Una Masacre que encaja con la política oficial

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San Miguel del  Monte es un pueblo pequeño, ubicado 110km al sur de la Ciudad de Buenos Aires. Según el censo 2010, su población apenas superaba lo 21.000 habitantes.

En ese escenario donde -como dijo un vecino a una cámara- todos se conocen, una desaforada y violenta persecución terminó con la muerte de 3 adolescentes de 13 y 14 años,  y de un joven de 22. Otra adolescente se encuentra en estafi crítico.

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Las primeras pericias señalan que la policía disparó contra el auto en el que viajaban los 4 menores y el conductor de 22 años. Se comprobó, además,  que una de las víctimas tenía un disparo de 9mm en su cuerpo.

En las últimas horas se conoció que la persecución policial comenzó a más de 15 cuadras del lugar del accidente y que se encontraron casquillos y proyectiles correspondientes  a las armas de dos de los policías detenidos.

Una versión de fuentes policiales había asegurado que los uniformados habían dado la orden de alto y que dispararon porque los jóvenes no acataron. Que tal explicación parezca justificatoria a los autores no sólo los ubica fuera de normas básicas sobre el uso de armas de fuego, sino que constituye un señalamiento hacia las máximas autoridades políticas.

El relato trae a la memoria una expresión de Macri, en la reunión de gabinete del 28 de noviembre de 2017. Allí, según dio cuenta Clarín,  el mandatario dijo que «Hay que volver a la época en la que dar la voz de alto significaba que había que entregarse». Sus palabras no fueron en abstracto: apenas dos días atrás una bala disparada por un efectivo de la Prefectura había causado la muerte del joven Rafael Nahuel.

Ya hay 13 policías apartados por esta masacre. Se sumó también una denuncia contra la policía por extorsión contra Anibal Suárez,  el joven que manejaba el auto y a quien los uniformados habrían coimeado antes. De comprobarse esto, mostraría una práctica policial que ya llevó a la muerte en otros casos.

Hoy habrá una marcha desde el Congreso a partir de las 17. La sociedad tiene un deber para con Gonzalo Domínguez,  Camila López,  Danilo Sansone y Anibal Suarez, víctimas mortales de esta masacre; por Rocío,  que lucha por su vida en el Hospital El Cruce; y por las numerosas víctimas de la violencia institucional y el gatillo fácil.

 

 

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