Salta: diputados a favor de dispositivos de tortura

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Dos legisladores salteños solicitaron que se equipe a la policía con pistolas Taser. Repudio de organismos de Derechos Humanos.

«Nosotros no creemos en una sociedad en donde todos los derechos los tengan los delincuentes». Con

El diputado apunta con pistola Taser (Ilustración: Colectivo Resistencia)

esas palabras, el legislador Ignacio Jarsún justificó en su cuenta de Facebook el pedido de que la provincia adquiera pistolas eléctricas Taser para su empleo por parte de la policía. La iniciativa fue presentada como proyecto de Declaración por Jarsún junto a Omar Exeni, diputado por la capital salteña. Como ocurre con otras propuestas similares, los autores no contemplan las objeciones al uso de esos dispositivos presetnadas en nuestro país y en todo el mundo.

Los impulsores no difundieron ningún estudio o fundamento que sustente que dotar de esas armas al personal policial pudiera redundar en la reducción del delito. SIn embargo, en lugar de apuntalar su propuesta con fundamentos, Jarsún usó su cuenta de Twitter para insultar a los organismos de Derechos Humanos, acusándolos de «defender a los delincuentes».

El peligro de las Taser

El uso de las pistolas Taser es controvertida en todo el mundo, pese a ser calificada como un arma «no letal». En 2007, el Comité contra la Tortura de la Naciones Unidas recomendó al Estado portugués «debería considerar la posibilidad de renunciar al uso» de estos dispositivos, ya que las consecuencias físicas y mentales de la aplicación de las mismas sobre personas puede considerarse tortura en los términos de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

En efecto, el artículo 1 del instrumento mencionado define como tortura a «todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, (…) cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia».

Existen diversos informes relativos a la letalidad potencial de la aplicación de estas pistolas. Sus defensores suelen enfatizar los estudios que constatan un menor número de muertes con relación a armas tradicionales, o que no encuentran evidencias suficientes para responsabilizarlas de efectos nocivos sobre quienes sufrieron sus descargas.

Dentro de la abundante producción sobre las consecuencias del empleo de armas de este tipo, existen artículos que reúnen numerosas experiencias y exponen sistemáticamente los resultados. Por ejemplo, en 2013, Antoni Aguilar Pallarès y otros publicaron un artículo en los Cuadernos de Medicina Forense de la Asociación de Médicos Forenses de Andalucía. Allí los autores repasan la legislación vigente sobre el tema en diferentes países, así como las evidencias reunidas hasta entonces sobre las posibles lesiones cutáneas y musculares, y los efectos sobre los sistemas neuroendocrino y cardiovascular, entre otros.

En sus conclusiones,  el investigador catalán y sus colaboradores concluyen que existen «factores de riesgo potencial (cardiopatía previa, estado de intoxicación, etc.) que pueden ser desconocidos por parte de la policía en el momento de su utilización, y que pueden poner en peligro la vida de la persona que recibe la descarga».

En 2015, Amnistía Internacional de Argentina presentó un aporte sobre el uso de armas Taser. Allí advierten que las llamadas armas menos letales (como las pistolas en cuestión) «en ciertos casos pueden prestarse intrínsecamente a abusos e incluso ser tener efectos letales». El organismo destaca que se trata de dispositivos portables, fáciles de usar y producen dolores severos sin dejar evidencias notorias, lo que puede favorecer el abuso policial.

Repudio de organismos de Derechos Humanos salteños

Las advertencias de Amnistía Internacional resultan particularmente pertinentes en una provincia donde se registraron numerosos casos de fallecimientos de personas bajo custodia policial. Un año atrás, los organismos habían pedido explicaciones por los abusos de uniformados, como las muertes de Cristian Gallardo, Neri Alfonso, Jorge Farfán y Martín Carreras.

Ahora, ante la nueva iniciativa represiva, la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo y la Comisión de Familiares de Detenidos-desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales difundieron un documento en el que repudian las expresiones de Jarsún y rechazan el uso de las Taser en virtud de los antecedentes del Comité contra la Tortura de la ONU y Amnistía Internacional, entre otras.

Las entidades contrastaron su postura con la del legislador: «nosotres creemos en una sociedad equitativa, donde se resguarden los derechos de todos, sin importar su condición social, creencias religiosas, ideología política, sexo, y donde todes puedan acceder a una vivienda digna, puedan estudiar, trabajar sin ser explotados, alimentarse, ¡recrearse! y realizarse como personas», expresaron.

En otra parte del documento, se recuerda la muerte de una persona en Colombia, luego de recibir numerosas descargas consecutivas de una Taser de manos de la policía. Advierten que el uso discrecional de este tipo de dispositivos  «en manos de unas fuerzas de seguridad que han demostrado ser propensas al maltrato y la tortura y poco respetuosas de los derechos humanos, es impensable. Unas fuerzas a cargo de un militar negacionista y pro dictadura, donde la picana, que al igual que las Taser, realizan descargas eléctricas sobre las personas y, además las Taser no dejan marcas».

El comunicado termina invitando a otras organizaciones de Derechos Humanos a rechazar el uso de estas armas y sumarse al repudio a la propuesta de Jarsún y Exeni.

Proyecto de adquisición

El diputado Gustavo Orozco presentó un proyecto para adquirir las Taser. Según declaraciones vertidas ante Telefé Salta –reproducidas en el sitio de FM Profesional- «vale la pena pagar» los 550 u$d que cuestan estas armas, justificando su propuesta en las numerosas muertes que sufriría la policía.

Quizás el legislador tendría una óptica diferente si esas armas hubieran estado en manos de los efectivos cuando él mismo estuvo detenido durante cuatro meses bajo la acusación de «torturas y vejámenes». En aquel entonces, Orozco se desempeñaba como policía.

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