Un censo revela la realidad del asentamiento Ampliación Parque La Vega

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En el asentamiento de Ampliación Parque La Vega hay más de 340 familias, provenientes en su gran mayoría de otras zonas de la propia ciudad.

Desde mayo de este año, cientos de familias ocuparon un predio abandonado en la zona sur de la ciudad de Salta, colindante con el barrio Ampliación Parque La Vega.

Desde entonces, diversos medios de comunicación han difundido opiniones y declaraciones de vecinos que responsabilizan a las familias asentadas por situaciones de inseguridad. También se reproducen discursos que aseguran que nadie vive realmente en el predio en cuestión y que sólo van allí ocasionalmente, afirmaciones que contradicen las versiones anteriores pero tienen en común con aquellas la estigmatización de las personas que limpiaron el lugar e instalaron carpas precarias a modo de vivienda. Como ocurre con otros asentamientos, es común leer y escuchar que se trata de personas que «en realidad no viven allí», que «sólo buscan que les den terrenos gratis», que «no trabajan», que «son delincuentes» y hasta se les adjudica fastuosas propiedades.

Hay esperanzas en el asentamiento de Ampliación Parque La Vega. Foto: María Alaniz

Quienes se acercaron físicamente al lugar (algunos medios alternativos, organismos de derechos humanos, etc.) observaron una realidad muy diferente: mujeres solas que prefirieron vivir en la extrema precariedad antes que seguir padeciendo violencia de género; familias numerosas que no pudieron seguir haciendo frente a un alquiler; trabajadoras y trabajadores informales que perdieron el sustento en el marco de la pandemia; y niños, muchos niños.

Algo que caracteriza a las visiones dominantes y estigmatizantes es la falta de datos concretos que sustenten las afirmaciones. Esa carencia también aqueja a los organismos del Estado que tienen entre sus funciones la de generar soluciones para los problemas habitacionales.

Esa carencia quedó cubierta ahora, al menos parcialmente, merced a una investigación realizada in situ por un equipo de la Universidad Nacional de Salta (UNSa).

Encomendados por la Facultad de Humanidades de la UNSa, y bajo la dirección de la cátedra Seminario de Antropología Urbana y con la colaboración de la cátedra de Sistemas Operativos de la Facultad de Ciencias Exactas, un grupo de investigadoras y estudiantes llevaron adelante un «Relevamiento Social Asentamiento Parque La Vega». El trabajo se encaró como respuesta a una solicitud elevada por las familias del lugar, quienes plantearon la necesidad de contar con información obtenida por un organismo público independiente e imparcial. En el mismo sentido, el Consejo Directivo de la Facultad mencionada consideró que «la producción de información construida con criterios científicos y éticos sobre problemáticas sociales resulta un insumo indispensable para el desarrollo de políticas públicas».

Luego de que los organismos pertinentes evaluaran favorablemente los protocolos sanitarios que se adoptarían en el trabajo -que se desarrolló en el contexto de la pandemia-, el equipo integrado por investigadorxs, estudiantes y graduadxs de la UNSa diseñó la investigación, que recopiló información en el terreno durante los días 7, 8 y 10 de noviembre. El trabajo también incluyó la recopilación de documentación diversa y de tomas satelitales de la zona, lo que permitió reconstruir el proceso previo a la ocupación y disponer de vistas de la evolución del propio asentamiento.

Mediante la realización de un censo, entrevistas a «informantes clave» y el empleo de otras técnicas habituales en las pesquisas antropológicas, el equipo de investigación comprobó que la realidad difiere sustantivamente de los estereotipos del imaginario punitivista.

En el informe -al que tuvo acceso ANCLA- se revela que en el lugar estaban viviendo 346 familias (o «unidades domésticas», como precisa el informe) de las cuales casi las tres cuartas partes tiene al frente a una mujer (el 74,27%). En total se censaron 1207 personas, de las cuales 537 son niñxs. El terrenos tiene una superficie total de alrededor de 1,3 hectáreas, y antes de que fuera ocupado era «un yuyaral» donde se arrojaba basura y servía como ámbito para múltiples actividades ilícitas, según los testimonios obtenidos por el grupo de investigación.

Las condiciones en las que viven son extramadamente precarias: «La mayoría de las viviendas consisten en carpas precarias de polietileno o en algunos casos casillas de madera y plástico», y en muchos casos albergan a 2 o hasta 3 grupos familiares. En algunos casos también se emplearon «chatarra de hierro, latas, cartones, banners de campañas políticas». Estas construcciones improvisadas se asientan en un terreno irregular de tierra y ripio, que se anega con las lluvias.  No cuentan con ningún tipo de servicio: ni luz, ni agua, ni cloacas. El «tratamiento de excretas» se realiza mediante letrinas, muchas de las cuales están colmatadas y fueron construidas con los mismos materiales que las viviendas.

Respecto de los motivos que impulsaron a las familias a arriesgarse a vivir en circunstancias tan precarias, el trabajo encuentra que el «hacinamiento previo en casa de familiares, la falta de ingresos suficientes para pagar un alquiler y la violencia de género o relaciones conflictivas previas» fueron las causas más mencionadas.

Más del 80% de lxs adultxs que aportan ingresos a sus unidades domésticas «poseen trabajos eventuales o temporarios, sin ningún tipo de cobertura social». Hay albañiles, electricistas, peluquerxs, vendedores ambulantes, etc. Algunos están ocupados actualmente, pero otros (el 21% del total) está tratando de conseguir trabajo. Ese cuadro, al que la pandemia empeoró gravemente, explica otro dato relevante: la mitad de las familias contabilizan ingresos de $16.000 o menos, cifra por debajo del límite de indigencia ($21.573 para una familia de 4 miembros, según publicó el INDEC para noviembre de este año)

«Las condiciones ambientales del asentamiento no reúnen los requisitos mínimos de un espacio saludable», señala el documento en relación con el «precario tratamiento de excretas y basuras son fuente de contaminación permanente». La investigación constató la carencia de provisión de agua potable y electricidad en el predio, así como las condiciones extremas en las que viven desde hace más de 7 meses. Cabe señalar que los testimonios de los habitantes del predio dieron cuenta de que el servicio público de recolección de basura se niega a trasladar los residuos del lugar.

El informe termina recomendando que «atender de manera urgente la situación habitacional de las familias del Asentamiento Parque la Vega».

Esperanzas

El censo se realizó luego de que lxs vecinxs plantearan su necesidad ante una delegación de la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo, el sindicato docente universitario ADIUNSa y la Agrupación de Mujeres y Disidencias Beatriz Perosio entre otras representaciones. Las familias del asentamiento consideraban que sería valioso contar con un relevamiento independiente, que no fuera parte del conflicto, y que contara con el aval de algún organismo oficial.

Parte del informe preliminar presentado a lxs vecinxs

Luego de contactos informales -en los que participó el gremio mencionado-, lxs vecinxs presentaron un pedido ante la Facultad de Humanidades de la UNSa, dando origen al diseño y el desarrollo formal de la investigación.

Entre tanto, tanto legisladores provinciales como nacionales se habían manifestado a favor de la realización de un censo que permitiera conocer con precisión la cantidad de familias que ocuparon el predio así como las condiciones de las mismas. Los organismos del Estado provincial, sin embargo, no realizaron ningún avance en ese sentido.

El miércoles 30/12, integrantes del equipo llegaron al predio para entregar el informe preliminar, el que fue recibido con alegría por los representantes de las distintas unidades que integran el asentamiento.

El último día del 2020 lxs vecinxs difundieron un comunicado resaltando la importancia de la información relevada, y manifestando la necesidad de que «la población y el Estado conozcan nuestra realidad en base a un estudio hecho con seriedad y responsabilidad».

Recién comienza un nuevo año. Las 346 familias esperan que este relevamiento sirva para que el Estado finalmente arbitre mecanismos para que accedan al derecho humano a una vivienda digna.

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