Los secretos de una entrega

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El gobierno se niega a mostrar el acuerdo con el FMI y busca que la Corte Suprema lo avale: apeló la sentencia de Cámara que obliga a mostrar el texto firmado y otros documentos relacionados.

El gobierno se empeña en mantener en secreto aspectos centrales del acuerdo con el FMI

¿Qué dice el texto del acuerdo firmado entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario por el cual este último concedió el crédito de u$d 50.000 millones? ¿Qué dictámenes técnicos se tuvieron en cuenta para esa firma? ¿el acuerdo está sometido a tribunales extranjeros o no?. Estos son algunos de los aspectos que Eduardo Codianni (Centro de Estudios para la Integración Financiera) y otros quisieron conocer en base a las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información.

El gobierno entregó a los requirentes fotocopia de un Expediente en el que se tramitó el préstamo en cuestión, pero no brindó una copia del acuerdo ni se refirió a la posible prórroga de jurisdicción, entre otros aspectos que tampoco fueron atendidos. Respecto de los dictámenes previos, las autoridades se limitaron a señalar que los mismos no eran necesarios para firmar acuerdos, en base a las atribuciones del Poder Ejecutivo y a la pertenencia de nuestro país al Fondo Monetario Internacional.

Codianne presentó un recurso de amparo ante la justicia, a fin de que ésta obligara al gobierno a brindar la información en cuestión. El juez de primera instancia no hizo lugar a la presentación, pero Codianne apeló.

El 15 de septiembre último, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal había ordenado al gobierno que entregara copias digitales de los expedientes y la documentación que dé respuestas a los interrogantes enumerados arriba.

En lugar de entregar la documentación solicitada, o hacerla accesible a toda la población, el gobierno apeló la decisión del tribunal mediante un Recurso Extraordinario Federal, a fin de que sea la Corte Suprema la que resuelva sobre el caso.

El abogado Ricardo Eduardo Yamone presentó un Recurso Extraordinario Federal contra la resolución de la Cámara; deberá ser la Corte Suprema la que defina si la información ya proporcionada es suficiente de acuerdo con las leyes vigentes.

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