Pesada herencia de la Dictadura

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Afinidades entre el Macrismo y la Dictadura sobre los derechos de lxs trabajadorxs. El ataque al sindicalismo, la desacreditación de la política como vía de transformación, la agresión a los abogados laboralistas y la prédica contra los derechos laborales reconocen un antecedente en

El gobierno puso en el tope de la agenda política la imposición de una nueva reforma laboral; cuenta para ello con el apoyo decidido de los titulares de grandes grupos económicos e integra el conjunto de «recomendaciones» del Fondo Monetario Internacional. Para instalar nuevamente el tema, ha retomado tópicos que no son nuevos, sino que en muchos casos datan de la dictadura militar.

Si bien hay muchas circunstancias que hoy mellan el Estado de Derecho (gatillo fácil, persecución de opositores, espionaje y extorsión ilegal, entre otras), hay mucha distancia entre el terror dictatorial y el contexto actual. No obstante, el gobierno encabezado por Mauricio Macri despliega estrategias  contra la actividad sindical y la protesta social que recuerdan a las que empleó el gobierno anticonstitucional de 1976 a 1983.

Gestiones afines en la cartera laboral: Liendo, Bullrich, Triaca, Sica

La justificación de la quita de derechos laborales en sus supuestos efectos benéficos para la producción va de la mano de la demonización de la actividad sindical, e incluso de la defensa jurídica de lxs trabajadorxs frente a los abusos. Cabe recordar que entre el 6 y el 13 de julio de 1977, las fuerzas de la última dictadura militar secuestraron a 11 personas en la ciudad de Mar del Plata, 6 de los cuales eran abogados laboralistas dedicados a defender los derechos de trabajadorxs frente al arbitrio patronal.

Estos crímenes fueron un emergente de algunos de los objetivos principales de la política dictatorial: la destrucción de derechos laborales, la sumisión de la clase trabajadora a los designios del capital y el aplastamiento de cualquier acción de resistencia frente a esa avanzada. Tales medidas eran (y continúan siendo) indispensables para conformar una matriz económica basada en la exportación de productos primarios y para atraer capitales mayormente especulativos.

La Dictadura contra las protección a lxs trabajadorxs

«Se puede afirmar que la dictadura se propuso cambiar las condiciones productivas en función de los intereses de los grupos dominantes, redefinir el rol del estado según la perspectiva liberal y reconstruir las condiciones de dominación a través del disciplinamiento social y la desarticulación del movimiento obrero», escribió el Doctor en Ciencias Sociales Daniel Giorgetti. Un repaso de las medidas contra el movimiento obrero y contra los derechos laborales ponen de relieve la veracidad de esa sentencia.

El mismo día del golpe, 24 de marzo de 1976, la dictadura encabezada por Jorge Videla, Emilio Massera y Ramón Agosti, sancionó y promulgó el llamado Decreto Ley 21.261 mediante el cual suspendió la vigencia del derecho de huelga prohibiendo también «toda otra medida de fuerza, paro, interrupción o disminución del trabajo o su desempeño en condiciones que de cualquier manera puedan afectar la producción». También intervino la CGT, bloqueó sus fondos, cuentas y bienes patrimoniales.

Apenas 4 días después del Golpe sancionaron el Decreto Ley de Prescindibilidad del Empleo público, la que se usó para despedir a quienes «de cualquier forma se encuentre vinculado a actividades de carácter subversivo o disociadoras».

También entre las primeras medidas, los golpistas dispusieron el desguace de la Ley de Contrato de Trabajo, prohibiendo toda medida sindical de acción directa; estas podrían considerarse como alteración del orden público, haciendo pasibles de prisión de uno a seis años a lxs trabajadorxs que las adoptaran. Además, eliminó 24 artículos y se modificaron otros 99; entre los que fueron borrados figuraba el 19, que enfatizaba el rol protector de la norma estableciendo que «las desigualdades que crea esta ley a favor de una de las partes, solo se entenderán como forma de compensar otras que de por sí se dan en la relación».

No sólo la CGT fue intervenida; el 1 de mayo, autoridades militares reconocían que había 28 sindicatos intervenidos, aunque diversos estudios muestran que la cifra es mucho mayor (léase a Liliana Zorzioli, o el trabajo de tesis maestría de Luís Campos para FLACSO). Los golpistas intentaron relativizar ese cercenamiento ante la Organización Internacional del Trabajo, señalando que sólo representaban un bajo porcentaje sobre el total.

La decisión de impedir que la actividad sindical tenga una dimensión política se manifestó en el decreto-ley de Asociaciones Gremiales (diciembre de 1979), mediante el cual prohibió que las organizaciones gremiales se involucren en la disputa política y apoyen a candidatos o partidos. Ya en las Bases del llamado «Proceso de Reorganización Nacional», los dictadores fijaron como una de las medidas inmediatas la disolución de «todo agrupamiento gremial que desarrolle actividades políticas».

En el libro Cuentas Pendientes: los Cómplices Económicos de la Dictadura, de Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky, Héctor Recalde repasó las medidas que conformaron la quita de derechos laborales y sindicales. Allí leemos que, en julio de 1976, la Dictadura eliminó sucesivamente las negociaciones colectivas (los salarios pasaron a ser determinados por la propia dictadura), las asambleas, congresos e instancias democráticas de los sindicatos.

El gabinete dictatorial incluyó una cartera de Trabajo que estuvo sucesivamente a cargo de los militares Horacio Tomás Liendo (hasta 1979) y Llamil Reston (hasta 1981).

La vigencia del ideario de la dictadura en el macrismo

En varias oportunidades, Macri se refirió a lxs abogadxs laboralistas como integrantes de una «mafia». El mandatario buscó instalar que la defensa de derechos laborales sería la causa del freno a la economía. Tales aseveraciones sólo cobran sentido intentando equiparar a el/la trabajadorx con el empresario o con el Estado, desconociendo la profunda asimetría en contra de lxs asalariadxs, algo que precisamente la legislación laboral ha tomado en cuenta.

Otro tópico reiterado en las alocuciones del presidente y de altos funcionarios es el que responsabiliza a los Convenios Colectivos de Trabajo de «debilitar los puestos de trabajo». La línea argumental es simple y coincidente con la que intentó instalar la Dictadura a punta de terror: la economía surgiría sólo a costa de trabajadorxs que deban laborar más tiempo, sin asegurar condiciones ni ambiente de trabajo adecuados (por ser «costosos» para los empresarios), y con salarios relativamente más bajos.

Macri también cuestionó el número de sindicatos existentes; en 2017, en un discurso pronunciado en el CCK, dijo que había 3.000 sindicatos, de los cuales sólo 600 firmaban paritarias. Esa cifra esconde que sólo una parte de esas organizaciones tiene el estatus legal necesario para realizar acuerdos (aquellos que tienen personería gremial) y que frecuentemente la negociación está a cargo de una entidad de segundo grado -una federación- y no de los sindicatos particulares.

Por otra parte, la gestión macrista es la que mayor número de sindicatos intervino; según un artículo de Diario Popular -referida a datos del Ministerio de Producción y Trabajo, son 23 las asociaciones gremiales que fueron intervenidas desde la asunción del gobierno.

En muchas oportunidades, el gobierno buscó desacreditar a medidas de fuerza calificándolas de «políticas». Así, frente a la huelga de junio del año pasado, el Jefe de Gabinete Marcos Peña declaró que se trataba «simplemente de un paro político».

El 20 de junio pasado, ante un auditorio de jóvenes y niñxs, el mandatario culpó a los dirigentes del sindicato de Camioneros de impedir «que se genere empleo en el país»

Las semejanzas no se agotan aquí; entre los funcionarios del gobierno actual y los de la dictadura aparecen nombres repetidos, aunque no se trata de las mismas personas. En 2016, Mauricio Macri designó en el Directorio del Banco Central a Horacio Tomás Liendo, nieto del militar que encabezó el desguace de derechos laborales durante la dictadura. En tanto, al frente del Instituto Nacional de Propiedad Industrial fue nombrado Dámaso Pardo, socio de José Alfredo Martínez de Hoz (hijo) en un estudio que asesora a empresas extranjera en la misma temática. En la Secretaría de Culto de la Nación se desempeñó Santiago de Estrada, quien ocupo la Secretaría de Previsión Social durante la dictadura.

 

Lecturas

Las leyes económicas y laborales que amputó la Dictadura. Artículo publicado originalmente en Infojus, fue dado de baja del sitio por el gobierno de Macri. Puede leerse en Avestruz.

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