Tres de Febrero: Gatillo fácil y doctrina criminal

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Diego Cagliero murió por las balas policiales. El permiso de asesinato policial se cobró 7 vidas jóvenes en una semana.

Asesinato de jóvenes por la policía, cobertura mediática que intenta justificarlo, apoyo del gobierno y  amenazas contra familiares: el combo se repite, revelando que las muertes de jóvenes a manos de policías no se constituyen casos aislados; y que el incremento en los casos de violencia extrema de parte de las fuerzas de seguridad cuenta -como mínimo- con la tolerancia oficial.

El fin de semana pasado, el escenario de la muerte por acción estatal se ubicó en Tres de Febrero, partido de la provincia de Buenos Aires. Allí la policía persiguió a una camioneta en la que viajaban 8 personas; los efectivos rodearon al vehículo en un operativo “tenaza” y dispararon.

Las balas policiales mataron a Diego Cagliero, de 30 años. vecino de la localidad de Martín Coronado.

Los medios instalaron rápidamente la versión de que se había tratado de un ataque comando contra un supermercado, que el grupo habría robado una cantidad imprecisa de dinero y que huyeron en una camioneta, que fueron perseguidos por la policía y que se produjo un tiroteo. Según denuncia la familia de Diego, no se encontraron casquillos en la camioneta en cuestión, no hay vídeo que muestre el supuesto robo, y la versión del tiroteo se sustenta en armas que podrían haber sido “plantadas” por los propios efectivos.

Marcha pidiendo justicia por Diego Cagliero. Foto compartida por la Asociación de Fomento Martín Coronado

La prensa habló de “enfrentamiento”, se refirió como “delincuentes” o “malvivientes” a quienes iban en la camioneta. La muerte también contó con cierto aval en las redes sociales, desde cuentas que festejan crímenes cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad y manifiestan su odio hacia determinados sectores de la población y ciertas conductas que desprecian. Clarín, ejemplo recurrente del rol de la prensa hegemónica, puso en el título que hubo “un ladrón muerto”, e ilustró con fotos de un revólver y una pistola que habrían sido encontradas en poder del grupo.

Corresponde señalar también el discurso legitimador de la violencia del intendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela, quien días después de la muerte del joven seguía festejando que las cámaras de seguridad y el monitoreo municipal habían permitido “que el operativo cerrojo detenga a los que robaron el Súper Día”. No destinó palabras a los familiares, ni dejó resquicio en su discurso para esperar que los hechos se determinen de manera precisa. Y ningún medio señaló esas omisiones. En cambio, el jefe comunal sí tuvo espacio para elogiar reiteradas veces a la gobernadora María Eugenia Vidal.

Detrás del silencio mediático queda la vida de Diego, sus estudios en la Universidad, la música fuerte y comprometida de su banda «Payaso Ortopedia», su pareja embarazada de 5 meses; sus amigxs y conocidxs coinciden en recordarlo riendo, “poniéndole onda”, compartiendo poesías e inquietudes. La instalación de la violencia estatal necesita privar a las víctimas de estos rasgos sensibles, humanos, cotidianos y entrañables. 

La banda musical que integraba Diego Cagliero

Ayer hubo una marcha desde el Anfiteatro de Martín Coronado, en la parte central de Tres de Febrero, hasta la Comisaría 5° Eufrasio Álvarez. Una multitud participó del pedido de esclarecimiento, que mostró a una madre reclamando justicia, aunque mañana la provincia no la «deje entrar a trabajar», según expresó ante el vallado policial.

Yamila, hermana de Diego, denunció poco después que recibió una llamada desde la propia comisaría para advertirle que tienen todos sus datos, que se los habían pasado de la Cochería en la que velaron al joven.

Este hecho se suma al fusilamiento de Maximiliano Adrián Rosasco y Jimena Daiana Gramajo, acaecido en Rosario luego de una persecución policial, y al de los 3 adolescentes y un joven fallecidos en San Miguel del Monte.

En sólo una semana, la violencia policial se cobró 7 vidas jóvenes, sin que desde el gobierno se intentara siquiera una disculpa, una autocrítica, una expresión de voluntad democrática. Por el contrario, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich se limitó a responsabilizar sólo al grupo de policías que actuó en San Miguel del Monte, pero ratificando la defensa del protocolo que habilita a los policías a disparar según su propio juicio y sin que medie ni siquiera una orden de alto.

En la Argentina no existe pena de muerte. Ningún magistrado, por ningún delito puede imponer semejante condena. Sin embargo, la política oficial alienta a que los efectivos de las fuerzas de seguridad se transformen en súbitos jueces inapelables, capaces de privar de la vida a cualquier persona.

Si no se pone freno a esta doctrina criminal, la muerte seguirá siendo noticia, amparada por las plumas mercaderes de los medios hegemónicos.

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