El gobierno porteño deberá garantizar el agua en los barrios populares

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En medio de la pandemia de COVID-19 y la escalada del dengue, hay barrios populares en Buenos Aires sin provisión de agua potable desde hace más de una semana. El juez Otheguy ordenó al gobierno porteño que elabore un plan de contingencia para suministrar agua a granel.

Entrada a Villa 31. Foto de Roberto Fiadone, bajo GNU GFDL 2.1.

En el Barrio Padre Mugica (31 y 31 bis) y en la 1-11-14, se confirmaron más de 200 casos de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. En esos barrios, la cantidad de habitantes por vivienda y la falta de recursos económicos para poder paliar necesidades básicas, tornan imposible cumplir con el aislamiento social de manera similar a otros barrios. A eso se sumó la deficiencia en la provisión de agua potable en Padre Mugica, donde muchos vecinos sufren falta de servicio o baja presión desde hace dos semanas.

Una de las principales medidas para limitar la propagación del coronavirus es el aseo frecuente, fundamentalmente el lavado de manos; la falta de provisión de ese servicio, del cual el Estado es responsable, conlleva un agravamiento del riesgo para la población.

En ese marco, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA junto a diversas organizaciones sociales y sindicales, presentó hace un mes un recurso de amparo para que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires garantice «el acceso regularizado y formal al servicio de agua potable y saneamiento cloacal» a todos los barrios populares, villas y asentamientos de la ciudad. La presentación reclamaba también un plan para la provisión de esos servicios, y la elaboración de un diagnóstico participativo, entre otras demandas. La presentación quedó radicada en el Juzgado de 1ra. Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad N° 8

La jueza de turno giró el expediente al Gobierno de la Ciudad para que éste hiciera el descargo correspondiente. La administración que encabeza Rodríguez Larreta pidió que se desestimara el amparo solicitado y que el reclamo se dirigiera a la empresa AYSA, a quien atribuyó toda la responsabilidad por la falta de provisión de agua.

A su turno, la fiscalía consideró que era apropiada la presentación ante el gobierno porteño, habida cuenta de que la ley 3295 de la Ciudad, según la cual ésta «garantiza a todos sus habitantes el acceso al agua potable en cantidad y calidad suficientes para usos personales y doméstico como derecho humano fundamental». No obstante, evaluó que el amparo no era el recurso adecuado.

El juez Osvaldo Oscar Otheguy se declaró incompetente respecto de la demanda, por lo que decidió remitir las actuaciones  a la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal. Sin embargo, y tomando en cuenta que la demora en resolver pone en riesgo la salud de los habitantes de los barrios populares, resolvió dictar una medida precautelar.

En consecuencia, ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que en el plazo de 5 días «elabore un Plan de Contingencia ante posibles emergencias sanitarias que incluya un cronograma detallado para cada Barrio Popular» de entrega de agua a granel para todos los usos, en aquellos barrios donde no cuenten con suministro continuo de agua corriente. El GCBA deberá guiarse por normativas nacionales e internacionales que establecen la provisión de entre 150 y 300 litros diarios por habitante.

La medida tendrá vigente hasta que el tribunal federal correspondiente resuelva sobre la cautelar pedida en la presentación.

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