El Despertar

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La protesta popular se extiende en varios países de Latinoamérica; los gobiernos despliegan una represión cada vez más brutal. Los organismos internacionales hacen la vista gorda a las violaciones de derechos humanos.

En Ecuador, Chile, Colombia y Haití se desarrollan protestas populares de mangitud histórica. En Bolivia, la  resistencia al Golpe de Estado alcanza una masividad pocas veces vista.

En todos esos casos, el gobierno (de facto, en el caso boliviano) respondió con brutal represión, creciente injerencia de las fuerzas armadas y violaciones de Derechos Humanos; además, intentaron presentar al conflicto como la acción de fuerzas externas, grupos vandálicos y/o terroristas, aunque ninguno logró presentar ni una prueba concluyente de que tales factores siquiera tuvieran algún papel en las expresiones de lucha.

De lo que hay sobradas evidencias, en cambio, es que en todos esos países hubo medidas antipopulares que catalizaron los levantamientos, dejando expuestas desigualdades y hartazgos de larga data. Otro aspecto común ha sido la posición del gobierno de Estados Unidos ante los hechos, y la alineación casi perfecta de varios mandatarios de la región con las prioridades de la gestión que encabeza Donald Trump.

Colombia

Distintos sectores confluyeron en la convocatoria a un Paro General contra el gobierno de Iván Duque El mismo se realizó el pasado jueves 21, y estuvo acompañado de movilizaciones masivas en distintos puntos del país. 

Semejante masividad ha tenido varios motivos: la matanza sistemática de dirigentes sociales, políticos e indígenas; el incumplimiento del incremento de presupuesto de las universidades comprometido por las autoridades, más la represión sistemática a las manifestaciones estudiantiles; la alarmante situación de miles de trabajadores cuyos ingresos no alcanzan a cubrir las necesidades básicas; y la intención de parte del gobierno de adoptar un “paquetazo” que incluye: una reforma laboral (baja salarial, menor estabilidad), una reforma previsional (fondos privados, la jubilación dejaría de ser un derecho), tarifazos y quita de impuestos a grandes empresas, entre otras medidas

Según repasa Telesur en un artículo, citando datos del Instituto por el Desarrollo y la Paz (InDePaz), desde que se firmaron los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las FARC fueron asesinados 777 líderes sociales y 137 ex combatientes de las FARC, según repasa un artículo de Nodal.am.

Las cifras del terror incluye el crimen de alrededor de 90 indígenas, en muchos casos a manos de paramilitares. 

A los ánimos ya caldeados contribuyó una respuesta del presidente Duque a un periodista de El Heraldo de Barranquilla; Jesús Blanquicet le preguntó por la muerte de 8 menores en el bombardeo perpetrado por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES), a lo que el mandatario respondió “¿de qué me hablas, viejo?”. El comunicador denunció que luego fue golpeado y expulsado por miembros de la seguridad presidencial.

El paro del 21 fue el comienzo de protestas masivas que continúan desarrollándose, en medio de una feroz represión en la que fallecieron al menos tres personas y hubo heridos de gravedad. 

Para hoy, lunes 25, se prevé una nueva jornada de protestas en todo el país.

Las muertes, las imágenes y videos que muestran cómo las fuerzas de seguridad actuaron con brutalidad y excesivo uso de la fuerza, no fueron obstáculo para que el titular de la OEA, Luís Almagro, condenara “la violencia en las protestas” y remarcara el “apego” a las instituciones y el imperio de la ley por parte del gobierno de Iván Duque. Por si quedaban dudas, el comunicado termina advirtiendo que “el derecho a la protesta pacífica no puede utilizarse para proteger actos de vandalismo contra la propiedad pública y privada”.

Chile

La economía chilena ha sido el ejemplo a seguir según los políticos y economistas ortodoxos en todo el continente; sin embargo, una protesta que comenzó con el reclamo de estudiantes contra la suba de tarifas de transporte se expandió hasta abarcar las demandas más sentidas de una población cuyo nivel de vida no se benefició con tantos años de mejoras en los indicadores macroeconómicos y que tiene prácticamente vedados los accesos a salud, educación y vivienda.

Desde el 18 de octubre se han sucedido marchas masivas, manifestaciones y expresiones populares diversas, que han resistido la brutalidad de Carabineros y el Ejército. 

Piñera comenzó diciendo que había una “guerra”, apuntaló la violencia estatal mediante el estado de excepción, las fuerzas de seguridad impusieron toques de queda, pero el movimiento no se detuvo. Tampoco tuvieron éxito las campañas de prensa que intentaron culpar de las protestas a agentes externos (desde venezolano y cubanos hasta alienígenas).

Hasta el viernes pasado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (órgano estatal autónomo) constató la existencia de casi 7.000 detenidos, más de 2.500 personas heridas, de las cuales 223 sufrieron heridas oculares (véase Cría Pacos…). La entidad ya presentó más de 460 acciones judiciales, incluyendo 6 por homicidio y 74 por violencia sexual.

El martes último, Carabineros anunció que dejarían de usar balines y perdigones como recursos antidisturbios; sin embargo, en los días siguientes se registraron nuevos casos de lesiones por disparos directos. Los abusos sexuales contra manifestantes también han continuado, exhibiendo las Fuerzas de Seguridad un nivel de impunidad notable.

El gobierno y la mayor parte de la oposición con representación parlamentaria acordaron la convocatoria a un plebiscito que definirá si habrá reforma constitucional y cómo se constituirá la asamblea constituyente. Para las calles, ese pacto no da garantías de que se reviertan las injusticias contra las que reclaman. 

Ecuador

Las protestas comenzaron el 3 de octubre, luego de que el gobierno dispusiera la quita de subsidios al combustible, lo que implicaba un alza de tarifas y de costos en perjuicio de la mayoría de la población. 

El presidente Lenin Moreno declaró el Estado de Excepción, primero en la capital y zonas cercanas y luego en todo el territorio; la represión estuvo a cargo de fuerzas policiales y del ejército, e incluyó detenciones de dirigentes políticos opositores, referentes sindicales e indígenas.

El oficialismo buscó responsabilizar a grupos extranjeros, publicitando la detención de ciudadanos de origen venezolano; todos ellos fueron liberados con posterioridad, aunque esa noticia no tuvo la misma repercusión que las acusaciones que pesaron sobre ellos. La descabellada versión contó con el apoyo de los gobiernos de Argentina, Colombia, Perú, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Perú, los que -al parecer- están dispuestos a sostener cualquier especie si la misma tiene el beneplácito de los Estados Unidos.

Al 29 de octubre, se computaban 10 muertos, 1.340 personas heridas y 1.192 detenidas, según informe presentado por la Confederación de Naciones Indígenas de Ecuador (CONAIE).

Bolivia

Luego de las elecciones del 20 de octubre, la oposición al gobierno del MAS inició protestas violentas en todo el país, con la manifiesta intención de desconocer los resultados de los comicios. Estos habían arrojado una victoria para el oficialismo por algo más de 10 puntos porcentuales de diferencia, lo que le permitía alzarse con la reelección sin necesidad de segunda vuelta. Sin embargo, un informe “preliminar” de la OEA puso en duda los resultados a partir de algunas irregularidades detectadas en una muestra pequeña de actas de escrutinio; a partir de ese reporte apresurado, la oposición y la prensa denunciaron la existencia de un “fraude masivo”, aunque ese documento no mostraba evidencias de tal cosa. Más aún: las conclusiones de la OEA fueron cuestionadas por dos informes publicados por el Center for Economic and Policy Research (CEPR) y por el profesor Walter Mebane, uno de los más importantes especialistas mundiales en fraudes electorales.

Evo Morales presentó su renuncia a la presidencia luego de que el Jefe de las Fuerzas Armadas, William Kaliman Romero, le pidiera la renuncia. En esos días, varios dirigentes y funcionarios del gobierno boliviano sufrieron ataques violentos e incluso el incendio de sus viviendas, lo que llevó a que varios de ellos también dimitieran. En ese marco, una senadora opositora, Jeanine Añez, se autoproclamó presidenta, con el aval de militares y de los sectores de la derecha de ese país. Rápidamente contó con el reconocimiento de Donald Trump y del presidente brasileño Jair Bolsonaro. 

En distintos puntos del país, especialmente en Cochabamba y El Alto (ciudad cercana a La Paz), se desarrollaron masivas manifestaciones, cabildos y bloqueos exigiendo 

Las fuerzas armadas y la policía comenzaron a actuar en conjunto, ocasionando masacres en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto). Cuando una masiva movilización trasladaba hacia el centro de La Paz a los féretros con las víctimas de Senkata, volvió a desatarse una represión feroz.

Desde el viernes se encuentra en La Paz una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recogiendo testimonios sobre la represión. Sectores de derecha se apostaron frente al Hotel Casa Grande, donde se instaló la delegación, para intimidar a familiares de las víctimas que se acercaban a dar testimonio.

Haití

Las protestas en Haití comenzaron en febrero de este año, en medio del silencio de la prensa internacional y de los organismos multilaterales. Las masivas manifestaciones apuntaron hacia el presidente Jovenel Moïse, quien fue sindicado como responsable del desvío de miles de millones de dólares provenientes de un préstamo de Petrocaribe.

Los reclamos también apuntan hacia las sucesivas medidas “de austeridad” tomadas por los gobiernos neoliberales.

En 7 semanas, de comienzos de septiembre a fines de octubre, la ONU contabilizó 42 muertos y 86 heridos en el marco de las protestas y la represión. Amnistía Internacional, por su parte, verificó el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes por parte de fuerzas represivas.

En referencia a la situación haitiana, el gobierno de Estados Unidos criticó la violencia de los manifestantes, aunque el texto reconoce el derecho de los pueblos a buscar gobiernos democráticos y transparentes.

El jueves pasado llegó al país Kelly Craft, representante permanente de los Estados Unidos ante la ONU, lo que produjo el rechazo de diversas organizaciones sociales. Es la cuarta visita de un representante norteamericano desde el comienzo de las protestas.

Los ojos en Venezuela

Ajenos a la violencia represiva reseñada más arriba, los ojos de la OEA, de los mandatarios del Grupo de Lima y del Departamento de Estado norteamericano siguen fijos en lo que ocurra en Venezuela.

El 16 de noviembre, Juan Guaidó encabezó una marcha hasta la embajada de Venezuela en Caracas; allí, el legislador reivindicó el Golpe de Estado que desalojó a Evo Morales, afirmando que en Bolivia  se había logrado “la libertad, con la unión de todos los actores”.  

La BBC destacó la escasa convocatoria, relatando el desplazamiento de la marcha hasta la sede diplomática, “donde el dirigente opositor y el pequeño grupo de seguidores que le acompañó hasta allí cantaron el himno nacional”. Parece improbable que haya muchos países en el mundo donde pueda manifestarse tranquilamente un dirigente que se proclamó presidente concitando el inmediato respaldo de una potencia extranjera, como es el caso del legislador de Voluntad Popular.

El siguiente llamado fue para el último jueves, 21 de noviembre; la asistencia volvió a ser escasa. Según la agencia EFE, “unos centenares de personas” participaron de la manifestación liderada por estudiantes. Durante el desarrollo de la misma, no hubo ningún choque con fuerzas de seguridad. En cambio, el chavismo desplegó una movilización de apoyo en la que participaron miles de personas, con una importante presencia de estudiantes.

 

La larga mano del imperio

En Colombia, Ecuador, Chile y Haití, la protesta alcanzó niveles de participación inédita, evidenciándose -además- una variedad creciente de estrategias y formas para difundir lso reclamos y para resistir a la violencia represiva.

Los Estados Unidos, el grupo de Lima (presidentes afines a USA) y los grandes medios de comunicación unifican una versión que intenta explicar los hechos como si se tratara de súbitos espasmos de vandalismo, o el resultado de la participación de agentes extranjeros, casualmente de aquellos países que se enfrentan a políticas norteamericanas.

En cambio, hay escasas o nulas referencias a las causas evidentes del hartazgo ciudadano (ajuste, desigualdad, quita de derechos).

El escenario político de la región se debate entre los cambios de autoridades electas, la protesta abierta de las multitudes y la violencia represiva avalada desde el Norte. 

Pero nada está dicho: se abrió un proceso cuyas consecuencias aún están lejos de vislumbrarse con claridad.

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