Salta: recurso de amparo contra el DNU que permite que la policía disponga arrestos

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El DNU 255/20 firmado por el gobernador Gustavo Sáenz otorga al jefe policial la potestad de dictar resolución sobre posibles infracciones al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio o que hubieran desobedecido «órdenes legítimas» de las fuerzas de seguridad.

Dicha norma permite que la autoridad de la fuerza de seguridad disponga la privación de la libertad de una persona sin que la misma tenga posibilidad alguna de defenderse, siendo obligada a esperar bajo arresto el resultado de una eventual apelación.

Frente a esa medida, la Mesa de Derechos Humanos de la provincia, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y los comisionados electos para el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Justicia salteña solicitando que el Poder Ejecutivo se abstenga de aplicar el DNU en cuestión, al que consideran «inconstitucional».

En un comunicado conjunto, las entidades señalaron que «la imposición de una pena privativa de libertad como la que establece el DNU 255/2020 de Salta, constituye, en primer lugar, una violación al derecho a la libertad ambulatoria. Pero, además, se trata de una medida que, por su extensión y por la inmediatez en su aplicación, genera riesgos graves y concretos sobre la seguridad personal, la integridad física y la salud de las personas». También advierten que la norma permite al jefe de policía «detener, juzgar, sentenciar y aplicar la pena de arresto a las y los presuntos infractores. No prevé la intervención del poder judicial para controlar la legalidad de la detención, ni la figura del defensor o defensora».

Los organismos destacan que el Decreto cuestionado «viola la garantía del juez natural y el debido proceso legal, específicamente en lo que hace al ejercicio pleno del derecho de defensa».

Cabe recordar que la misma norma establece penalidades para quienes violen la cuarentena, pasando por sobre lo estipulado en el marco del Código Penal.

El comunicado referido lleva las firmas del Centro de Estudios Legales y Sociales, Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet, Comisión de Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales de Salta, H.I.J.O.S. Salta, Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo, y
Liga Argentina por los Derechos Humanos.

Las organizaciones invitan a la ciudadanía a suscribir la presentación.

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