Salta: poner freno a la violencia policial

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Organismos de Derechos Humanos de la provincia de Salta se reunieron ayer con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Ayer se convirtió en ley el decreto del gobernador que permite a la policía detener y sancionar sin control del poder judicial, norma que nunca fue debatida en la legislatura.

Raquel Adet y Elena Rivero (Asociación Coca Gallardo, integrante de la Mesa de Derechos Humanos) exponen ante legisladores provinciales

El rol de la policía en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio volvió a poner en agenda la violencia institucional a partir de varios casos que tomaron estado público.  El DNU provincial 255/20 convalida la arbitrariedad policial y -pese a las denuncias por inconstitucionalidad- quedó finalmente convertido en ley luego de que transcurrieran 90 días sin que fuera considerado por la legislatura.

Representantes de la Mesa de Derechos Humanos de Salta se reunieron ayer con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la provincia.

Del encuentro participaron también dos de las víctimas de la violencia policial, quienes relataron detalles y consecuencias de la acción de los uniformados.

Elena Rivero, integrante de la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo, contó a ANCLA que los legisladores afirmaron su compromiso de analizar en el recinto el Decreto en cuestión, y a designar el representante por la Cámara Baja ante el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Registro estremecedor

Un hombre perdió un ojo en la localidad norteña de General Ballivian, luego de que policías lo golpearan y le dispararan desde corta distancia; otro hombre sufrió una grave herida en la pierna durante el violento desalojo de un terreno en la zona sudeste de la capital salteña; una mujer denunció que fue ahorcada y golpeada por personal femenino, hecho ocurrido en la zona Oeste de la ciudad. Estos son algunos de los 16 casos registrados en un informe elaborado por Pensamiento Penal Salta y la agrupación H.I.J.O.S., al que tuvo acceso ANCLA, y que fue entregado a los legisladores por los organismos.

El «Informe de Registro de Casos Violencia Institucional durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio» detalla 17 casos ocurridos entre el 19 de marzo y el 23 de junio. Sin embargo, en los primeros párrafos aclara que «el universo de casos es mayor» ya que sólo algunos hechos se denuncian, por lo que la lista no puede ser exhaustiva.

Integrantes de la Mesa de Derechos Humanos de Salta estuvieron en la Legislatura provincial

Los autores contrastan la situación en la provincia con las «Recomendaciones en el marco del control del cumplimiento del Decreto 297/2020» emitidas por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Al respecto, lso autores recuerdan que el objetivo de la intervención policial es «garantizar que las personas que se encuentran circulando sin estar debidamente autorizadas, retornen inmediatamente a sus hogares», algo que se contradice con el hacinamiento de detenidxs en comisarías y que tampoco habilita al uso de la fuerza como la han ejercido los efectivos en numerosas circunstancias.

El texto enfatiza la falta de respuesta de los poderes públicos ante las sucesivas denuncias: «en ningún caso hubo una respuesta rápida y eficaz de parte de fiscales y jueces para investigar y sancionar estos hechos», señala.

Los autores destinan un apartado al cuestionado DNU 255/20, recordando que los organismos de Derechos Humanos entablaron una acción de amparo colectiva ante la Corte Suprema de la provincia, pidiendo al tribunal que ordene al Poder Ejecutivo que se abstenga de aplicar la norma y se restituya el Estado de Derecho.

La inacción de los distintos poderes, sumado a la decisión dilatoria de la Corte Suprema, habilitan a la continuidad de las conductas cuestionadas por parte de las fuerzas de seguridad.

Es en ese marco que se elaboró el informe, con el objetivo de «contribuir a generar una agenda necesaria y urgente para la construcción de una Política de Seguridad Democrática, inclusiva y tuitiva de los derechos humanos, porque el Estado Social y de Derecho así lo exige».

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