Amplio Rechazo a la extranjerización de tierras en Misiones

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Cámara de Representantes de Misiones
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De a poco, las decisiones del gobierno nacional han ido conformando espacios de oposición transversales a los agrupamientos políticos. Las movilizaciones contra los tarifazos y la marcha por el trabajo del 7 de agosto fueron instancias que ningún sector político puede arrogarse de manera individual.

El decreto presidencial que facilita la extranjerización de tierras rurales también generó respuestas plurales, especialmente en regiones donde el problema de la propiedad de inmuebles en manos extranjeras es particularmente notorio.

Este es el caso de Misiones, que en 2011 tenía el 13,9% de las tierras en manos foráneas. El informe del Registro Nacional de Tierras Rurales emitido entonces, señalaba que la provincia mesopotámica era la que tenía el mayor porcentaje, seguida de Corrientes, Catamarca, Salta y La Rioja.

La Cámara de Representantes de Misiones aprobó el jueves pasado por amplia un proyecto del diputado Vogel (Frente Renovador) por el cual pide a los legisladores nacionales de esa provincia que solicite al Poder Ejecutivo que deje sin efecto el Decreto 820/2016 que reglamenta la Ley de Tierras 26.737.

El decreto cuestionado flexibiliza los requisitos para la compra de tierras por parte de extranjeros, y cambia los criterios para considerar como tales a personas jurídicas.

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Para ilustrar las consecuencias concretas que traerá la aplicación del decreto en Misiones, los legisladores señalaron que la chilena Arauca (ex Alto Paraná) ya posee 250.000 hectáreas en la provincia, que representan el 7,5% del total de la superficie provincial.

La ley de tierras, aprobada por amplia mayoría en diciembre de 2011, prohibe que tierras que incluyan cuerpos de agua puedan ser adquiridas por extranjeros; el decreto firmado por Macri posibilita la compra con la sola presentación de un certificado emitido “por un profesional idóneo” en el que se asegure que los terrenos no contienen cuerpos de agua.

Florencia Gómez, directora del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (GAJAT) adviritó también que el decreto posibilita que tierras pasen a manos extranjeras mediante la compra de acciones de una empresa propietaria de inmuebles. Gómez también explicó que si -por ejemplo- un extranjero quisiera comprar algunas hectáreas a la vera del Moconá, si el Estado no se expide en contra en un lapso de 10 días, quedaría automáticamente habilitado para la operación.

Otro aspecto que resaltó la especialista es que una empresa puede adquirir hasta 20.000 hectáreas asegurando que se trata de la formación de una zona industrial, sin que operen las restricciones establecidas por la ley.

El proyecto de comunicación fue aprobado con el voto del Frente Renovador, Frente para la Victoria, Vanguardia Radical, Cultura y Trabajo, y el Partido Agrario y Social. La UCR se mantuvo en silencio y el PRO cuestionó que se objeten las medidas del gobierno nacional; no obstante, el órgano puso de relieve la amplia oposición a esta medida de Macri, que afecta a la soberanía y a los recursos estratégicos del país.

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