Embestida terrateniente

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En la misma semana de la brutal represión en Guernica, la policía de Río Negro desalojó violentamente a unas 40 familias que ocupaban un predio reclamado por la Asociación Tiro Federal.  El senador Weretilneck pide aumentar las penas a quienes participan en tomas.

En la misma semana en la que se concretó el desalojo de unas 1500 familias que ocupaban un terreno reclamado por un negocio inmobiliario de élite, en Río Negro la policía ejecutó la orden judicial de expulsar a unas 50 familias asentadas desde junio último en un predio ubicado detrás del Polígono de Tiro de General Roca/Fiske Menuco.

Foto: Juan Thomes, Diario Río Negro

El predio en cuestión fue cedido a la Asociación Patriótica Tiro Federal a comienzos de la última dictadura, cuando el Mayor Marcelo Fernando Zárraga oficiaba como interventor del municipio. Cabe recordar que en septiembre de 2019 Zárraga fue condenado a 5 años de prisión por delitos de lesa humanidad. La cesión en cuestión fue cuestionada por el abogado de las familias, Miguel Ángel Zeballos, precisamente por la falta de legitimidad constitucional de la autoridad que dispuso la misma.

El operativo estuvo a cargo del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescates de la policía rionegrina, desplegando topadoras para destruir las construcciones precarias que albergaban a las familias, y dejando un saldo de al menos 12 personas detenidas, incluyendo al abogado de las familias allí presente. También dos comunicadores del medio Dar la Nota sufrieron golpes y fueron detenidos por los uniformados.

La orden de desalojo fue dictada por el juez Gustavo Quelín y contó con la presencia de la fiscal jefa Graciela Echegaray, el fiscal del caso Ricardo Romero y la fiscal adjunta Natalia Pascual.

Más penas contra familias sin vivienda

Mientras el Estado continúa sin propiciar medidas efectivas para solucionar el enorme déficit habitacional en todo el país, algunos legisladores optan por promover mayor dureza en defensa de los grandes propietarios de inmuebles.

El ex gobernador de Río Negro y actual senador por la provincia, Alberto Weretilneck, presentó un proyecto ante la Cámara Alta para establecer condenas de hasta 4 años de prisión a quienes participen de una toma que haya sido realizada «por parte de un grupo numeroso de personas con el fin de generar un asentamiento de viviendas». La iniciativa apunta, además, a tipificar el supuesto delito de «organizar» ocupaciones, para cuyos autores prevé condenas de entre 3 y 6 años de prisión.

El legislador también apuntó contra las comunidades indígenas, al proponer que las penas sean aún mayores para quienes «injustificadamente derechos tradicionales sobre las tierras», en evidente alusión al reclamo que las mencionadas comunidades realizan en base a la legislación vigente y el derecho internacional. La iniciativa elude cualquier consideración a mecanismos para establecer la pertinencia de la invocación de los derechos aludidos, lo que brindaría un arma legal a quienes procuran expulsar a comunidades indígenas para impulsar negocios inmobiliarios.

La propuesta se enmarca en los desalojos en Guernica y General Roca/Fiske Menuco, en la cautelar dictada a favor de los hermanos Etchevehere que permitió expulsar a los trabajadores del Proyecto Artigas en Entre Ríos y en otros fallos emitidos por jueces de distintas jurisdicciones en contra de familias sin vivienda.

La pandemia acentuó el déficit habitacional en el país, impidiendo que muchas familias pudieran abonar un alquiler o procuraran una vivienda digna con medios cada vez más escasos. La justicia y los gobiernos han optado por preservar a la fuerza la gran propiedad privada antes que buscar soluciones reales a una situación social agravada. Esas soluciones no pueden garantizarse de un día para el otro; pero la decisión de expulsar de inmediato a familias del lugar precario que pudieron agenciarse sólo contempla el derecho (a veces pobremente fundamentado) de los más poderosos.

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