La envidia de Pato Bullrich

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Crecen en Sudamérica las iniciativas que otorgan impunidad a los crímenes cometidos en la represión. 

No se trata de una «casualidad permanente» como dijo alguna vez el ex presidente argentino Carlos Menem: en Sudamérica, la respuesta de los gobiernos ante las protestas masivas de la población adoptan un perfil cada vez más represivo, profundizando la violación de los Derechos Humanos.

Una pionera en este tipo de normas de inmunidad fue la dictadura boliviana Jeanine Añez, quien emitió el Decreto Supremo 4078 por el cual todo efectivo que intervenga en la represión «estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad»

Piñera, Añez y Bolsonaro

Esta semana, el presidente chileno Sebastián Piñera envió un proyecto de ley para habilitar la participación del ejército en la «protección de infraestructura crítica». La propuesta contempla la «exención de responsabilidad penal» para los efectivos que participen en esas tareas. Dicho de otro modo, no podrán ser condenados por los crímenes, torturas o lesiones que ocasionen en el marco de la represión. 

Un camino similar ha iniciado el presidente brasileño Jair Bolsonaro,  quien envió al congreso un proyecto de ley que propone extender la «exclusión de ilicitud» para integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad que intervengan en operaciones de «Garantía de Ley y Orden»; se trata de ampliar las circunstancias en las que la comisión de hechs normalmente delictivo quedan exentos de culpabilidad penal.

El gobierno brasileño ya había presentado una propuesta similar a través del Ministro de Justicia, Sergio Moro; el mismo planteaba que no se considerara punible el exceso en el uso de la fuerza cuando el mismo se originara en  «miedo, sorpresa o emoción violenta». El proyecto fue mayoritariamente rechazado por el Grupo de Trabajo que lo analizó en la Cámara de Diputados.

En Argentina,  el gobierno de Macri -a través de su Ministra Patricia Bullrich- también avanzó en asignar una mayor intervención a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior; además,  impulsó la impunidad de los efectivos mediante la llamada «doctrina Chocobar» y la decisión de otorgar «carácter de verdad» a la versión de los uniformados, como ocurrió en el asesinato de Rafael Nahuel en 2017. Sin embargo, el gobierno saliente no logró incorporar completamente esos planteos en la legislación.

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