Salta: habeas corpus colectivo por la represión en Parque La Vega

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La Mesa de Derechos Humanos de Salta interpuso una acción de Habeas Corpus colectivo en defensa de las familias reprimidas anoche.

La violenta represión desatada anoche contra las familias se encuentran en los terrenos fiscales conocidos como «San Calixto» y «Extensión Parque La Vega» (zona sur de la ciudad de Salta) llevó los organismos integrantes de la Mesa de Derechos Humanos a buscar un recurso legal que ponga freno a la violencia institucional.

La acción legal busca prevenir que el Estado realice cualquier acción que «lesione, restrinja, amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías constitucionales» de quienes habitan en los terrenos en cuestión.

Los organismos también pidieron que «se ordene al Gobierno de la Provincia de Salta de forma inmediata asegure la provisión de los bienes necesarios para una vida digna», señalando que en el lugar han quedado numerosas personas heridas y familias con niños viviendo en extrema precariedad.

Vainas que testimonian la represión en la zona sur de la ciudad de Salta

En los antecedentes de la solicitud, el texto señala que unas 1.800 familias están viviendo desde hace 4 meses en los terrenos fiscales en cuestión. También recuerdan que está en marcha un proceso de mediación con el gobierno provincial, a cargo del fiscal Horacio Córdoba Mazuranic, en el marco del cual se había acordado que no habría medidas contra las familias. Además, el gobernador había anunciado que se haría un relevamiento para conocer la situación de los pobladores.

A pesar de ello, en la noche de ayer -25 de agosto- se desató una violenta represión policial que no contó con orden judicial ni advertencia previa a las familias. El operativo fue masivo y dejó numerosas personas heridas en la espalda, lo que demuestra que fueron alcanzado cuando intentaban huir de la acción de los uniformados. Además, la represión llegó hasta el merendero montado en el lugar, donde había mujeres embarazadas y niñxs.

Los organismos aportaron las versiones periodística de diversos medios, así como testimonios de hombres y mujeres que sufrieron la acción represiva.

En la fundamentación se hace referencia a los Convenios Internacionales que la Argentina suscribió, así como a las observaciones emitidas por los organismos encargados de monitorear el cumplimiento de los mismos,  y que implican obligaciones de parte del Estado de propiciar el acceso a vivienda digna y abstenerse de desalojos forzosos.

En consecuencia, los organismos piden que la justicia ordene «el inmediato mandamiento de abstención de cualquier tipo de medidas de represión en contra de aquellas personas que se encuentran demandando soluciones para acceder a una vivienda digna en los terrenos fiscales de San Calixto y Ampliación Parque La Vega», solicite al gobierno salteño un informe detallado de los hechos represivos relatados y se ordene a aquél que «asegure la provisión de bienes necesarios para una vida digna» a las familias que se encuentran en los terrenos fiscales de San Calixto y Ampliación Parque La Vega.

La presentación lleva la firma de Nora Leonard, de la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet; Nenina Lescano, de la Comisión de Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales de Salta; Celina Canela Álvarez, de H.I.J.O.S. Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio; y Elena Rivero, de la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo. El patrocinio letrado está a cargo de la Dra. María Cecilia Jezieniecki y el Dr. Martín Plaza Schaefer.

 

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