Radican en Córdoba denuncia contra Añez por delitos de lesa humanidad

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La Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares de Córdoba, Argentina, presentó una denuncia por delitos de lesa humanidad contra la presidenta autoproclamada de Bolivia, Jeanine Añez.

Presentación ante la Justicia Federal de Córdoba (Foto tomada de la página de Facebook de la Mesa de Trabajo por los DDHH)

En el día de ayer se presentó ante el Juzgado Federal N°2 de Córdoba una denuncia por delitos de lesa humanidad contra la presidenta autoproclamada de Bolivia, Jeanine Añez. La acusación alcanza también a los funcionarios designados por la senadora, dirigentes opositores al gobierno de Evo Morales -Luís Fernando Camacho, Carlso Mesa y Marco Pumari- y las máximas jerarquías de la policía y del ejército de la República Plurinacional de Bolivia

La denuncia fue elevada por la Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares, y contó con el acompañamiento de residentes bolivianos en la provincia, organizaciones de derechos humanos, sindicatos y agrupaciones políticas; lleva la firma de Sergio Ortiz e Irina Santesteban, integrantes de la Comisión, y el patrocinio letrado del Dr. Esteban Rafael Ortiz.

La presentación ante el juzgado a cargo del Dr. Gustavo Vidal Lazcano es pertinente porque se trata de delitos de lesa humanidad para los que es aplicable el principio de Jurisdicción Universal; el texto elevado sostiene que el tribunal argentino «es competente la jurisdicción para conocer de delitos de lesa humanidad acaecidas en territorios de países extranjeros, como los aquí denunciados», señalando que ese marco está contemplado en la Constitución Nacional y en las normas nacionales que adoptaron el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional.

Los hechos denunciados

La presentación enumera una serie de hechos acaecidos luego de las elecciones bolivianas del 20 de octubre último. A partir de ese día, se sucedieron «actos de terror generalizado y sistemático en contra de las autoridades legítimamente electas y en ejercicio», como las vejaciones a las que fue sometida la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, el incendio de edificios públicos y de locales de organizaciones sociales, saqueos de vivienda -incluso la del propio Presidente-, secuestros y amenazas contra funcionarios.

Manifestantes pro golpe vejaron a la alcaldesa Patricia Arce (foto: DPA)

Se describen también las amenazas proferidas por el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luís Fernando Camacho, y por el Ministro de Gobierno de facto, Arturo Murillo; los malos tratos ejercidos contra mujeres bolivianas por el solo hecho de ser indígenas y usar polleras; y el uso indiscriminado e ilegal de armas de guerra en la represión perpetrada por las Fuerzas Armadas y la policía contra manifestaciones pacíficas, que dejaron un saldo de varios muertos en las localidades de El Alto y  Sacaba (Cochabamba).

El documento señala que estos hechos se dieron en el marco de un plan para concretar y consolidar el golpe de Estado, el cual incluyó la consagración de la impunidad para las Fuerzas Armadas responsables de la muerte de civiles, así como la instauración de una feroz censura mediante el ataque a emisoras de radio y TV, y amenazas contra periodistas locales y extranjeros.

Masacre de Sacaba (Foto: AFP)

Los delitos cometidos por la administración de facto se encuadran, según detalla el escrito, en «tentativa de homicidio calificado reiterado, homicidio calificado reiterado, de torturas, privación ilegítima de la libertad calificada reiterada, coacción calificada e incendio calificado». Estos hechos constituyen delitos de lesa humanidad «por ser parte del plan criminal instaurado por la dictadura cívico militar instalada en la República Plurinacional de Bolivia luego de las acciones de intimidación realizadas» a partir de las elecciones y continuando luego de que la senadora Añez se proclamara como mandataria.

La presentación recuerda que para este tipo de crímenes «la acción y la pena son imprescriptibles y sus
responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal».

Pruebas y oficios

La denuncia ofrece pruebas testimoniales del presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y otros funcionarios del gobierno de Morales, así como del diplomático Jean Arnault y los periodistas Mónica Pacheco, Iván Maldonado, José Aramayo, Marco Teruggi, Rolando Graña y Martín García, entre otros.

También propone considerar la declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 19 de noviembre último, los pronunciamientos de ambas Cámaras legislativas argentinas, la legislatura cordobesa, y numerosas publicaciones periodísticas que dieron cuenta de los hechos referidos.

Se solicita que se oficie a la República Plurinacional de Bolivia, a  través de la Cancillería argentina, para que se informe si existe investigación en curso sobre los delitos de lesa humanidad denunciados; también demandan que la cartera de Relaciones Exteriores informe si se ha solicitado al gobierno de facto que vele por la integridad y seguridad física de los periodistas argentinos que se encuentran trabajando en ese país.

La denuncia también pide que se cite a declarar a los acusados y que -en caso de que no comparezcan voluntariamente- se solicite la captura internacional para llevarlos ante el tribunal para la continuación del proceso.

Organizaciones adherentes

La nómina de organizaciones que acompañaron y sumaron su firma a la presentación incluyen a la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, Familiares, Ex presos políticos la Patria Grande, ciudadanos bolivianos residentes en Córdoba, La Colectiva, Casa Nuestra América, Colectivo Más Democracia, Gráficos, Ladrilleros, Partido de la Liberación, Comité Democrático Haitiano, residentes de Ecuador, TUPAC y otros.

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