Salta: los superpoderes policiales en la mira

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La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó un hábeas corpus preventivo y colectivo por las denuncias por violencia policial en la provincia. Hubo violenta represión en la ciudad de Orán.

La presentación fue realizada por el titular de la Secretaría, Horacio Pietragalla Corti, y el Director de Políticas contra la Violencia Institucional de la misma cartera, el Dr. Mariano Przybylski.

Represión a puesteros del Abasto en Orán

El organismo nacional receptó numerosas denuncias de violencia policial, muchas de las cuales se cuentan detenciones arbitrarias realizadas en el marco del Decreto 255/2020 dictado por el gobernador Gustavo Sáenz y recientemente convertido en ley sin que haya sido considerada en la legislatura provincial. Sobre la norma cuestionada, la Secretaría advierte que se aparta de los lineamientos plasmados en el DNU nacional N° 297/2020  por el cual se estableció el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, destacando que las potestades que allí se establecen para las Fuerzas de Seguridad tienen por objetivo «evitar la propagación del Covid-19, propiciando el menor contacto posible entre personas».

En la presentación se solicita la intervención de la justicia para declarar la inconstitucionalidad del Decreto 255/20, (ya convertido en Ley 8191), ordenar al gobierno de la provincia que se adecue a las recomendaciones nacionales en cuanto al funcionamiento de las fuerzas de seguridad, y que se abstenga de dictar normas que «cercenen aún más el derecho a la libertad ambulatoria de los ciudadanos».

Represión en Orán

Esta mañana se produjo un nuevo caso que pone en tela de juicio las amplias potestades otorgadas a la policía salteña en el marco del Aislamiento Social.

En la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, ubicada en el norte de la provincia (unos 280km al Norte de la capital salteña), la policía reprimió con balas de goma y gases a puesteros del mercado del Abasto.

La semana pasada, el Comité de Emergencia dispuso el cierre del lugar con el fin de adoptar medidas de salubridad. La decisión dejó sin fuente de ingreso a numerosas familias, que decidieron arriesgarse a abrir los locales.

La policía desalojó el predio con violencia, llevándose detenidxs a 8 puesterxs, que están acusados de » violar las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia en concurso real con atentado contra la autoridad agravado», según consignó la radio La 10 de la localidad norteña. La violencia de la acción de los uniformados quedó expuesta en videos caseros distribuidos por las redes sociales.

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