Histórica condena

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó que el Estado Argentino delimite y entregue a tierras a comunidades indígenas de Salta, y disponga medidas para preservar y recuperar el medio ambiente.

Existen diversas normas que reconocen la propiedad comunitaria de los territorios que ocupan ancestralmente las comunidades indígenas del norte salteño. Pero la realidad es que no pueden hacer uso efectivo de esa propiedad, ya que sufren la destrucción del ambiente por la tala ilegal, la cría de ganado, las alambradas dispuestas por criollos, entre otras alteraciones que comprometen a las condiciones de subsistencia en esas regiones. El Estado, por su parte, no brinda los medios para que los indígenas hagan efectivos sus derechos, e incluso los avasalla disponiendo de obras y medidas que no cuentan con el conocimiento ni la aprobación de aquellos a quienes les corresponde el ejercicio de la propiedad comunal.

El jueves último, luego de casi 30 años de litigios, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo histórico a favor de las comunidades indígenas del norte salteño, reunidos en la Asociación Lhaka Honhat (nuestra tierra). El Estado Argentino deberá asegurar en un plazo de 6 años que las tierras en cuestión estén bajo posesión efectiva de las comunidades, y establecer medidas para asegurar el acceso al agua y remediar la contaminación.

Se trata de 400.000 hectáreas ubicadas en el Norte Salteño, limitando con Bolivia y Paraguay.

En los términos de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Estado argentino «es responsable por la violación del derecho a la propiedad… en perjuicio de las 132 comunidades indígenas» y de «la violación a los derechos a participar en la vida cultural, en lo atinente a la identidad cultural, al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua» y «por la violación al derecho a las garantías judiciales».

En consecuencia, el tribunal internacional decidió otorgar un plazo de 6 añosal Estado argentino para realizar la delimitación del territorio, entregar el título de propiedad correspondiente, trasladar a la población criolla del lugar, retirar el ganado y las alambradas existentes además de realizar estudios y definir acciones para asegurar el acceso al agua y remediar la contaminación.

Se trata de un fallo histórico del tribunal internacional, que por primera vez considera el derecho a un medio ambiente sano y a la identidad cultural, así como el deber de consultar a las comunidades para la realización de obras en sus territorios, a las que deberán prestar consentimiento «libre e informado»; también tuvo en cuenta los derechos al agua y a la participación en la vida cultural.

El fallo completo puede leerse en la Web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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