Un artículo publicado ayer en Destapeweb.com firmado por Ezequiel Orlando y Darío Gannio revela que la suba de tarifas del gas dispuesta por el Ministerio de Energía se apoya en dos leyes que no habilitan a la cartera a tomar esa decisión.
El artículo también afirma que los incrementos se dispusieron sin haber seguido los pasos necesarios, entre ellos la consulta a los consumidores mediante audiencias públicas.
Anteriormente diputados del Frente para la Victoria y la ONG «CEPIS» habían presentado un recurso de amparo contra la medida; el juez federal de La Plata Alberto Recondo había dado curso a la presentación, solicitando al Ministerio que explique la resolución.
Orlando y Gannio señalan que varios funcionarios del Ministerio de Energía se desempeñaron hasta hace poco tiempo en empresas del sector, lo que podría constituir una violación a la Ley de Ética Pública.
Cabe recordar que el diputado Doñate había denunciado por incompatibilidad y aprovechamiento del cargo al titular de la cartera Juan José Aranguren, quien fue directivo de la empresa Shell hasta junio de 2015 y -según informes de prensa- mantendría la propiedad de acciones de la compañía holandesa, lo que implicaría un conflicto de intereses con el cargo que ocupa.
