Mucho más que unos granos en juego

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El anuncio del gobierno de expropiar a la gigantesca Vicentín S.A.I.C. puso en agenda varios temas que trascienden al propio proyecto oficial.

El anuncio oficial de expropiar la empresa Vicentín S.A.I.C.. no sólo concitó adhesiones y rechazos de diferentes actores sociales y políticos; también puso sobre el tapete temas como la soberanía alimentaria, la especulación, el lavado de dinero, los favores económicos estatales hacia grandes grupos económicos y el rol que debe jugar el Estado en la economía, entre otras.

Las empresas de Vicentín S.A.I.C. según su sitio Web. Renova se vincula estratégicamente con la multinacional Glencore

Vicentín venía de obtener grandes ganancias durante varios años seguidos, llegando al 4° puesto entre las agroexportadoras argentinas, y destinando fuertes montos a inversiones fuera del país. A pesar de semejantes éxitos, a fines del año pasado negoció y obtuvo un fuerte préstamo del Banco Nación, para luego declararse en cesación de pagos.

El derrotero económico de Vicentín demuestra que obtener grandes ganancias no brindan ninguna garantía de inversión. Ni siquiera asegura que la empresa continúe operando, ni que trabajadores y acreedores recibirán lo que les corresponde.

Los datos sugieren que la decisión de expropiar la gigantesca cerealera tuvo poco que ver con criterios ideológicos y bastante con pragmatismo económico: si Vicentín no cumple con sus obligaciones, si quiebra, las consecuencias para proveedores, acreedores, trabajadores, serían gravísimas y tendrían un impacto brutal en toda la economía regional.

El gobierno dispuso la intervención de la firma a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 522/2020, publicado el martes 9 de junio en el Boletín Oficial. En los considerandos se detalla las causas que impulsaron esa determinación, entre las que se destacan:

  • La empresa entró en cesación de pagos desde el 4 de diciembre del año pasado
  • Hay firmas que son propiedad (al menos en parte) de Vicentín que ya paralizaron su actividad y suspendieron a trabajadores.
  • Los principales acreedores de la deuda financiera son bancos estatales: el Nación, el Provincia y el BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior).
  • La empresa es la sexta mayor exportadora del país, según las declaraciones juradas correspondientes
  • La investigación administrativa del Banco Nación por posible fraude en préstamos otorgado a Vicentín, así como la causa por defraudación contra las anteriores autoridades del gobierno nacional y del propio Banco, que se tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10.
  • La empresa es controlante de firmas dedicadas a la producción de alimentos, actividad de gran impacto en el contexto de la pademia.
  • La actividad agroexportadora es estratégica para el país, habida cuenta del peso que ostenta respecto de las exportaciones totales.

Al mismo tiempo, se giró al Congreso un proyecto declarando «de utilidad pública y sujeta a expropiación» a Vicentin S.A.I.C., determinando que el pago que correspondiera por la misma surja de la deuda que tiene con el Banco Nación y con la AFIP.

Deuda y fuga

En los primeros días de marzo, el Juzgado de Primera Instancia en los Civil y Comercial N°4 de Reconquista (Santa Fe) dispuso la apertura del Concurso de Acreedores de la firma Vicentín. Esa instancia permite que se negocie en el ámbito judicial las deudas que la empresa no puede afrontar, habilitando que -eventualmente- los bienes de la misma se repartan entre los acreedores.

La deuda de la firma encabezada por Sergio Nardelli asciende a $99.345,2 millones. El principal acreedor es el Banco Nación, al que le debe $18.162,3 millones.

¿Cómo llega a semejante situación una empresa que tuvo enormes ganancias en los últimos 4 años, que se benefició con la devaluación del peso y la quita de retenciones operadas durante el gobierno macrista?

Según un estudio de Claudio Lozano, director del Banco Nación, la deuda de Vicentín en el mercado financiero argentino representa apenas el 20% de la facturación de la firma durante 2018. El economista compara esa situación con la de otras grandes empresas, poniendo en duda el supuesto «stress financiero» que adujeron sus dueños.

En otra parte del informe, Lozano advierte que en los balances de la empresa se contabilizan a las deudas en dólares mientras que a sus propios activos los refleja en pesos, a pesar de que el 90% de su producción se destina al mercado externo (lo que significa que recibe dólares). Esa maniobra permite mostrar el estado de la firma como más acuciante de lo que realmente era. Y es en base a ese escenario que solicitó el concurso de acreedores.

En ese contexto, las autoridades del Banco Nación designadas por el gobierno de Cambiemos otorgó un préstamo a Vicentín obviando pasos formales y por fuera de la normativa de la institución financiera. Esas irregularidades hoy están bajo investigación judicial.

Para la Unidad de Información Financiera (UIF, entidad estatal destinada a la investigación de lavado de dinero, financiación al terrorismo y delitos económicos complejos), «existen indicios» de que Vicentín simuló su estado de cesación de pagos y usó su estructura internacional para fugar dinero. Una de las empresas de Vicentín, Renova, vincula a la firma que encabeza Sergio Nardelli con la multinacional de granos Glencore; se sospecha que fue a través de esa relación que se operó la fuga.

La UIF presentó una denuncia judicial contra Vicentín, señalando como parte de las maniobras a investigar las irregularidades observadas en el cuantioso préstamo otorgado por el Banco Nación, lo que pone en la mira a sus autoridades de entonces (Javier González Fraga) y a las máximas figuras del poder político (el ex presidente Macri y su ministro Guido Sandleris, entre otros).

Mientras tanto, en los Estados Unidos, un juez neoyorkino decidió indagar las operaciones realizadas por Vicentín en los últimos 3 años, ante la demanda de un grupo de acreedores. El diario Página /12 reveló conversaciones entre abogados vinculados a las demandas, en las cuales se afirma que la corporación que encabeza Nardelli vendió la empresa Renova en u$d 122 millones, cuyo destino se desconoce.

Reacciones

Las reacciones de distintos actores sociales ponen de relieve algunos de los temas en juego.

El rechazo predominó entre los grandes empresarios y los sectores políticos ligados al gobierno anterior. Sus argumentos giraron en torno a valoraciones negativa de expropiaciones anteriores, la supuesta injerencia del Ejecutivo sobre una causa judicial (en alusión al Concurso de Acreedores), y la defensa de la empresa privada como único actor económico válido.

Por ejemplo, la Junta Ejecutiva de la Unión Industrial Argentina (UIA), uno de los integrantes expresó claramente la posición política: «Hay que trazar una línea y mostrarles que hasta acá llegaron», dijo Miguel Calello llamando a marcar la cancha al gobierno de Fernández. La arenga del titular de la Cámara de Software fue reflejada por el periodista Alejandro Bercovich en un artículo publicado en BAE Negocios.

Por su parte, el Foro de Convergencia Empresarial -entidad de origen cristiano que expresa la visión de una parte del gran empresariado-, consideró que la medida es «contraria a la necesidad de recrear la confianza en la Argentina». En un comunicado, la entidad que encabeza Gonzalo Tinoira destacó los pasos previstos en la ley de Quiebras, sin hacer mención a las circunstancias excepcionales en las que se originó la decisión oficial.

Los apoyos a la medida llegaron principalmente de representaciones sindicales.

La CTA Autónoma emitió un comunicado en el que «saluda y celebra» la intervención de la cerealera y el envío del proyecto para su expropiación. La central que encabeza Ricardo Peidros se pronunció por la conformación de una empresa pública no estatal «bajo control político y social», por el carácter estratégico que revista la misma, y por las maniobras «contrarias a los intereses nacionales y populares» que realizan los grandes grupos económicos.

La Corriente Federal Sindical también expresó su apoyo ante la senadora María de los Ángeles Sacnun, comprometiéndose además a articular acciones a favor de la expropiación junto a otros sectores «del campo nacional y popular».

Si el Estado se entera…

Si el Estado controla una de las empresas exportadoras más importantes no sólo podría evitar las consecuencias de la quiebra: también podría incidir en los rubros más importantes del comercio exterior nacional.

El ingreso de moneda extranjera al país sólo puede provenir de préstamos o de exportaciones; en estas últimas, los productos primarios y las manufacturas agrícolas suman más del 60% del total, de acuerdo con los datos publicados en el Monitor de Exportaciones de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, correspondientes al año 2019.

El Estado tendría la posibilidad de incidir en el mercado de granos, conocer con mayor precisión los movimientos del sector, y desarrollar políticas activas vinculadas a la producción de alimentos y al mercado exterior.

La pulseada pone la lupa sobre el comportamiento empresario, orientado exclusivamente a la consecución de ganancias, y al rol que le cabe al Estado: ¿pueden los empresarios privados evadir, desmembrar empresas, dejar de pagar sus deudas con el fisco y con otros actores, obtener gigantescas ganancias sin dejar beneficios al país, sin que el Estado intervenga ni regule? ¿el ánimo de lucro basta para asegurar el desarrollo nacional? ¿hasta qué punto el mercado debe ser el organizador de la actividad económica?

El gobierno ha ido moderando su discurso sobre la expropiación, mientras la oposición ligada al macrismo está dispuesta a valerse de cualquier recurso judicial, burocrático o mediático para defender la libertad empresaria. Y aunque se trate sólo de una empresa -por grande que sea- es la lucha política la que está en juego, y sus consecuencias impactarán sobre la vida social y económica de todo el país.

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