Jujuy: La tierra para quien la explota

En la madrugada de ayer la policía jujeña, junto a topadores de una empresa, comenzaron un desalojo violento de la comunidad indígena de Tusca Pacha y la Asociación de agricultura familiar San Marcos de los Alisos.

El operativo se desarrolló en las primeras horas del día sin que se exhibiera orden judicial alguna, ocasionando la destrucción de trabajos de siembra que llevaba adelante la comunidad y deteniendo a Rosa Gutiérrez, militante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) e integrante de la comunidad agredida.

Máquinas y policías contra una comunidad indígena campesina. Imagen del operativo compartida en redes sociales

La organización campesina denunció que el desalojo contó con el aval del fiscal especializado  Walter Hugo Rondón, quien fue designado en septiembre último por el gobierno de Gerardo Morales pese a los cuestionamientos realizados por distintos sectores debido a las numerosas causas abiertas que tiene en la justicia (más de 40, según mencionó El Expreso de Jujuy).

En la acción intervinieron máquinas de la inmobiliaria Sucre SRL, que es la empresa que demandó judicialmente a la comunidad y que tiene como apoderados a Simón Gronda y Alfredo González. El primero de ellos fue señalado como familiar del Secretario de Asuntos Municipales del gobierno jujeño, Javier Gronda.

Normas ignoradas

El MNCI denunció que el fiscal Rondón, el Ayudante Lavilla, la Policía jujeña y la inmobiliaria SUCRE violaron la ley, ya que se encuentra vigente la Ley 26.160 (prorrogada hasta el año 2025) que suspendió los desalojo de comunidades indígenas que habitan en sus tierras tradicionales, así como el Protocolo para el Abordaje en Conflictividades de tierras y comunidades Indígenas del Ministerio de la Acusación, que establece mecanismos previos a disponer desalojos. En el mismo sentido, Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES)  cuestionó el avance de las fuerzas de seguridad y la empresa sobre terrenos «que la familia Maraz ha trabajado y cuidado por décadas». El organismo también destacó que «en días de feria judicial» el juez hizo «caso omiso a la ley n° 26.160», al tiempo que criticó al poder judicial que aborda el problema como si se tratara de una toma de tierras, con lo que «deslegitima el reclamo comunitario y los derechos de las comunidades indígenas que son reconocidos por nuestra Constitución Nacional en el Artículo 75, inc. 17 y a través de la ratificación del Convenio 169 de la OIT».

Liberan

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