«Asimismo, Daniel Marx integrará el comité para el desarrollo del mercado de capitales y seguimiento de la deuda pública», tuiteó ayer el flamante ministro de Economía Sergio Massa.

Los principales medios de comunicación destacaron la «experiencia» del funcionario designado. Repasamos aquí algunos de sus antecedentes.

En junio de 2001 Domingo Felipe Cavallo firmó el llamado “megacanje”, por el cual se rescataron bonos de deuda a cambio de nuevos papeles a mayor plazo, por mayores montos y a una tasa superior. La operación significó un aumento de u$d 53.700 millones y reportó a los bancos intermediarios comisiones por u$d 150 millones, según en un artículo publicado en 2014 en el diario Página /12.

Por esa maniobra fueron procesados en su momento el propio Cavallo y varios miembros de su equipo, entre ellos el viceministro de economía Daniel Marx. 

Marx fue finalmente sobreseído en esa causa.

No fue esa la primera vez que el economista ocupó puestos centrales en la gestión de la economía y la deuda externa argentina. También tuvo un rol protagónico en las negociaciones en las gestiones de Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando de la Rúa.

Durante la gestión del riojano trabajó en la firma del “Plan Brady”, iniciativa norteamericana para reestructurar las deudas externas latinoamericanas. El plan se conoció con ese nombre por Nicholas Brady, Secretario del Tesoro estadounidense en los gobiernos de George H. W. Bush y Ronald Reagan. Los oficios de Marx fueron muy apreciados… por el funcionario norteamericano, quien lo incorporó a su compañía Darby Overseas Investments.

El economista nacido en Paysandú también jugó otros roles vinculados con la soberanía nacional. A través de la empresa MBA Asset Management, asesoró a Roque Fernández -ministro de economía de Menem- .

Su actividad privada siempre estuvo fuertemente relacionada con el mundo financiero internacional. Desde 2003 lidera Quantum Finanzas (antes denominada AGM Finanzas, según se lee en el Linkedin de Marx), una “boutique financiera” aliada a Evercore Inc, una compañía global de asesoramiento en inversiones. El CEO de esta última firma es Ralph Schlosstein, quien a su vez se desempeñó al frente de BlackRock durante 20 años y fue directivo de Lehman Brothers. BlackRock es uno de los grandes acreedores de la deuda argentina.

La Gremial de Abogados y Abogadas informó esta tarde que el juez federal Guido Otranto hizo lugar al pedido -realizado por la entidad mencionada- de excarcelación del militante argentino Facundo Molares Schoenfeld.

Molares fue detenido en Chubut en noviembre del año pasado por decisión del mismo magistrado, en base a un pedido de extradición realizado por el Juzgado Primero Penal Municipal de Garzón (departamento de Huila), en Colombia y que fuera tramitado por las autoridades de dicho país.

Desde el primer momento, los abogados del militante observaron que el juzgado de Garzón no tenía potestad para tal solicitud, ya que  las acciones por las que se acusaba a Molares correspondían a su militancia en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por lo que quedaban comprendidas en las atribuciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) surgidas de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y la organización guerrillera.

A pesar de ello, y al delicado cuadro de salud que aqueja desde hace tiempo a Molares, la detención continuó por más de 8 meses, durante los cuales los abogados defensores denunciaron en reiteradas oportunidades obstrucciones a su labor y medidas que pusieron en riesgo la salud deMolares. Cabe señalar, además, que la eventual extradición a Colombia hubiera implicado peligro para su vida, ya que más de 315 ex militantes de las FARC fueron asesinados desde que se firmaron los acuerdos de paz.

El 6 de julio pasado, la JEP resolvió -en virtud de su «competencia prevalente y exclusiva» en casos relacionados con la actividad guerrillera- «SUSPENDER la solicitud de extradición solicitada» a la Argentina.

Pasaron más de 20 días de esa decisión hasta que el Juez Federal actuante en el caso dispuso, finalmente, la liberación de Facundo Molares.

Ayer comenzó en la localidad de Santa Victoria Este (chaco salteño) la 18 edición del festival Trichaco. El encuentro es impulsado por el cantante «Chaqueño» Palavecino y se realiza desde hace 20 años.

Un funcionario del gobierno salteño conocido como «bigote» Cuéllar publicó en redes sociales una serie de imágenes convocando al evento, en una de las cuales se muestra a dos mujeres de la amazonia de manera que fue considerada como «sexista» y como un «intento de cosificar cuerpos e identidades de quienes son sobrevivientes de todas las violencias machistas y patriarcales» por diferentes organizaciones.

Santa Victoria Este está ubicada a más de 500 km de la capital salteña, junto al río Pilcomayo y próximo al punto tripartito entre Argentina, Bolivia y Paraguay. Es una de las regiones más pobres, poblado por numerosas comunidades indígenas.

Un comunicado suscrito por más de una veintena de organizaciones y personalidades manifestó el repudio a las publicaciones de Cuéllar y al propio festival, al que calificaron de «lugar propicio para los criollos para ejercer las prácticas aberrantes, racistas, patriarcal y genocida», en referencia al «chineo». Cabe recordar que en mayo último se realizó en la provincia el Tercer Parlamento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir que, precisamente, tuvo como uno de sus temas centrales esa forma de violación grupal.

Otro conjunto de entidades, encabezado por la Multisectorial de Mujeres, también expresó su repudio a las publicaciones de Cuéllar, refiriendo además a testimonios que dan cuenta de que el Festival en cuestión «es espacio organizado por hombres, con la impronta de la herencia machista y violenta» en el que grupos de hombres salen a ‘’’cazar’ niñas y mujeres originarias y campesinas pobres».

En el mismo sentido, el titular de la Unión Autónoma de Comunidades del Pilcomayo, abel Mendoza, presentó una denuncia por la publicación mencionada más arriba, ante lo cual -fiscal penal de Salvador Mazza- solicitó una serie de medidas ante el Juzgado de Garantías N°2 de Tartagal.

A continuación transcribimos el primero de los comunicados.

En junio último los precios de los alimentos registraron una leve baja a nivel internacional, continuando la tendencia de los meses de abril y mayo. La cifra se explica principalmente por la baja de los aceites vegetales, con valores casi un 16% por debajo de los que tenían en marzo, aunque también se registraron descensos en cereales y azúcar.  Los datos surgen  del informe publicado el viernes último la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) publicó el valor del Índice de Precios de los Alimentos correspondiente a junio último.

El índice en cuestión se calcula a partir de los precios medios de cinco grupos de alimentos (carne, lácteos, cereales, aceites, azúcar) según las cuotas de exportación correspondientes, y toma como  base a los valores de los años 2014-2016 (véase la última de la metodología, año 2020)

Si bien los incrementos fueron más pronunciados en marzo, luego del comienzo de las acciones militares rusas en el Donbass (Este de Ucrania), los precios vienen en aumento desde marzo del año pasado, por lo menos. En 28 meses, sólo en 4 el índice estuvo por debajo del año previo.

Ya con el conflicto bélico en marcha, la suba se aceleró: el índice de marzo fue un 13,2% superior al de febrero. En los meses siguientes, en cambio, el índice mostró un descenso paulatino, aunque sigue un 15,3% por encima de diciembre último y un 23% más alto que un año antes.

Los alimentos en Argentina

Con la suba de precios, los exportadores de alimentos podrán obtener ganancias superiores en el mercado externo. A nivel doméstico, el escenario deriva en la suba de precios en moneda nacional, restringiendo el consumo. Según explicó el economista Horacio Rovelli en un , mayor consumo local implicaría menos saldos exportables y -por lo tanto- los sectores exportadores perderían parte de la oportunidad de aprovechar el escenario internacional.

En la Argentina, las exportaciones de granos están fuertemente concentradas: sólo 6 empresas exportaron más del 67% del total en el año 2021, de acuerdo a . Ellas son Cargill, COFCO, Viterra, Bunge, ADM y LDC.  Si se suma ACA, las firmas acumulan el 75% de lo exportado.

Si bien la inflación en el país abarca todos los rubros, alimentos y bebidas no alcohólicas registraron subas muy por encima de la media. Así, mientras que entre enero y mayo el IPC se incrementó en un 29,3%, el rubro en cuestión sumó un 33,6%. Aún no se publicaron los datos de junio, pero el IPC de la Ciudad de Buenos Aires volvió a mostrar mayores aumentos en alimentos y bebidas que en el índice general. Si las cifras del INDEC resultaran coincidentes con las de CABA, la suba de los alimentos en la primera mitad del año rondaría el 41%.

En la mañana de ayer, la Mesa de Derechos Humanos de Salta recordó a lxs 11 militantes polítcxs asesinados por la Dictadura el 6 de julio de 1976. Aquella mañana, Celia Raquel Leonard de Ávila, Evangelina Botta de Nicolay, Georgina Droz, Amaru Luque de Usinger y María del Carmen Alonso de Fernández, Benjamín Leonardo Ávila, Pablo Outes, Rodolfo Oglietti, Alberto Savransky, José Povolo y Rodolfo Usinger fueron sacados del Penal de Villas las Rosas, trasladados hacia el paraje mencionado y asesinados a sangre fría. En el operativo participaron de manera conjunta militares, policías y personal del servicio penitenciario.

El acto se realizó en el Portal de la Memoria, ubicado en el Parque San Martín de la capital salteña, y contó con la participación de organizaciones sindicales, sociales y políticas.

Un grupo de familiares de lxs 11 militantes dio lectura a cartas y reflexiones que recuperaron a lo largo de los años.

Posteriormente, representantes de los organismos integrantes de la Mesa leyeron un documento unificado en el que recordaron a las «cinco compañeras y seis compañeros» asesinadxs, destacaron su compromiso militante por una sociedad «más justa e igualitaria para todos», y enfatizaron la vigencia de su lucha. «Ante la insensibilidad de nuestros gobernantes solo podemos redoblar nuestro compromiso y militancia. Organizar los reclamos. Ser contundentes con nuestras denuncias», señalaron en un tramo del documento.

El texto fue particularmente crítico de las desigualdades en la provincia, donde existen «dos Salta», «una que goza de los beneficios del poder y otra para los excluidos del sistema».

La Mesa de Derechos Humanos está conformada por Familaires de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales, la Asociación de DDHH «Coca Gallardo», la Asociación «Lucrecia Barquet» e H.I.J.O.S. Salta.

Transcribimos a continuación el documento completo:

DOCUMENTO A 46 AÑOS DE LA MASACRE DE PALOMITAS

En los años 60 y 70 compañeros militantes políticos del campo popular en toda américa latina lucharon por transformar la realidad.  Aunque de distintas pertenencias partidarias, todos tenían un proyecto común: Una sociedad más justa e igualitaria para todos. Pero el poder establecido no lo iba a permitir, no resignarían sus privilegios. Y orquestaron un plan de exterminio al opositor político. Comenzaron con los mejores, con los más comprometidos, con los que podían organizar y sostener la resistencia. En Salta, primero secuestraron y desaparecieron al ex gobernador Miguel Ragone. Luego fueron por los integrantes de partidos políticos revolucionarios, sindicalistas, obreros y estudiantes. Para 1975, la cárcel de Villa Las Rosas estaba repleta de nuestros mejores hombres y mujeres. A ellos los movilizaba el amor por un mundo mejor, una patria liberada de quienes solo buscan su propio beneficio sin medir el sufrimiento y la miseria que para lograrlo provocan.

En ese contexto el 6 de julio de 1976 se produjo en Salta,  la Masacre de Palomitas,  cinco compañeras y seis compañeros fueron retiradas del penal de Villa Las Rosas: Celia Raquel Leonard de Ávila dejó a su beba de cuatro  meses en los brazos de una compañera y junto a Evangelina Botta de Nicolay, Georgina Droz, Amaru Luque de Usinger y María del Carmen Alonso de Fernández  fueron conducidas por los pasillos del penal a oscuras,  hasta un camión de transporte militar,  donde se reunieron con  Benjamín Leonardo Ávila, Pablo Outes, Rodolfo Oglietti, Alberto Savransky, José Povolo y Rodolfo Usinger que también habían sido sacados de sus celdas. Sin mediar explicación los llevaron al paraje Palomitas a 60 km de la ciudad de Salta y allí fueron asesinados a sangre fría. Fue una operación conjunta donde participaron militares, policías y guardia cárceles.

Cuando se recuperó el estado de derecho en el país e inaugurado un nuevo periodo democrático en 1983, los familiares de las víctimas y sus compañeros y compañeras sobrevivientes del terrorismo de estado, se   presentaron ante la justicia federal pidiendo se investigase la masacre y se castigase a los responsables. En medio del proceso judicial las leyes de la impunidad “el punto final, la obediencia debida y los indultos” frenaron los juicios a los genocidas. Hasta que en 2003 estas fueron derogadas por el Congreso de la Nación.  Entre 2010 y 2011 fueron condenados por ser hallados culpables de la masacre de los 11 compañeros y compañeras, los militares Carlos Alberto Mulhall, Miguel Gentil,  Hugo Cesar Espeche, Luciano Benjamín Menendez y los policías Joaquín Guil  y  Juan Carlos Alzugaray. El ex juez Ricardo Lona, que murió el pasado 25 de junio, se fue con una condena en primera instancia, la misma, estaba siendo apelada por sus defensores ante la Corte Suprema. A quienes despidieron con honores al ex juez federal Ricardo Lona, los familiares de sus víctimas y organismos de DDHH les decimos que no miren para otro lado como hicieron durante los secuestros, asesinatos y torturas, les decimos que no podrán borrar lo que la justicia ha escrito, porque lo que se develo en los juicios de lesa humanidad quedara como legado para toda la humanidad. ¡Nunca más terrorismo de estado! ¡Nunca más impunidad para los genocidas!

Más allá de las prisiones domiciliarias y de la impunidad biológica producida por la muerte de los genocidas y la lentitud de la justicia, las condenas obtenidas para los asesinos de nuestros compañeros y compañeras masacrados en Palomitas son triunfos obtenidos por las organizaciones sociales, familiares e hijos de las víctimas. Pero ahora vamos por más, queremos que se enseñe nuestra historia reciente en las escuelas, que se discuta en las aulas el porqué de los secuestros, masacres y desapariciones y que se enseñe el recorrido de las luchas de los organismos de derechos humanos, de las madres, las abuelas, los familiares y los H.I.J.O.S. Que nuestros jóvenes sean los herederos del Nunca Más y que comprendan que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Queremos que en nuestro país y en Salta no quede impune la negación del terrorismo de estado, verdades que gritan los testimonios de los sobrevivientes, las tumbas clandestinas y los ex centros clandestinos de detención. Y así como no nos callamos con lo que pasó hace 46 años tampoco nos callamos frente a las muertes y victimas del gatillo fácil, de los apremios ilegales de las condiciones de hacinamiento de los detenidos, ni de la falta de oportunidades para nuestros jóvenes.

A 46 años, queremos recordar a nuestros compañeros y compañeras masacradas en Palomitas evocando la coherencia que guió sus militancias.   Ellos practicaron la solidaridad aun cuando fueron privados del bien más preciado, la libertad. Lejos de sucumbir ante la crueldad de sus verdugos, resistieron con dignidad, sin doblegar su voluntad. Jamás perdieron las esperanzas de continuar con la lucha, de lograr alcanzar la meta tan ansiada, la igualdad para todos los ciudadanos argentinos y de la patria grande latinoamericana. Todo esto nos debe hacer reflexionar.

 

¿Qué estamos haciendo con nuestro compromiso social y nuestra militancia? ¡Acaso todo lo vivido no fue suficiente enseñanza! ¡Compañeros ni un paso atrás!  no podemos retroceder ni detenernos. Ante la insensibilidad de nuestros gobernantes solo podemos redoblar nuestro compromiso y militancia. Organizar los reclamos. Ser contundentes con nuestras denuncias.  Nuestros pueblos originarios no pueden seguir postergados más tiempo, allí donde mueren niños y niñas desnutridos, sin acceso al sistema de salud y a redes de agua potable, otros, empresas multinacionales, cada día se enriquecen más y más. Hemos llegado al extremo de judicializar el derecho a la vida, un tribunal de justicia debió obligar, tras un amparo, al gobierno provincial de Gustavo Sáenz,  a crear una red de apoyo sanitario, intercultural e interdisciplinario para la niñez de los departamentos de Rivadavia, Orán y San Martin, declarados en emergencia socio sanitaria desde enero de 2020. Sin que las condiciones en el norte de la provincia cambien.

Hoy estamos frente a dos realidades, dos Saltas, una que goza de los beneficios del poder y otra para los excluidos del sistema, desocupados que, frente a la necesidad de conseguir unos pesos, inventan salidas laborales precarias, por las que luego son perseguidos con todo el rigor de la ley. Leyes que alcanza solo a los pobres, los desposeídos, mientras no cesan de crecer los casos de corrupción ¡que no son investigados por la justicia salteña! Hoy y desde hace un tiempo atrás, en nuestra provincia se está violando de forma sistemática el derecho a estar informado y a informar.  El último caso que se conoció, fue el del periodista de Salvador Mazza, quien fue expuesto por el interventor de ese municipio, a pesar de que el derecho de confidencialidad de la fuente lo ampara, y quedo presa de mafias que amenazan su integridad, su vida y la de su familia. Esperamos que actué la justicia y se reguarde la vida del trabajador de prensa.

Los compañeros masacrados en Palomitas nos interpelan, hoy nos comprometen con el aquí y el ahora.

Compañeros y Compañeras de Palomitas

¡PRESENTES!!!!AHORA Y SIEMPRE!!

POR LOS 30 MIL COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS

¡PRESENTES!!!! ¡AHORA Y SIEMPRE!!!

Marcha por la tarde

Por la tarde, otras organizaciones llevaron adelante una marcha «contra la impunidad, el saqueo, el hambre, el genocidio y la represión de ayer y hoy».

Esa actividad fue convocada por la Red de Derechos Humanos y contó con la asistencia de diversas organizaciones sociales.

El fiscal Diego Ignacio Funes, de la fiscalía especializada en delitos económicos y contra la administración pública N°2, ordenó el allanamiento de las viviendas de más de una docena de referentes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Evita, el MTR 12 de Abril  y el Movimiento de Trabajadores Excluidos. La misma medida fue dispuesta contra merenderos y cooperativas de los mismos colectivos.

Las organizaciones afectadas abarcan un abanico político muy amplio, algunas vinculadas al oficialismo nacional y otras de perfil fuertemente opositor. No obstante, todas ellas han participado en numerosas actividades de protesta contra el gobierno provincial que encabeza Gerardo Morales.

Funes ordenó la requisa de los teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de memoria y demás recursos que estuvieran en uso por cualquiera de las personas que imputó en los que pudiera haber documentación referida a los planes «Potenciar Trabajo». El funcionario fundó sus decisiones en que las personas imputadas habrían amedrentado a otras «en horarios y fechas a establecer» para que participaran en marchas y abonaran una cuota periódica.

La vaguedad de los hechos relatados no fue óbice para que el fiscal las caratulara como parte de una hipotética asociación ilícita. Cabe señalar esta última es una figura penal que en muchas oportunidades sirvió de cobertura para la persecución política. En ese sentido puede mencionarse lo señalado en su momento por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, en referencia a su ). También la  abogada y legisladora del FIT-U, Miriam Bregman, que la «asociación ilícita» es una figura creada a comienzos del s. XX «para perseguir a las organizaciones de trabajadores».

No es un caso aislado

Los numerosos allanamientos ordenados en Jujuy ocurrieron apenas horas después de que un comedero y varias viviendas de militantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) fueran allanados en la provincia de Buenos Aires. Al respecto, el diputado nacional y referente de ese sector, Juan Carlos Alderete, vinculó las medidas con la campaña desatada por «sectores reaccionarios de la derecha macrista» intentando demonizar a las Organizaciones Sociales.

Desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular que se está ante «un contexto de persecución hacia los movimientos populares», por lo que se declararon en «estado de alerta».

Por su parte, el referente del MTE Juan Grabois a los allanamientos en CABA, provincia de Buenos Aires y Jujuy como «lawfare contra los pobres».

La Corte Suprema norteamericana resolvió el viernes último mantener la prohibición del aborto luego de 15 semanas de embarazo que había sido dispuesta por el Estado de Mississipi. La decisión implicó la anulación de los fallos anteriores de ese cuerpo en los casos conocidos como “Roe vs Wade” (1973) y “Parenthood vs Casey” (1992),  que habían protegido el derecho a la interrupción del embarazo en todo el territorio estadounidense. 

A partir  de esta decisión, las regulaciones quedarán a cargo de cada Estado. De hecho, en virtud de normas “gatillo” preexistentes, el aborto ha quedado prohibido al menos en Texas y Misuri, aunque se estima que en breve la restricción se extenderá a Utah, Dakota del Sur, Oklahoma, Arkansas, Luisiana, Alabama y Kentucky, a las que seguirán por lo menos otros 8 Estados (véase , y )

El responde al caso denominado “Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization”, originado en la demanda presentada por la institución contra el funcionario de salud del Estado de Mississipi Thomas Dobb, debido a la decisión de las autoridades de prohibir el aborto luego de las 15 semanas de gestación. 

La anulación de “Roe vs Wade” contó con los votos de Clarence Thomas, Samuel Alito Jr., Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barret. Los dos primeros llegaron al tribunal de la mano de George Bush y los otros tres fueron designados en la gestión de Trump. (véase ). El texto que finalmente acordó la mayoría 

Los magistrados conservadores sostuvieron en la sentencia que no hay fundamentos que permitan considerar que el aborto es un derecho protegido constitucionalmente, señalando que no figura en la letra de la Constitución ni tiene un fuerte arraigo histórico, postura que sostienen a partir de notar que hasta 1868 la gran mayoría de los Estados criminalizaban la práctica en cuestión. Para los magistrados, el hecho de que la Enmienda constitucional en la que se basó el fallo de Roe vs Wade haya surgido en ese contexto histórico, habilita a desconocer la protección del derecho al aborto.

El caso “Roe vs. Wade”

Un fallo crucial anulado el viernes último fue el referido a una demanda interpuesta en 1963 por una mujer de Texas -conocida como “Jane Roe” por razones de privacidad- contra las leyes de Texas que impedían el aborto salvo en caso de riesgo de vida para la persona gestante. 10 años más tarde, la Corte Suprema de entonces consideró que el derecho a abortar estaba amparado constitucionalmente por la Decimocuarta Enmienda, referida a Ciudadanía, Debido Proceso y Protección Igualitaria.

Aquella resolución volvió nulas a numerosas leyes antiabortistas en todo el territorio estadounidense.

La nueva sentencia posibilita la vuelta de esas normas y el establecimiento de otras que restrinjan o impidan la interrupción del embarazo.

Rechazos en USA y en el resto del mundo

El fallo del máximo tribunal federal estadounidense provocó fuertes protestas en ese país, y recibió el rechazo de organismos de Derechos Humanos y personalidades norteamericanas y del resto del mundo.

Stephane Dujarric, portavoz de Antonio Guterres (Secretario General de la ONU) señaló que restringir el acceso a la interrupción del embarazo “no evita que la gente busque el aborto, sólo lo hace más mortal”.

Por su parte, el titular de la Organización Mundial de la Salud, Thedros Ghebreyesus, que está “muy decepcionado” por la decisión ya que los derechos de las mujeres “deben protegerse” y que esperaba que Norteamérica lo hiciera.

El organismo de Derechos Humanos Aminstía Internacional criticó la decisión a través de un , actual Directora en USA de Programas, Incidencias y Asuntos Gubernamentales de la organización mencionada. La referenta señaló que en ese país, una de cada cuatro mujeres se somete a un aborto a lo largo de su vida, y que la anulación del derecho a abortar ejecutado por la Corte culmina una campaña de décadas “dirigida a controlar los cuerpos de mujeres, niñas y demás personas susceptibles de quedarse embarazadas”. 

Por su parte, Amanda Klasing (Human Right Watch) que el acceso al aborto “es un derecho crucial para garantizar un amplio espectro de otros derechos humanos, que incluyen los derechos a la vida y la seguridad de la persona, la privacidad, la no discriminación y la libertad frente a tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otros”. La referenta de la organización de DDHH con sede en Nueva York también calificó a  la decisión del tribunal estadounidense como “un revés” para los derechos de las mujeres, señalando además que va en sentido contrario de pactos internacionales firmados por esa nación. 

La decisión del máximo tribunal federal ha generado un nuevo escenario, que la legisladora neoyorkina Ocasio-Cortez como “crisis de la democracia” en el país. En todo el territorio hubo movilizaciones y actividades en defensa de los derechos reproductivos, según el Servicio de Radiodifusión Pública estadounidense (NRP). 

DIstopía cercana 

Hay indicios de que este fallo marca el comienzo de una avanzada contra los derechos de mujeres y disidencias. Es lo que sugiere , abriendo la puerta a reconsiderar “todos los precedentes sustantivos del debido proceso de esta Corte”, aludiendo específicamente a resoluciones anteriores referidas al matrimonio entre personas del mismo sexo (“Obergefell v. Hodges”), el derecho de las parejas a adoptar el método anticonceptivo que deseen (“Griswold vs Connecticut”) y la inconstitucionalidad de establecer sanciones a la sodomía (“Lawrence vs Texas”).

En el mismo sentido, 3 de lxs jueces que se pronunciaron contra la anulación del fallo “Roe vs Wade” (Stephen Brewer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan) advirtieron que el derecho afectado por la decisión “no está solo” y que la propia Corte lo ha vinculado a otros que se refieren a “la integridad corporal, las relaciones familiares y la procreación”.

La fundamentación de la postura mayoritaria del Tribunal desestima que las mujeres se encuentren en desventaja respecto del poder político, señalando que “no carecen de poder electoral” ya que el porcentaje de mujeres inscritas en los padrones correspondientes suele ser superior a la de hombres. La posición de la minoría, en cambio, cuestiona la perspectiva impuesta según la cual la Constitución debe leerse en la actualidad en los mismo términos que cuando fue creada, lo que “consigna a las mujeres como ciudadanas de segunda clase”.

La proliferación de normas restrictivas sobre los derechos de las mujeres, sumado a los indicios mencionados antes y en un contexto de crisis de alcances imprevistos, recuerda sin dudas a la novela distópica de Margaret Atwood “El Cuento de la Criada”, donde se describe un futuro en el que Estados Unidos -que adopta el nombre de «Gilead»- se sumerge en un poder teocrático que condena a las mujeres a un papel meramente reproductivo, castiga a las disidencias, elimina la libertad de expresión y cercena los derechos civiles. 

El fallo de la Corte muestra que no se necesita de un golpe de Estado -como ocurre en la novela citada- para formatear una sociedad más opresiva que la actual.

Con la participación de casi trescientas  mujeres pertenecientes a 21 pueblos originarios se parlamentó sobre las distintas problemáticas que afectan a las mujeres, disidencias y niñes de los territorios. Se hizo especial hincapié en el chineo. 

De a poco se fue armando el  tejido que les cobija de las múltiples vulneraciones que sufren las hermanas indígenas en nuestro país y en América.

Reunidas en plenaria, las voces iban diciendo lo que sucede en los lugares que habitan.  Se discutieron temas como la educación, la identidad, las violencias. Las palabras tejían realidades que se conocían pero que ahora eran nombradas con voz y color propio.

El domingo fueron llegando desde diversos puntos del país y de América quienes iban a participar de este importante encuentro. Los abrazos y bienvenidas marcaron este día de sol pleno. 

Tres días se parlamentó. Se dijo, se pensó, se proyectó. En un tinglado, ahora lleno de mujeres, el lunes por la tarde se habló de identidad, educación, memoria y territorios. Cada voz con tonalidad propia iban poniendo en común:

» La necesidad de Autoconocernos, reconocer nuestras raíces. Conocer nuestra identidad…buscar nuestros orígenes. Autorevalidar nuestra cultura y nuestra identidad.» Expresó una hermana de la comunidad colla. 

Una participante expresó la necesidad de que “nos interese nuestra historia, nuestra cosmovisión. La destrucción de nuestras costumbres es dolor”. Y se precisa  “respetar nuestra identidad. Hacer respetar nuestra cultura y nuestra naturaleza”.

«La inclusión de los saberes en el equilibrio sobre la naturaleza. La educación del sistema deja fuera nuestros conocimientos», hiló otra voz. 

Sobre lo que significó el Parlamento, muches expresaron la importancia de esta instancia, para reconocerse, organizar y generar acciones “que nos despierten a las mujeres indígenas”. 

Una joven del pueblo mapuche expresó que «el parlamento fortalece la unión de nuestras mujeres, de nosotras, de las diferentes naciones indígenas. Sin limitantes que pusieron los estados. Las mujeres guerreras que conservamos las semillas, nuestra medicina. Preservar nuestra tierra y nuestras costumbres. Hacernos ver cómo queremos nuestra comunidad. 

La sabiduría también es poder reconocernos en nuestra identidad. Y a partir de allí poder hacer frente a la vida. Kimüm, es esa sabiduría que me brindan mis ancestros y que debo enseñar a mis hijos.»

El martes a la mañana las mujeres se separaron en comisiones para parlamentar. En grupos más pequeños fueron contando sus experiencias, las violencias sufridas en sus cuerpos y en su espíritu. En diálogo tranquilo relataron las múltiples vulneraciones cometidas sobre ellas y sobre las hermanas (mujeres, niñas, de sus comunidades). 

Serán horas marcadas por la memoria del dolor. 

Después del almuerzo se puso en común lo trabajado en cada uno de los grupos. Surgieron reflexiones, propuestas, reclamos. Horas de discusión que se convertirán en perspectivas de lucha. 

Les asistentes al evento resolvieron impulsar un exigitorio contra el «chineo», en el que reclaman que ese delito se considere crimen de odio.

Se llama chineo a la violación sistemática de niñas y mujeres indígenas por parte de criollos, que se realiza de manera recurrente desde hace siglos encarnando la violencia colonial y patriarcal.  Fue uno de los temas principales que abordaron mujeres y diversidades de los pueblos indígenas, quienes acordaron exigir también que el delito sea imprescriptible y que a sus  autores se les trabe embargo de bienes para asistir a las víctimas y a sus familias, y para sostener medidas contra ese tipo de prácticas, a través de recursos que serán gestionados por mujeres de la propia comunidad. Además, plantean que se prohíba el ingreso al territorio indígena a las empresas -generalmente extractivistas- en las que trabajan los autores de esos crímenes.

En el caso específico de las fuerzas de seguridad, coincidieron en que los perpetradores deben ser separados de aquéllas.

El exigitorio se elevará  próximamente y se establecerán plazos para esperar respuestas favorables.

Se habló también de demandar al mismo Estado por genocidio, y también a las iglesias que consienten este tipo de prácticas racistas y genocidas.

El Parlamento deliberó hasta la mañana de este miércoles. A mediodía se entregaron regalos a decenas de personas que colaboraron en la realización del evento, acto en el que una mujer mapuche enmarcó en el concepto de reciprocidad, que está presente en todos los pueblos indígenas, y que por ella se sabe que si se ayuda a alguien, en el futuro se recibirá ayuda. Gracias a esa reciprocidad nadie se queda con hambre, subrayó.

Posteriormente se realizó una ceremonia común, que constituyó el cierre de este evento histórico.

En un pueblo de Salta, rodeadas de cerros y verdor, el tercer Parlamento dijo Basta de Chineo, basta de violencia colonial, patriarcal y racista. 

Hoy terminó el Parlamento pero las mujeres indígenas seguirán tejiendo redes ancestrales de unión, organización y lucha, tejiendo formas de resistencia y tejiendo futuros ….

María Alaniz

Fotos: María Alaniz

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En medios económicos argentinos y en la prensa masiva en general, es común leer afirmaciones como «Argentina y su presión tributaria sin freno» (Infobae, 20/11/2021), «La Argentina lidera un ranking de presión impositiva mundial» (Ámbito Financiero, 7/01/2020), «Advierten que Argentina tiene la mayor carga impositiva mundial» (IProfesional, 30/06/2021), «Uno por uno, estos son los 165 impuestos vigentes en la Argentina» (Clarín, 18/04/2022) entre muchos otros. Los artículos en cuestión a veces llevan la firma de profesionales con título en Economía o los suscribe directamente la editorial del medio en cuestión.

Esos titulares sugieren que un problema grave de la economía argentina es el peso excesivo de los impuestos. De ello se desprende que nuestro país tiene un sistema impositivo particularmente nefasto y que bajar los impuestos sería imprescindible para que la economía crezca.

Pero ¿existen evidencia de que esto es así, o se trata sólo de miradas parciales o equívocas? A continuación presentamos datos obtenidos de organismos internacionales respecto de los temas en discusión.

Presión fiscal

La presión fiscal o presión tributaria es la cantidad de dinero que los tributarios (quienes contribuyen, sean particulares o empresas) están obligados a abonar al Estado, medida en relación con el PBI.

La cuenta es sencilla: se dividen los ingresos totales (por impuestos y contribuciones) por el PBI total, multiplicándose por 100 para obtener el porcentaje. En 2020, último , la presión tributaria argentina llegó al 29,4%.

Ese porcentaje está muy lejos de ubicarse entre los más altos del mundo.

De acuerdo con, en base a datos oficiales, nuestro país se ubica en el lugar 40 sobre 116 países. Por encima de Argentina se encuentran -por ejemplo- Dinamarca (47,4%), Francia (47,3%), Suecia (43,7%), Reino Unido (32,8%), Nueva Zelanda (32,2%) y Brasil (31,6%). Entre los países con mayor desarrollo económico sólo dos muestran menor presión fiscal: Estados Unidos (25,5%) y China (22,1%), que son -quizás no casualmente- los dos con mayores ingresos fiscales totales.

Es interesante ver quiénes están en la parte más baja de esa lista figuran países africanos como Nigeria (6%), República Democrática del Congo (7,6%), Madagascar (11,2%) que se encuentran entre los de menor PBI per cápita en el mundo.

Si miramos los sobre los ingresos por impuestos, la ubicación de los países es similar. Mientras Dinamarca recauda un 34,3% de su PBI, Nueva Zelanda un 28,2% y el Reino Unido un 24,9%, la Argentina apenas percibe un 10,5%, por debajo del promedio mundial de 14,9%.

Mirando la evolución de ese indicador a lo largo de los años, se advierte que en líneas generales ha permanecido casi constante en muchos países, como lo muestra el gráfico adjunto (tomado del sitio del Banco Mundial).

Estos datos -o datos similares- ilustraron muchos artículos críticos (véase, por ejemplo, el , o para Canal Abierto), sin haber sido contravertidos. Sin embargo, un sostiene que Argentina tendría la segunda mayor presión impositiva del globo «si es que todos pagaran los impuestos como indican las normas». El argumento del texto firmado por Carlos Lamiral (basado en  informes de la Fundación Mediterránea y la «Fundación Libertad y Progreso», ambas de orientación liberal) es que la evasión es la verdadera razón por la que la presión fiscal efectiva es menor a la de los países desarrollados. Según la Fundación Mediterránea, la evasión fiscal llega al 60%.

La leyenda de los 165 impuestos

El mes pasado, diversos medios de comunicación (Clarín, Infobae, El Cronista Comercial -entre otros-) presentaron el mismo “dato” con titulares sugestivos respecto de lo excesiva que sería la carga impositiva. Las comunicaciones versaron sobre los supuestos «165 impuestos» que se cobrarían en el país. Algunos de esos medios presentaron el tema como ejemplo de la «presión tributaria» (El Cronista), en tanto que otros hicieron hincapié en el listado de esos gravámenes (Clarín, Infobae, La Nación, El Cronista, entre otros). Muy pocos tuvieron el prurito de especificar en el título que no se trataba sólo de impuestos, sino que se incluían tasas y contribuciones (Infobae por ejemplo) y menos aún los que señalaron que unos pocos de esa lista son lo que tienen un incidencia relevante en la recaudación (La Nación).

Los artículos referidos en el párrafo anterior se originan en un informe publicado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), entidad presidida por el economista Nadin Argañaraz, quien fue Subsecretario de Desarrollo del Ministerio de Hacienda en 2018, luego de haberse desempeñado como asesor de Alfonso Prat-Gay.

La lista de IARAF no sólo tuvo repercusión en la prensa de mayor llegada. También sirvió de base a l discurso de referentes políticos que se oponen a nuevos gravámenes, como la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

A pesar de su amplia difusión, el informe de IARAF presenta importantes debilidades metodológicas que fueron destacadas por otras instituciones. En particular, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), señalando que en el mismo hay «una infinidad de conceptos tributarios mezclados», ya que el listado contabiliza tanto impuestos propiamente dichos -nacionales, provinciales y municipales- con tasas, contribuciones, derechos y otros tipos de tributos de índole diferente.  CEPA también destaca que IARAF incluye entre los tributos a los aportes al sistema de seguridad social que realizan lxs trabajadorxs, que nada tienen que ver con impuestos y que recae sobre lxs empleadxs.

La revisión de CEPA concluye que sólo 60 de los tributos y otros aportes enumerados son realmente impuestos. Además, el peso y la extensión de los mismos es extremadamente dispar, ya que entre 5 de ellos el Estado nacional recauda más del 90% de sus ingresos impositivos. Los 3 más importantes en términos de ingresos fiscales son el IVA, Impuesto a las Ganancias, y los gravámenes al comercio exterior, que suman entre ellos más del 80%. Los ámbitos en los que se aplican también son muy diferentes, de modo que una persona o empresa nunca pagará el conjunto de impuestos listados.  Por lo tanto, la enumeración de todos en pie de igualdad, como hacen IARAF y los medios que lo tomaron como referencia, sólo aporta a la confusión.

¿Quiénes pagan?

Los discursos políticos que abogan por una reducción de los impuestos sostienen, en general, que los mismos frenan la producción porque incrementan costos para las empresas. En cuanto a los gravámenes que se basan en el patrimonio personal, suele aducirse que los mismos también desalientan a la inversión.

Si embargo, los datos sobre la recaudación fiscal muestran que el principal ingreso del Estado por esos conceptos se origina en el IVA (Impuesto al Valor Agregado), un impuesto que es de carácter regresivo porque todxs lo pagan por igual sin considerar los ingresos de cada unx.
El impuesto a las Ganancias, en cambio, es progresivo porque obliga a pagar más a quienes tienen más ingresos. No obstante, ese tributo afecta a una parte de asalariadxs y explica una proporción menor de la recaudación de la que representa en otros países. Así, por ejemplo, los impuestos a la renta, utilidades y ganancias del capital constituyen más del 91% de los ingresos impositivos de Estados Unidos, y casi el 55% en Noruega (según ), mientras que -según la misma fuente- en Argentina representa un 14,9%. Las cifras del Banco Mundial corresponden a 2019; los indican que en 2021 esa proporción llegó al  21,3%. Por otra parte, el  máximo porcentaje que se percibe en Argentina sobre los ingresos personales -35%- está muy por debajo del que se recauda en países europeos (Dinamarca, 55%; Países Bajos, 50%; Francia, Alemania y Reino Unido, 45%).

El artículo de Lamiral mencionado más arriba pone de relieve otro aspecto clave: la elevada evasión fiscal. El periodista de Ámbito Financiero no se interesa en quiénes son los beneficiarios de ese escenario, aunque hay indicios atendibles sobre los protagonistas de los mayores incumplimientos tributarios.

Los economistas referidos por Lamiral explican la alta evasión en la informalidad de la economía, que «se estima entre el 35% y el 40%» en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Cabe señalar que en el último informe del Mercado de Trabajo de la EPH, la cantidad de asalariados a quienes no se les practica el descuento jubilatorio es del 33,3%, siendo éste un indicador importante de la informalidad. Ese cuadro, sin duda, incide en la baja recaudación tanto de impuestos como de contribuciones; no obstante, revela muy poco sobre los protagonistas de la evasión.

Un realizado a nivel internacional por investigadores de la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de Copenhague concluyó que cerca del 40% de las ganancias multinacionales se desvían hacia guaridas fiscales (también llamadas «paraísos fiscales»), lo que totaliza unos 90.000 millones de dólares y representa alrededor de un 10% de pérdida de ingresos impositivos para los países.

La investigación se basa en una base de datos sobre el destino de las ganancias de empresas a nivel mundial. Los firmantes son Thomas Tørsløv -economista, integrante del Ministerio de Hacienda de Dinamarca-, Ludvig Wier -Ministro de Finanzas en el mismo país, y Gabriel Zucman, catedrático de la Universidad de California en Berkeley.

En el caso de Argentina, sostiene que se pierde el 9% de los impuestos a las corporaciones por las transferencias a paraísos fiscales. Ese porcentaje fue en aumento durante los años que abarca el trabajo, pasando del 5% en 2016 al 9% en 2018.

Panacea floja de papeles

La línea argumental de quienes rechazan la instauración de nuevos impuestos, o propugnan la eliminación de gravámenes, se basa en que la disminución de los mismos alentaría la inversión y -con ello- el crecimiento económico.

Las lecturas sobre el tema  tienen un fuerte sesgo ideológico, ya que apuntan a la forma en que se financia el Estado y el rol que éste cumple en la economía. La principal fuente de recursos de los Estados en todo el mundo son los impuestos, que representan más del 50% de los ingresos del fisco en todos los países, y en la mitad de ellos ronda el 80% (Esteban Ortiz-Ospina and Max Roser (2016) – «Taxation». Publicado en OurWorldInData.org. Recuperado de: ).

A su vez, entre los distintos países hay fuertes diferencias respecto a lo que se grava y en qué proporcionen lo hacen. Los datos de OurWorldInData.org muestran que los países desarrollados recaudan por impuestos un porcentaje mucho mayor de la producción nacional que en los países «en desarrollo». A su vez, en los primeros los gravámenes se centran en las ganancias, mientras que en los segundos se perciben sobre el comercio y el consumo, como ocurre en Argentina.

Esas heterogeneidades permiten comprender cómo China, por ejemplo, tiene una «presión fiscal» menor a la de Argentina, pero donde la fuga hacia guaridas fiscales explica apenas una pérdida del 3%.

Lógicamente, la obtención de mayores recursos por vía impositiva tampoco garantiza un Estado económicamente activo. El destino de esos recursos administrados por los gobiernos pueden tener consecuencias completamente diferentes.

En cualquier caso, el tema de qué se cobra, cuánto y qué destino se da a la recaudación fiscal son temas complejos sobre los cuales los informes de prensa frecuentemente presentan esquemas simplificados con sólo algunas variables o algunos datos que justifiquen las intenciones editoriales.

En Argentina se debate en estos días un nuevo gravamen sobre rentas extraordinarias y un impuesto sobre el capital fugado. Para que el análisis de esas iniciativas sea fructífero es necesario poner sobre la mesa no sólo las posibles consecuencias de aumentar los impuestos, sino también un esquema tributario regresivo, el peso y los mecanismos de la evasión, las posibles inconsistencias del conjunto de gravámenes y, claro, el destino que el Estado dé a los fondos. En ese aspecto, cobrar una tasa sólo para honrar la deuda con el Fondo Monetario podría ser ineficaz para encaminar la economía hacia un horizonte de desarrollo e independencia.

El INDEC publicó esta tarde la «Valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta
básica total» correspondiente al pasado mes de marzo.

El organismo informó que el costo de la primera de ellas, que marca la línea de indigencia, fue de $39.862,39, una cifra mayor que la acordada en el marco del Consejo del Salario a partir del corriente mes de abril. El valor corresponde a los ingresos necesarios para que una familia de 4 personas ( un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años) pueda cubrir los requerimientos kilocalóricos imprescindibles.

De esta forma el costo de la Canasta Básica Alimentaria ya superó el mes pasado el valor del Salario Mínimo Vital y Móvil establecido para el mes en curso, que será de $39.840. Cabe recordar que la remuneración mínima para los trabajadores permaneció en $32.000.-  desde diciembre pasado. La línea de indigencia también deja atrás a la jubilación mínima, que en el tercer mes del año llegó a los $32.630,40.-

Respecto de febrero, el valor de la canasta alimentaria registró una suba del 6,5%, siendo el mayor salto desde En los primeros 3 meses del año el incremento de la Canasta Básica fue del 21%, una cifra que expresa de manera contundente cómo la inflación afectó mucho más duramente a los sectores de menores recursos, ya que en ese mismo lapso el IPC subió un 16,1%.

En cuanto a la línea de pobreza, el INDEC informó que la Canasta Básica Total se valorizó en marzo en $89.690,37.- , con lo que acumula un incremento del 17,8% en el primer trimestre de 2022.