Escenas de la política habitacional de Gustavo Sáenz

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La mañana transcurre bajo un cielo gris que apenas contrasta con el plástico, las lonas, las pancartas de elecciones pasadas, las telas de arpillera, y otros materiales que envuelven las construcciones precarias donde sobreviven unas 1.200 familias. Están allí desde mayo pasado, ocupando un terreno ubicado al sur de la ciudad de Salta junto al barrio San Remo.

El predio entero se extiende apenas una hectárea, y está flanqueado por vallas metálicas blancas custodiadas por policías. 

En ese lugar, la noche del 25 de agosto último la fuerza de seguridad provincial reprimió violentamente con balas de goma y gases. Se viralizó la foto de una de las víctimas del accionar uniformado, exhibiendo múltiples heridas en su espalda, una evidencia irrefutable de que los disparos no tuvieron como objetivo repeler ningún ataque sino agredir a personas que intentaban huir.

Cientos de vainas y cartuchos que testimonian la brutalidad de la represión del 25 de agosto pasado. (Foto: María Alaniz)

Para conocer cómo están viviendo estas familias, cómo se organizan y qué expectativas tienen, ANCLA llegó hasta el predio acompañando a organismos de Derechos Humanos y del sindicato docente universitario ADIUNSa, cuyas delegaciones llevaban donaciones solidarias.

Poco antes de llegar al lugar, llama la atención un enorme edificio escolar que ocupa un predio varias veces mayor al que ocupan el millar de familias: se trata del colegio privado Santo Tomás de Villanueva, institución privada perteneciente a la Orden de San Agustín. No se trata de un dato de color: las 3 hectáreas donde se asienta el establecimiento fueron donadas por la Municipalidad de Salta en 2016, cuando el actual gobernador fungía como intendente capitalino.

Ya en la entrada al predio, los efectivos apostados junto a las vallas comenzaron a tomar fotografías a los recién llegados; y unos minutos más tarde, una oficial principal solicitó el nombre y la filiación de cada unx.

La recepción estuvo a cargo de uno de los delegados del asentamiento, quien condujo al grupo de recién llegados por entre los refugios elementales, donde asomaban las caras de niños y mayores resistiendo al frío renovado de la mañana.

Casi en el medio del predio se ubica el merendero, un espacio comunitario donde lxs vecinxs se turnan para preparar comida. Allí se recibieron las donaciones, las que fueron registradas de manera pública.

Los referentes acondicionaron un espacio para conversar con los visitantes. Allí se sentaron integrantes de la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo, ADIUNSa y la Agrupación de Mujeres y Disidencias Beatriz Perosio, para escuchar de boca de los protagonistas los avatares de la toma de tierras que desnuda, una vez más, el alarmante déficit habitacional de la provincia norteña.

Organización colectiva

Si estos hechos hubieran ocurrido en otro momento, seguramente el mate hubiera acompañado a locales y visitantes. Pero los tiempos extraños de la pandemia limitan los gestos fraternos arraigados en las clases populares. En cambio, apenas llegados al merendero, varias manos se encargaron de ubicar paquetes sobre una mesa y limpiarlos. La lavandina y los barbijos ocupan un lugar en el paisaje que meses atrás hubiera sido inimaginable.

La sala de enfermería del asentamiento (Foto: María Alaniz)

Hay 2860 personas en el lugar, de los cuales más de 800 son niñas y niños. El número surge de un censo que hicieron los propios pobladores, para mantener la organización en el lugar y para realizar gestiones ante las autoridades provinciales y municipales.

Muchas familias participaron anteriormente en otras ocupaciones de tierra, pero nunca obtuvieron una vía de solución de parte de las autoridades. Pero esa experiencia previa y la necesidad acuciante condujo al colectivo a dotarse de organización.

La voz de dos referentes (Yutiel y Santiago), dibujan con certeza la breve historia del asentamiento:

Fue la pandemia la que dejó a muchos “fuera del sistema”. No poder salir a trabajar, no poder vender, hizo imposible alquilar a quienes antes lo hacían, o conseguir un lugar donde vivir a quienes no tenían dónde albergarse.

Las familias se distribuyen en sectores, cada uno de los cuales tiene 4 responsables. Además del merendero, hay una sala de enfermería, donde enfermeras y estudiantes de enfermería dan asistencia a quienes presentan problemas de salud.

No tienen luz ni agua. Las únicas instalaciones sanitarias con las que cuentan son letrinas. Cocinan y combaten el frío con leña que compran o les donan. En medio de esas carencias, es notorio el esfuerzo por adoptar medidas contra la propagación del virus. Se han procurado alcohol en gel y lavandina, llevan barbijos y evitan dar la mano. Tienen previsto que, si alguien manifiesta síntomas, deberá aislarse. Pero además, muy poca gente entra o sale del predio. Cuentan que algunos jóvenes sufrieron maltrato y golpes de la policía cuando fueron identificados en los barrios vecinos.

Conocedoras y conocedores de los estigmas que parte de la sociedad propaga contra quienes no tienen vivienda, el colectivo se ocupó de entrada de erradicar del lugar a quienes vendieran estupefacientes, Tampoco permiten la entrada de bebidas alcohólicas.

Contra la prédica mediática, muchas vecinas y vecinos colaboran con las familias asentadas; son pocos los que manifiestan hostilidad, la que -según expresaron- tiene que ver con la política: quienes están con Sáenz están en contra del asentamiento.

La amenaza del fuego

Mientras se desarrollaba la conversación, se escucharon gritos y corridas que llegaban de una de los refugios cercanos. Se había producido un incendio -un accidente tristemente común en asentamientos precarios-, que puso a prueba los reflejos organizativos: rápidamente alejaron a lxs niñxs y despejaron vías de salida para una eventual evacuación. Desde distintos lugares se movilizaron personas llevando agua, un bien preciado y escaso, logrando sofocar las llamas.

Una vez más, la acción colectiva fue la herramienta indispensable para conjurar un peligro mayor.

Sin respuestas

Poco después de que las familias se instalaran en el lugar, desde el Ministerio Público Fiscal de la provincia se inició una mediación entre aquéllas y funcionarios del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

Hasta el momento, esa gestión no arrojó ningún resultado. En el asentamiento aseguran que el fiscal a cargo, Horacio Córdoba Mazuranic, sólo pasó una vez por el lugar sin siquiera descender de la camioneta.

Los referentes de la toma presentaron el listado de familias ante el organismo provincial, pero la nómina fue desestimada. Solicitaron entonces que el Estado sea quien desarrolle un censo que establezca de manera transparente la situación de todas y cada una de las familias presentes; al colectivo le preocupa mostrar que es la necesidad de vivienda la que los llevó a esta situación. Los funcionarios tampoco hicieron nada con esa propuesta.

La provincia lanzó este año el plan “Mi Lote”, mediante el cual se otorgarían entre 10.000 y 12.000 lotes hasta el año 2023. Esta iniciativa tampoco fue de ayuda para estas familias, ya que la inscripción es sólo virtual y carecen de conectividad. Además, el gobierno dispuso que “los ocupantes ilegales de terrenos no podrán participar en los sorteos” de ese plan.

La represión

La mediación de la justicia incluía una orden de “no innovar” para que avancen las negociaciones. Sin embargo, esa medida parece valer sólo para el asentamiento, ya que la policía reprimió brutalmente el 25 de agosto y ningún funcionario judicial se acercó desde entonces para constatar la situación.

El masivo despliegue policial se desató luego de un entredicho entre efectivos que se encontraban en una de las vallas y una mujer que quería ingresar al predio con cartones. La situación derivó primero en un forcejeo y luego en golpes hacia la mujer, lo que motivó que algunxs vecinxs intervinieran.

Ese hecho menor sirvió de disparador para que numerosas unidades iniciaran la represión. Llegaron patrulleros y fuerzas de infantería, ithacas  con balas de goma, perdigones y gases lacrimógenos.

En el lugar quedaron cientos de vainas y cartuchos, e incluso se encontró una bala de plomo.

Los niños sufrieron particularmente el efecto de los gases, que invadió los refugios precarios e incluso el merendero donde se habían reunido varias mujeres. La represión también afectó a casas próximas al asentamiento, que sufrieron roturas de vidrios. 

Los referentes contaron que después de aquella noche se acercaron a las viviendas cercanas para pedir disculpas y ofrecerse a hacerse cargo de los daños causados. De parte de las autoridades, en cambio, no hubo disculpas ni explicaciones, a pesar de que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó una denuncia contra el accionar de las fuerzas de seguridad, la que quedó radicada en la fiscalía de Derechos Humanos de la provincia.

 

La toma del sur capitalino es una más de las que se desataron en medio de la pandemia. El problema no es nuevo: en Salta se calcula que existe un déficit habitacional de 70.000 viviendas.

Políticos y medios masivos insisten en una prédica represiva, tan ajena a las verdaderas carencias de miles de personas como atenta a los intereses de los grupos más poderosos.

En el asentamiento advierten el peligro de esos discursos. No fue casual que varios vecinos recordaron amargamente las palabras de Sergio Massa pretendiendo quitar los beneficios del Estado a quienes se ven obligados a procurarse de cualquier forma un lugar para vivir.

Si desde las máximas autoridades no se impulsan planes efectivos y sustentables para brindar soluciones al déficit habitacional, el riesgo de una mayor escalada represiva estará a la orden del día.

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