Salta: Levin será juzgado por delitos de lesa humanidad

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La Corte Suprema revocó el fallo de la Cámara que favoreció al empresario Marcos Levin, condenado en primera instancia por delitos de lesa humanidad. Había sido el primer empresario condenado por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.

En primera instancia, Levin y tres policías habían sido condenados por el secuestro y las torturas contra el delegado gremial Víctor Manuel Cobos. Casación anuló la sentencia considerando que no se trataba de delitos de lesa humanidad, lo que ahora fue revisado por el máximo tribunal.

Con la firma de los jueces Lorenzetti, Maqueda y Highton, la Corte Suprema revocó la sentencia dictada por la sala III de la Cámara Federal de Apelaciones que había anulado la condena dictada en primera instancia contra el empresario Marcos Levin por delitos de lesa humanidad..

Marcos Levin
Marcos Levin

En marzo de 2016, el Tribunal Oral Federal 1 de Salta había condenado a Levin por ser partícipe necesario en la privación ilegítima de la libertad y las torturas contra Víctor Cobos, dirigente gremial en La Veloz del Norte: dicha empresa era propiedad del acusado al momento de los hechos. La denuncia original contemplaba otros casos, pero la justicia federal salteña entendió que los mismos constituían delitos «de índole patrimonial» y no de lesa humanidad.

Esa condena fue anulada en octubre del año pasado por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, interpretando que no correspondía calificar a los delitos como de lesa humanidad. La integración del tribunal de marras (Gemignani, Riggi, Mahiques) hacía esperable una decisión así.

Posteriormente, la misma Cámara desestimó los recursos extraordinarios presentados por la querella y por la Fiscalía, negando que los mismos exhibieran fundamentos suficientes.

El Fiscal Raúl Pleé recurrió entonces a la queja ante la Corte Suprema para que sea ésta la que resolviera sobre el tema.

Críticas al fallo de la Cámara

El máximo tribunal abordó el análisis señalando que la Cámara de Casación consideró que las torturas y las privaciones ilegítimas que habrían sufrido un grupo de trabajadores se originaban en una denuncia contra éstos por supuesta defraudación, entendiendo que ese origen tornaría al caso en ajeno a la comisión de delitos de lesa humanidad. Al respecto, Lorenzetti, Haighton y Maqueda recordaron que en muchos casos se encubrieron delitos de ese tipo mediante pretextos como la «averiguación de antecedentes» o delitos contra la propiedad, por lo que tales circunstancias no pueden «precluir u obturar de antemano» el análisis acerca de si los hechos pueden constituir delitos de lesa humanidad y -por ende- deben ser juzgados en el fuero federal.

Respecto de la sentencia de la Cámara de Casación, los jueces supremos consideraron  «particularmente criticable» que hayan resuelto sin valorar «que algunos de los detenidos refirieron también haber sido interrogados por su actividad política y gremial», y en referencia a la actividad política de otras personas.

El fallo de la Corte Suprema también recuerda que en la documentación interna y secreta de las fuerzas militares se señala como enemigos no sólo a quienes integraban organizaciones armadas sino también a «quienes llevaban a cabo actividades gremiales y sindicales».

En consecuencia, la Corte dispuso la revocación del fallo que había anulado la condena de Levin, disponiendo la competencia de la justicia federal salteña para continuar a cargo del caso.

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