¿Qué se juzga con D’Elía?

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Miguel Oso Cisneros era un militante social y político muy querido en el barrio de La Boca. Fue asesinado en junio de 2004 por Juan Carlos Duarte, un hombre con abundantes antecedentes delictivos. Desde un principio se sospechó la vinculación de Duarte con la comisaría 24ª; numerosas organizaciones consideran que fue un asesinato político.

Luís D’Elía fue condenado a 4 años de prisión por el Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº6; se lo acusa por privación ilegal de la libertad y daños. La causa se originó en una protesta contra el asesinato del militante Martín Oso Cisneros en el año 2004.

Martín Oso Cisneros
El Oso Cisneros, asesinado en 2004. D’Elía fue condenado por su supuesta participación en la protesta

Cisneros participaba en la Organización social «Los Pibes» del barrio de La Boca.  Fue asesinado el día antes de que se cumpliera un nuevo aniversario del asesinato de Kosteki y Santillán, a manos de Juan Carlos Duarte.

Duarte, conocido como «gordo Juan Carlos» o «gordo Colchón», había robado unos meses antes en el comedor en el que militaba Cisneros, aprovechando el súbito cambio de ubicación de los efectivos policiales de la zona; esa supuesta coincidencia fue entendida desde el principio como una complicidad por parte de la comisaría 24ª, a cargo de Cayetano Grecco.

Días antes del asesinato, dirigentes de la Federación de Tierra y Vivienda habían denunciado a Duarte por amenazas contra Cisneros ante la misma unidad policial, que no hizo nada al respecto.

En la noche del 25 de junio de 2004, cuando Cisneros terminaba su jornada de trabajo solidario,  Duarte y un cómplice menor de edad llegaron al lugar para asesinarlo a quemarropa. Los vecinos y militantes denunciaron que hubo «zona liberada» por parte de la policía. El asesino era considerado un «buche» (informante) de la comisaría, además de un dealer que cargaba con causas por comercialización de estupefacientes.

Las organizaciones se trasladaron hasta la Comisaría para reclamar por el hecho; ante la falta de respuestas, unas cien personas decidieron ocupar la delegación policial. La toma duró hasta la mañana siguiente, cuando los ocupantes y los policías suscribieron un acta en la que dejaban constancia de que las instalaciones se entregaban sin ningún faltante.

El propio Grecco acusó a Luís D’Elía de ser el líder de esa toma. Allí empezó la causa que ahora deriva en una condena contra el dirigente de MILES y en la absolución de otros dirigentes participantes del hecho.

Las implicaciones de la condena

Luís Álvarez, de la organización social Los Pibes, consideró en una entrevista para Radio Gráfica que la decisión de la justicia de avanzar contra D’Elía y al mismo tiempo exculpar a otros dirigentes sociales tiene por objetivo dividir al campo popular.

El abogado Luis Grabois se refirió al juicio como «eminentemente político»: «no se están juzgando solamente hechos: se están juzgando posiciones políticas, culturas organizativas, clases sociales, personalidades que por ‘x’ motivos hoy resultan antipáticas». El letrado señaló las manifestaciones gestuales de los jueces, en particular las del miembro del tribunal José Martinez Sobrino, quien evidenciaba indignación ante las expresiones en defensa de los acusados y satisfacción cuando los testimonios les eran perjudiciales.

Específicamente en relación con los hechos que se analizaban, el abogado de la CTEP señaló que aún si alguna persona cometió algún delito, alguna rotura, en el marco de la protesta, no se trató de las personas acusadas; además -reflexionó- eso no quita que lo que realmente se está sometiendo a juicio es a la protesta social.

El autor material del asesinato del militante, en tanto, fue liberado en julio del año pasado.

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