Organismos reclaman explicaciones al gobierno salteño por la violencia policial

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La Mesa de Derechos Humanos de Salta exigió explicaciones al Ministro de Seguridad Carlos Oliver por los casos de violencia policial que terminaron en muertes.

Representantes de Organismos de Derechos Humanos de Salta , en la entrada de la Legislatura. Foto compartida en las redes sociales

Los organismos se presentaron hoy a la Legislatura de la provincia para pedir al titular de la cartera de seguridad que brinde explicaciones por la muerte de Cristian Gallardo, joven que falleció en una furgoneta policial cuando era trasladado a una comisaría. La Mesa de Derechos Humanos recordó que es el cuarto caso conocido en este año en los que una persona muere en manos de la policía, señalando que no se  trata de «casos aislados» sino de una política de seguridad «que da vía libre al accionar violento, que premia, ampara y encubre a los miembros que proceden de manera ilegal».

Una semana atrás, un hombre de 23 años fue detenido en su domicilio por efectivos de la Policía de Salta. Murió cuando era trasladado a una comisaría. Numerosos vídeos y audios dieron cuenta de los gritos de dolor del joven en manos de los agentes.

Se llamaba Cristian Gallardo; su hermana explicó los gritos afirmando que los policías “lo golpearon.. sin parar hasta matarlo”.

Increíblemente, la autopsia realizada sobre el cuerpo del joven no arrojó resultados concretos: la causa de la muerte quedó “indeterminada”. Mientras tanto, se conocieron imágenes de la víctima en las que se advierte un hundimiento en el cráneo. El escándalo ante ese informe fue tal que el Procurador de la provincia, Abel Cornejo, ordenó una nueva autopsia e intervino al Cuerpo de Informaciones Forenses (CIF), organismo encargado de estos estudios.

Este caso se suma a otros tres en los cuales la muerte se vincula al accionar violento de la policía local: en febrero, Jorge Farfán también murió en un móvil policial, en el marco de un operativo sobre el cual la familia señaló numerosas irregularidades; en junio, hubo dos personas que perdieron su vida durante la acción violenta de efectivos policiales: Neria Alfonso, en el Barrio de Floresta, y Martín Carreras, en el Barrio El Rosedal.

Por la muerte de Carreras fueron imputados tres sargentos (Alberto Gabriel Figueroa, Gonzalo Robustiano Delgado y Rubén Esquivel) y un cabo (José Oscar Santos); por el caso de Floresta fueron acusados el oficial Ángel Peralta, el cabo Emanuel Liendro y el agente Maximiliano Mansilla; en tanto, la fiscalía procesó por homicidio culposo contra Cristian Gallardo al oficial Ricardo José Antonio Llaves, y los suboficiales Ricardo Ezequiel López, Lucas Maximiliano Ozuna y Jorge Antonio Olea.

A continuación, reproducimos el comunicado de los organismos:

Pedido de informe al ministro Oliver: Sin responsabilidad política ante la violencia institucional.  

Los organismos de derechos humanos acompañamos a la familia y amigos de Cristian Gallardo en la legislatura provincial donde el ministro Carlos Oliver debería haber dado respuestas sobre las responsabilidades políticas en la muerte de Cristian Gallardo a manos de la policía de Salta de quien está a cargo. Sin embargo, no asumió responsabilidades e insistió con la teoría de los “casos aislados”. Los aumentos de los casos de gatillo fácil y los procedimientos que terminan con muerte antes de “trasladar al demorado” dan por tierra a esta hipótesis: Martin Carreras (B° El Rosedal), David Neri Alonso (V° Floresta) y Jorge Farfan (B° Santa Ana) entre los últimos casos. 

No son casos aislados es la política de seguridad provincial que da vía libre al accionar violento, que premia, ampara y encubre a los miembros que proceden de manera ilegal violando todos los derechos y garantías constitucionales. Para muestra los cuatros efectivos implicados en el homicidio de Cristian Gallardo tenían causas penales por otros hechos de violencia. Entre los cuales hay hechos de violencia de género, situación que se extiende a varios miembros de la fuerza.

 

Exigimos que el gobierno provincial tome medidas concretas para controlar la violencia institucional, que asuma las responsabilidades políticas por el accionar de la policía y que la justicia sea implacable a la hora de juzgar a los asesinos de Cristian Gallardo.

¡Justicia y verdad por Cristian Gallardo! ¡Ni un pibe menos!

Control social de las fuerzas para una seguridad democrática sin violencia institucional.

MESA DE DERECHOS HUMANOS DE SALTA

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