Qué se vota hoy en Chile

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Desde esta mañana se desarrolla el plebiscito para decidir la aprobación o rechazo a reformar la constitución pinochettista. Qué se vota y qué esta en juego en esta jornada histórica.

Más de 14 millones 850 mil ciudadanas y ciudadanos chilenos están convocados hoy para decidir dos cuestiones: si se redactará una nueva constitución y si el eventual órgano encargado de la reforma estará conformado sólo por representantes votados a ese fin –Convención constitucional– o si se realizará mediante una «Convención Mixta». En este último caso, la redacción de la Constitución estaría a cargo de un cuerpo formado en igual proporción por legisladores en ejercicio y convencionales electos.

El país llega a esa instancia luego de las masivas protestas populares iniciadas el año pasado. Justamente hoy se cumple un año de una de las movilizaciones más masivas de la historia chilena, la «Marcha del Millón» o «la Marcha más Grande», cuya participación fue superior a 1,2 millones de personas, según admitieron las autoridades.

Desarmar la constitución pinochetista: un paso necesario, aunque no suficiente, para atender las demandas del pueblo chileno

El proceso comenzó con la protesta de estudiantes contra la suba de las tarifas de transporte público; el reclamo pronto se extendió a otros sectores y otros reclamos, alcanzando una masividad y profundidad que quedará en la historia del país. Las demandas populares pusieron en foco el sistema privado de jubilaciones (las AFP), la educación paga y elitista y la falta de acceso a la salud para gran parte de la población, entre otras demandas de larga data.  Una condición necesaria -aunque no suficiente- para avanzar en resolver las demandas es modificar la Constitución vigente, legado de la dictadura de Augusto Pinochet que sólo ha sufrida reformas menores.

El gobierno intentó desacreditar a las protestas, endilgándole actos de violencia -cuya autoría pocas veces fue esclarecida- y desplegando extensivamente el aparato represivo del Estado. En los primeros días del levantamiento popular, el presidente Sebastián Piñera habló de «guerra» contra un «enemigo poderoso que no respeta a nada ni a nadie»; luego buscó responsabilizar de la situación a «fuerzas extranjeras», cuya intervención habría sido comunicada -según el mandatario- por el Departamento de Estado norteamericano. Por su parte, organismos de inteligencia produjeron o adoptaron algunos de los informes más bizarros de que se tenga memoria, responsabilizando a artistas locales y extranjeros (como el movimiento K-Pop), o a poderosos e hipotéticos agentes cubanos y venezolanos. Más allá de la proliferación de burlas e ironías que promovieron esas afirmaciones, no se puede soslayar que evocan a una maniobra que la dictadura pinochetista usó para justificar el terrorismo de Estado: el «Plan Zeta» que los servicios militares chilenos atribuyeron a Salvador Allende, según el cual el mandatario planeaba un «autogolpe».

Violaciones a los Derechos Humanos

En este año de protestas y organización crecientes, atravesadas por las restricciones que introdujo -o favoreció- la pandemia, miles de personas fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos. Según los cómputos del oficial Instituto Nacional de Derechos Humanos, 3.023 personas han sido víctimas de ese tipo de prácticas, y 163 ciudadanxs sufrieron trauma ocular como resultado de la represión.  El organismo presentó cientos de querellas por golpizas, disparos, desnudamientos, tocaciones y detenciones ilegales, entre otras.

La censura y la intimidación a la prensa también jugaron un rol destacado en la estrategia gubernamental. Un informe de la Fundación Datos Protegidos y el Observatorio de Derecho a la Comunicación –citado por El Mostrador– da cuenta de que en el período se produjeron 138 ataques, intimidaciones y amenazas contra comunicadores y medios de comunicación. Esas acciones incluyeron daños por el uso de armas por parte de las fuerzas de seguridad, golpizas y detenciones.

El mismo informe revela que 283 usuarios fueron víctimas de bloqueo automático de contenidos en las redes sociales.

Ya en diciembre del año pasado, la Oficina de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU concluyó que las fuerzas de Seguridad chilenas, principalmente Carabineros, habían utilizado armas no letales de manera desproporcionada, empleó perdigones con plomo y lanzó contra manifestantes sustancias químicas irritantes.

Hasta que la dignidad se haga costumbre

Las protestas continuaron a pesar de los intentos del gobierno. Éste se vio obligado, finalmente, a convocar a un plebiscito para reformar la Constitución, decisión que fue anunciada el 27 de diciembre.

El plebiscito estaba previsto inicialmente para el 26 de abril, pero el avance de la pandemia (que ya se cobró casi 14.000 vidas en el país) llevó a postergar los plazos.

A pesar de las violaciones a los derechos humanos, el control de los grandes medios por parte de los sectores de derecha, la represión cotidiana, hoy se llega a una instancia clave. La aprobación sólo significará un paso para el pueblo chileno, pero no será la conclusión de un proceso inédito.

De ganar el «Apruebo», deberá definirse cómo quiénes serán los 155 convencionales que redactarán la nueva Carta Magna. Esa contienda seguramente se articulará con la movilización popular que se ha mantenido activa contra todas las presiones.

¿Hasta cuándo continuará esta lucha?. La respuesta quizás se encuentra en una de esas sentencias acuñadas en las calles, en las «funas», en las asambleas, en la resistencia a la represión: Hasta Que la Dignidad se Haga Costumbre.

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