Se cae una causa armada contra mapuches

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El juez Martín O’Connor absolvió a Ivana Huenelaf y a otras cuatro personas por el delito de atentado agravado contra la autoridad. La lectura del fallo puso de relieve la endeblez de los argumentos de la fiscalía.

El 10 de enero del año pasado se desarrolló una violenta represión contra la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, la misma que sufriera la invasión de gendarmería en ocasión de la desaparición de Santiago Maldonado. Terminado el operativo de las fuerzas de seguridad, un grupo de personas se acercó a la comunidad para interiorizarse de la situación y brindar colaboración. Por pedido de miembros de la comunidad mapuche, Ivana Huenelaf, Gustavo Jaime, Javier Salvador Ruiz Huenchupán, Daniela Berenice González y Jorge Buchile salieron en busca de unos caballos que daban por perdidos.

El grupo se encontró con un camión Fiat IVECO sin identificación ni patente, en el que transportaban a los animales requeridos; lo manejaba una persona de civil. El grupo de acusados intentó frenar la marcha del camión

A partir de allí, las fuerzas de seguridad construyeron una versión según la cual los cinco imputados agredieron a los policías con armas y bombas molotov. Sin embargo, no quedaron testimonios materiales de la agresión referida, por lo que el Juez no pudo dar entidad a la acusación de atentado  a la autoridad agravado.

Ivana Huenelaf
Ivana Huenelaf

En la consideración del magistrado, la fiscalía a cargo de Oscar Oro, no aportó ninguna evidencia concluyente de que los acusados tuvieran conocimiento de que los caballos habían sido requisados como parte de un operativo legal; de hecho, tampoco se aportó el instrumento legal que -supuestamente- ordenó el secuestro de los animales. En cuanto al ataque violento referido por la acusación, no se aportaron evidencias materiales: la agresión con armas de fuego, bombas molotov, y piedrazos, deberían haber quedado huellas. Curiosamente, no se preservaron las condiciones del camión de modo que fuera posible realizar el peritaje correspondiente.

En palabras de O’Connor «resulta evidente que una agresión con armas de fuego y bombas molotov suele dejar impronta», más aún si -como relató la parte acusadora- se produjeron impactos en el camión. Las pericias sobre el vehículo se hicieron casi dos meses después, y los rastros de disparos observados no se condicen en absoluto con el relato realizado por los policías que viajaban en el interior del camión.

A partir de los elementos valorados (que pueden escucharse en Kalewche FM), el Juez resolvió la absolución «por el beneficio de la duda» de todos los imputados por el delito de atentado a la autoridad agravado. En cambio, Jorge Buchile fue sancionado con una pena de 10 meses de prisión en suspenso por «resistencia a la autoridad».

Lo que surge inmediatamente de la lectura del fallo es que un operativo de tanta relevancia como un allanamiento contra una comunidad indígena incluyó al menos un vehículo sin identificación (de hecho, ni siquiera en condiciones legales de circular), personal actuando de civil, sin presentar la orden que avalaría la requisa de elementos o animales (en caso de que tal orden haya existido). Además, las narraciones y las fotos difundidas por la comunidad señalan que los efectivos destrozaron viviendas y golpearon a niñxs y mujeres (véase el artículo de La Tinta)

Por otra parte, los propios acusados denunciaron haber sido víctimas de torturas y amenazas por parte del personal policial, incluyendo simulacros de disparos y afirmaciones de que había comenzado «la caza de indios». Sobre estas denuncias, la justicia no avanzó y el gobierno directamente ha elegido desconocerlas.

El caso pone en cuestión la forma en que operan las fuerzas de seguridad, avalados e impulsados por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, en contra de las comunidades mapuches.

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