Continuidades y rupturas en la política económica

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Deuda, jubilaciones, salarios e impuestos: las medidas económicas impulsadas por el nuevo gobierno presentan rupturas y continuidades respecto de la gestión macrista.

Las primeras medidas del gobierno encabezado por Alberto Fernandez y Cristina Fernández de Kirchner mostraron algunas diferencias evidentes con los lineamientos de su antecesor, como la suba de retenciones a las exportaciones o el congelamiento de tarifas; al mismo tiempo, la suspensión por 180 días de la movilidad de las jubilaciones -en el marco de las próximas negociaciones con el Fondo Monetario- abre un interrogante respecto de un sector que en el período macrista sufrió particularmente el deterioro de sus ingresos.

Repasamos aquí las principales decisiones, destacando los aspectos novedosos, los que reflejan algún tipo de continuidad y las principales dudas de cara a los próximos meses.

Deuda

Un aspecto importante en el que las decisiones del gobierno de Fernández continúan con los lineamientos de la gestión anterior es el que se refiere al reconocimiento de la deuda externa. “La Argentina tiene la voluntad de pagar”, expresó el mandatario en varias oportunidades, aunque en varias ocasiones enmarcó esa afirmación señalando que los pagos no son viables “si el país no crece”.

Estas ideas se expresan en el primer objetivo declarado en la flamante Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, donde se propone “asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la que deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos”.

En ese sentido, la norma autoriza al poder ejecutivo a realizar las gestiones necesarias para «recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública”.

Tarifas

La ley faculta al Poder Ejecutivo a congelar las tarifas durante 180 días, lapso durante el cual deberá definir un nuevo esquema tarifario. El texto plantea que se buscará “una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias”. Esta decisión contrasta con los fuertes tarifazos dispuestos en la gestión de Macri, en nombre del “sinceramiento” tarifario; para el gobierno anterior, las empresas necesitaban un mayor margen económico para realizar las inversiones necesarias, el cual debía surgir de los bolsillos de los contribuyentes aunque a ello debieran destinar porciones sustanciales de sus ingresos. 

Las tarifas se incrementaron en los últimos 4 años más de un 3.000% en el caso de la electricidad y más del 2.000% en la provisión del gas. En contraste, no hubo mejoras significativas en la calidad de los servicios correspondientes.

Se denomina “pobreza energética” a la situación en la que los ingresos resultan insuficientes o excesivamente onerosos como para que una familia pueda acceder a la provisión de energía necesaria para el hogar. Este concepto cobró vigor en el período macrista, y aún está por verse en qué medida la gestión actual revierte este cuadro.

Jubilaciones y AUH

La ley mencionada declara que busca “fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales considerando los distintos regímenes que lo integran como un sistema único, con la finalidad de mejorar el poder adquisitivo de aquellos que perciben los menores ingresos”. Esa redacción pone en la mira la heterogeneidad del sistema; sin embargo, la mención a los distintos “regímenes” pone en alerta a sectores que consiguieron asegurar haberes jubilatorios mínimos a través de luchas específicas, y que se sostienen -además- en virtud de aportes excepcionales de lxs trabajadorxs comprendidos en esos sistemas. Allí se cuentan docentes de todos los niveles educativos (hay tres regímenes que los comprenden) y trabajadorxs de Luz y Fuerza, cuyos jubilados perciben salarios vinculados a los que reciben lxs activxs, quienes además- de ningún modo pueden considerarse como “privilegiados”.

De todos modos, la principal preocupación inmediata en torno a las jubilaciones pasa por la forma en que el gobierno definirá eventuales aumentos en marzo próximo; si bien el mandatario afirmó que todos los jubilados recibirán incrementos, también aseguró que la fórmula vigente (impuesta por el macrismo en 2017) es “impagable”.

El tema no puede desvincularse de las negociaciones con el Fondo Monetario: el organismo internacional -fuerte acreedor desde la gestión macrista- ha insistido en reiteradas oportunidades en la necesidad de modificar el régimen previsional para bajar los haberes: en 2016 pedía una reducción del 20% y un aumento de la edad jubilatoria; esos lineamientos se plasmaron en la ley de 2017, aprobada en medio de fuertes protestas y una represión brutal.

Apenas un año atrás, el FMI volvió a plantear su «recomendación» de reducir los haberes iniciales de lxs jubiladxs; es evidente que esa sugerencia -es un decir- volverá a la mesa en las próximas negociaciones. Seguramente, esa será una prueba de fuego para la expresada voluntad oficial de evitar descargar el endeudamiento en los sectores más necesitados.

De todos modos, el otorgamiento de un bono de $5.000 resulta un paliativo por dos meses para las jubilaciones más bajas, sobre todo para el casi 50% de lxs jubiladxs que perciben la mínima. En el mismo sentido, el otorgamiento de $2.000 para los beneficiarios de la Asignación Universal no modifica la situación estructural, pero es un aliciente que seguramente se destinará al alicaído mercado interno.

Del dicho al cepo

La gestión de Cambiemos arrancó con la liberación del mercado de cambios, decisión a la que dotó de un cierto aire épico al denominarla “levantamiento del cepo”. 

Esa liberalización posibilitó una fuerte devaluación que llevó a que la moneda norteamericana haya aumentado más del 550% en los 4 años de la presidencia de Macri, posibilitando -al mismo tiempo- una fuga de divisas de niveles insólitos: se fueron del mercado argentino más de u$d 97.000 millones (según estimaciones de CIFRA-CTA), cifra comparable al endeudamiento total tomado por el gobierno cambiemita.

Luego de las últimas elecciones, el gobierno anterior terminó poniendo restricciones a la compra de divisas más duras que las que encontró al asumir, en medio de un escenario de caída de reservas en el Banco Central y una palpable incertidumbre sobre la posibilidad del país de hacer frente a los pagos externos.

El nuevo gobierno mantuvo el cepo y agregó un impuesto a la compra de divisas extranjeras para atesoramiento y a los pagos en el exterior. La decisión implicó un inmediato aumento del dólar “blue”, aunque hasta el momento se mantiene por debajo del precio oficial sumado al impuesto.

Impuestos

En cuanto a la política tributaria,  el gobierno ha adoptado algunas decisiones tendientes a una mayor progresividad,  aunque sin afectar a la estructura general del sistema. 

La reposición o aumento de retenciones a la exportación constituye una de las principales rupturas respecto de la política económica del macrismo; éste había eliminado la casi totalidad de esos gravámenes (sólo mantuvo la de la soja, aunque en menor valor) y sólo ante la debacle fiscal decidió reinstalarlas, aunque en proporciones reducidas y con «trampa»: efectivamente,  por decreto 799/18 fijó retenciones del 12%, pero en la misma norma estableció un tope de $4 por dólar ($3 para productos industriales), por lo que el porcentaje efectivo era menor e iba disminuyendo a medida que el peso se fue devaluando.  Al final del período calbiemita, los derechos de exportación quedaron limitados a un 6,67% (por el dólar mayorista a $59).

En primera instancia,  el gobierno de Fernández eliminó ese tope artificial, pero manteniendo en líneas generales el esquema de 2018; ya con la Ley de Solidaridad aprobada en el Congreso,  se estableció un aumento en los derechos de exportación para la soja al 33%, con un tope de 5% para economías regionales. 

Respecto de la minería y la industria petrolera, la ley fijo derechos del 8%, por debajo de otros sectores aunque algo mayor a lo que tributaban con el tope en pesos.  Esta decisión tiene aristas que no se reducen al cómputo fiscal: implica un aliciente a la producción en rubros que frecuentemente conllevan daños y conflictos ambientales, y cuya explotación está mayormente en manos extranjeras. 

Este combo podría significar un aumento en la recaudación de más de u$d 2.000 millones, según estimaron desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

El impuesto que más impacta en términos de recaudación es el IVA; es, también, profundamente regresivo,  ya que impacta con iguales montos a toda la población, sin importar las diferencias de ingresos. El gobierno de Macri había dispuesto una baja temporal en el porcentaje de ese gravamen para un conjunto de bienes de consumo masivo y esencial. Esa decisión se produjo en el marco de la campaña y estaba previsto que terminara con el año.

El impacto de esa medida en los precios no fue significativo; ahora,  el gobierno de Fernández restableció parcialmente el impuesto en los bienes que estaban exceptuados, con la salvedad de la leche. Con toda probabilidad,  el nuevo esquema traerá subas de precios, a pesar del compromiso enunciado por productores de absorber parcialmente el costo del tributo. 

En cuanto al llamado “Impuesto Solidario” para la compra de dólares o con tarjeta, afecta al sector de la población que realiza viajes al exterior, que -según estimó CEPA- representa alrededor del 4% del total. Este tributo es menor para la adquisición de servicios digitales -como Netflix, AirBnB, Spotify, servidores de juegos, hosting, etc.

La Ley de Solidaridad también restituye las alícuotas del impuesto a los Bienes Personales, un tributo que apunta a una porción de la sociedad con grandes propiedades, aunque la definición de los distintos tramos puede terminar afectando a sectores de ingresos medios. Los porcentajes de este gravamen habían sido disminuidos por el macrismo, favoreciendo a los más acaudalados de nuestra sociedad. 

Están alcanzados por el impuesto en cuestión quienes poseen bienes por valor superior a los $2.000.000, sin contar la vivienda propia (en tanto ésta esté valuada en menos de $18 millones). 

La novedad en la nueva norma es que faculta al poder ejecutivo a aumentar esta tasa para los bienes que estén en el exterior, y a disminuirla si esos bienes son repatriados.

Un sector que se verá beneficiado con las modificaciones dispuestas en la ley es el de tenedores de depósitos bancarios en pesos, quienes dejarán de pagar impuesto a las ganancias por los beneficios que obtuviera en ellos. Esta medida apunta a favorecer las operaciones financieras en pesos, siendo poco significativo su impacto en la recaudación. 

En resumen

Las primeras medidas económicas del gobierno de Alberto Fernández ponen el centro en la sostenibilidad fiscal y la negociación de la deuda externa; en ese marco, se han tomado algunas medidas que apuntan de carácter redistributivo, aunque el alcance de las mismas se revelará en el futuro y en función del proceso de negociaciones con el FMI y otros acreedores y la evolución de la economía real.

Uno de los puntos que aún está por definirse es el de la política salarial, donde el gobierno apunta a definir incrementos por decreto, antes que dejar librado a las paritarias y la puja redistributiva.

No pasará mucho tiempo hasta que los lineamientos económicos sean interpelados por la realidad cotidiana de las mayorías; y los sectores a la derecha del espectro seguramente adecuarán sus discursos para volver a erigirse en la alternativa política. 

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