La policía contra la economía popular

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La escena es de esta tarde y corresponde al barrio porteño de Flores. Una treintena de efectivos de la Policía de la Ciudad redujeron violentamente a dos vendedores ambulantes. Los golpearon, les impidieron seguir trabajando y les quitaron sus mercaderías.

Ayer le tocó a una mujer que vendía sandwiches en Once. La policía desparramó la mercadería en el piso, con un despliegue represivo que recuerda a las que se ve en algunas series en operativos anti narcos.

Antes ocurrió con vendedores senegaleses, con una joven que vendía chipá en Misiones, manteros en la ciudad de Salta, artesanos de Cafayate, o vendedores ambulantes en La Plata. Pasó y pasa en todo el país, a pedido de comerciantes o de funcionarios, y con el aval de un sector de la población que identifica en los vendedores ambulantes a supuestos privilegiados del sistema impositivo.

Policías contra ambulantes
Unos 30 policías desalojaron a 2 vendedores ambulantes en Flores

Sin embargo, quienes realmente han tenido beneficios tributarios excepcionales fueron personas que nunca se verá ofreciendo mercaderías en una vereda o transportando un carro pesado junto a sus familiares.

El llamado «Régimen de Sinceramiento Fiscal», incluido como Libro II de la ley que se propagandizó como » Reparación Histórica a los Jubilados» estableció el perdón impositivo y la garantía de extinción de las demandas contra tenedores de moneda extranjera, inmuebles, acciones y otros bienes de valor económico que no los habían declarado para -de mínima- evadir el pago de impuestos.

Por ese régimen se «exteriorizaron» (es decir, se reconocieron públicamente a cambio de que no se les cobre los impuestos que adeudaran) más de u$d 115.000 millones. Eso equivale, grosso modo, a una quinta parte del PBI y -a valores de hoy- representa más de 4 billones y medio de pesos.

La misma ley bajó la alícuota del impuesto a los bienes personales, que grava al sector de mayor poder adquisitivo de la población, de modo que este gravamen pasó de explicar el 0,34% del PBI en 2015 a sólo el 0,11% del PBI en 2018, según señaló la diputada Fernanda Vallejos en un artículo publicado en Página /12.

Ahora, ante la necesidad de aumentar la recaudación en medio de una economía en caída, el gobierno dispuso un incremento en ese impuesto; la nueva modificación llegará hasta un sector de clase media que haya podido acumular bienes por $2.000.000.-, pero exceptúa a los propietarios de inmuebles rurales, sin importar si los mismos son explotados o no.

Hay comerciantes que protestan por la presencia de vendedores ambulantes, señalando que los mismo no pagan los impuestos que ellos -en negocios formales- están obligados a tributar. Una mirada un poco más amplia quizás le permitiría poner la vista en otra dirección: aquellos a los que les perdonan gigantescas deudas impositivas, los exceptuados de gravámenes comunes y los compensados por la devaluación.

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