (ni siquiera si se produce algo) en las empresas que controlan, si no sólo en las ganancias que reporten.

Las dos entidades que reúnen el mayor número de acciones (véase Yahoo finanzas y TalkingOfMoney) son Vanguard Group y BlackRock Inc, que suman más del 15% del paquete total.

Esos nombres son familiares para muchos argentinos.

BlackRock es el principal acreedor del país por los créditos emitidos por el gobierno de Mauricio Macri bajo legislación extranjera. En las negociaciones con el gobierno de Alberto Fernández

Vanguard, en tanto, es una de las accionistas de Iron Mountain y estuvo en la mira de la AFIP argentina por el FIFA Gate, debido a su participación en Torneos y Competencias.

BlackRock y Vanguard, junto a State Street Corporation (también propietaria de Pfizer), son también los principales accionistas de Chevron Corporation, la petrolera asociada a YPF para la explotación de Vaca Muerta.

Las intimidaciones a los gobiernos para asegurar condiciones lucrativas forman parte de la conducta de estos fondos, cuyo poder es central en el desarrollo capitalista actual.

Como señala Javier Mas XasXás en La Vanguardia, BlackRock lidera «un nuevo capitalismo, más monopolista y largoplacista», donde los demás protagonistas son también entidades financieras supra nacionales y supra bancarias.

Salud y desigualdad

La vacuna de Pfister-BioNTech ha demostrado ser efectiva contra el coronavirus, si bien requiere de condición de almacenamiento y transporte que implican desafíos muy importantes. Según datos recopilados por  se aplica en 61 países, la mayoría de ellos caracterizados por altos ingresos per cápita.

No es casual que las dos vacunas que mayor difusión alcanzaron sean las mismas que aprobó en primer lugar la FDA estadounidense, país donde se encuentran las sedes centrales de los laboratorios correspondientes. La gran prensa occidental dedica mucho más espacio a los productos de Pfizer/BioNTech y Moderna que a otros desarrollos; incluso se han difundido «sospechas» contra las vacunas desarrolladas en Rusia o China, sin hacer mención a los antecedentes negativos de las farmacéuticas mencionadas.

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, dijo hace unos días que la distribución equitativa de vacunas en el planeta es «la mayor prueba moral» para la humanidad. Al mismo tiempo resaltó que sólo 10 países administraron el 75% de las dosis hasta la fecha.

Es evidente que la pandemia ha revelado crudamente que una humanidad regida por la ambición de lucro como motor predominante es incapaz de dar respuestas globales.

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