Fronterita a la impunidad

Download PDF

44 trabajadores del ingenio tucumano La Fronterita fueron víctimas de delitos de lesa humanidad en un período en el que la empresa registró un importante incremento de la producción, beneficiándose su patronal del aplacamiento de los reclamos de sus empleados.

Por esos delitos estaban procesados los administradores del ingenio José Alberto Figueroa Minetti y Camilo Bergero, junto a los directores Carlos Alfredo Allende Pinto, Alfredo José Martínez Minetti, Fernando Cornú De Olmos y Eduardo Butori. Esta semana, el juez Daniel Bejas los benefició dictando la «falta de mérito», considerando que la demostrada colaboración con los hechos represivos por parte de la conducción de la empresa estuvo sólo motivada por el temor.

El fiscal de la causa, Pablo Camuña, explicitó en su cuenta de Twitter (@PCamuna) un argumento clave al que apeló el magistrado: «el juez equiparó la situación de estos poderosos empresarios con la de las víctimas secuestradas en centros clandestinos de detención».

La Fronterita

El ingenio La Fronterita fue fundado en 1923 y pertenece a la firma Minetti & Cía. Ltda S.A. Está ubicado en el Departamento de Famaillá, al sudoeste de la ciudad de San Miguel de Tucumán.

En febrero de 1975 se instaló un destacamento militar dentro del predio del ingenio. Allí se asentó la Fuerza de Tarea Rayo, unidad desplegada en el marco del llamado «operativo Independencia». Desde ese año funcionó en una construcción del Ingenio el Centro Clandestino de Detención «Conventillos de La Fronterita».

Conventillo La Fronterita, foto compartida por el fiscal Camuña en Twitter

En el informe «Responsabilidad Empresaria en Delitos de Lesa Humanidad. Represión a Trabajadores Durante el Terrorismo de Estado», publicado en el año 2015 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el CELS y la FLACSO, contabilizaba que «Al menos 25 obreros de la empresa fueron víctimas de lesa humanidad, en un rango temporal que ocurrió entre el 13/06/1974 y el 20/09/1976».

El propio CELS informaba en abril del año pasado que las acusaciones sobre las autoridades de la empresa  se referían a la colaboración en delitos cometidos contra 68 personas, de las cuales 44 trabajaban en el ingenio; 51 estuvieron detenidas dentro del predio, 11 sufrieron torturas y están desaparecidas hasta ahora y dos fueron encontradas entre los restos del Pozo de Vargas, lugar ubicado en Tafí Viejo (Tucumán) donde fueron enterrados los  restos de numerosas víctimas de la de la represión ilegal.

La nómina de víctimas incluye a varios integrantes del Sindicato de Obreros de Surco y Fábrica del Ingenio, entidad adherida a la combativa Federación FOTIA; ese sólo dato evidencia que los propietarios del ingenio fueron beneficiarios de la brutal represión ilegal de la Dictadura, desarmando la organización sindical.

Uno de los desaparecidos es Fidel Jacobo Ortiz, quien fuera electo como Secretario General del Sindicato cuando los obreros lograron por primera vez garantizar elecciones limpias, sin trampas de la burocracia que estaba anteriormente al frente y sin la injerencia directa de los directivos del ingenio. Ortiz fue secuestrado dos veces, en ambas oportunidades desde la vivienda que el propio ingenio le proporcionaba.

El sindicato liderado por Ortiz fue protagonista de una gran huelga del sector en 1974; la actividad gremial se enmarcó en una visión clasista, por lo que también la organización obrera se expresó en solidaridad con los trabajadores de la fábrica Grafanor (Bunge y Born), que intentaba ampararse en el Pacto Social impulsado por el gobierno para imponer condiciones.

La empresa prestó colaboración esencial para que se cometieran los crímenes contra los trabajadores; según Camuña, el ingenio proveyó a la represión del control del espacio físico usado, prestó vehículos para los operativos (algo similar a lo ocurrido en Ledesma) y brindó información clave sobre los trabajadores. Además, La Fronterita fue aportante del Fondo Azucarero instaurado por el genocida gobernador tucumano Antonio Domingo Bussi.

Al mismo tiempo, la empresa pudo disminuir su dotación de personal y obtener ganancias que le permitieron incluso expandirse, adquiriendo el ingenio de Bella Vista.

Algunos antecedentes de Daniel Bejas

Daniel Bejas está al frente del Juzgado Federal N°1 de Tucumán desde 2010, cuando el Senado prestó acuerdo a su designación, siendo designado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, ya se desempeñaba en ese puesto como subrogante.

Daniel Bejas. Foto compartida por Tucumán a las 7

En los primeros años tuvo a su cargo causas relevantes sobre delitos de lesa humanidad, en particular la del Operativo Independencia iniciado en 1975, en la que imputó a Jorge Rafael Videla (entonces jefe del Ejército) y a Mario Benjamín Menéndez, y rechazó procesar a María Estela Martinez de Perón, quien firmó como presidenta el decreto que inició el operativo.

En febrero de 2015 rechazó llamar a indagatoria a César Milani, entendiendo que hasta ese momento no había suficientes motivos como para inculparlo, apelando a argumentaciones que recordaron la llamada «obediencia debida», perspectiva que en su momento aseguró la impunidad de muchos partícipes de delitos de lesa humanidad.

El juez que entiende en la causa ya había tomado decisiones en favor de un empresario acusado por crímenes de lesa humanidad. En 2017, la Cámara Federal de Tucumán revirtió la decisión de Bejas de no llamar a indagatoria a Jorge Daniel Farrall, quien había sido acusado por su hermano de haber participado en diversos hechos relacionados con el Terrorismo de Estado bajo el amparo del III Cuerpo de Ejército que conducía Luciano Benjamín Menéndez.

En marzo de este año tomó notoriedad por su pedido de determinación de paradero de Susana Trimarco, madre de Marita Verón, en el marco de la investigación sobre el destino de fondos girados por la Nación para la asistencia a víctimas de trata de personas.

La decisión sobre los empresarios de La Fronterita va en contramano de los avances sobre este tipo de casos, según señaló Camuña. El fiscal también destacó los cientos de testimonios y miles de fojas de prueba sobre el rol de los directivos.

La fiscalía adelantó que apelará.

About ANCLA Agencia de Noticias y Comunicación

View all posts by ANCLA Agencia de Noticias y Comunicación →

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *