El caso Milagro Sala de cerca: repaso de algunas confusiones

Carlotto Sala
Estela de Carlotto y Milagro Sala
Download PDF

¿Pueden construirse viviendas en 45 días y rendir los gastos? ¿es lógico sobreseer a un sicario y mantener imputada a su mandante?. ¿Se han dado las condiciones legales para mantener la prisión preventiva de Sala durante tanto tiempo? Estas son algunas de las dudas que surgen al repasar noticias, afirmaciones y discursos que justifican la larga prisión preventiva de Milagro Sala. Mientras tanto. en los medios y en las declaraciones de funcionarios y políticos vuelan acusaciones y aseveraciones libres de la obligación de concordar con hechos concretos.
Aquí repasamos algunas de las afirmaciones repetidas con mayor frecuencia en torno al caso y consultamos a un abogado de activa participación en causas vinculadas a los Caso derechos humanos y ajeno a los sectores políticos directamente vinculados.

 

Carlotto Sala
Estela de Carlotto y Milagro Sala

A días de que se conozca la sentencia de un juicio en que se acusa a Milagro Sala de haber organizado un escrache (causa que de por sí pone en foco la criminalización de la protesta), la posición inflexible de las autoridades jujeñas respecto de la condición de detención de Sala se alimenta de afirmaciones que rara vez se someten a escrutinio.

Hace unos días Gerardo Morales aseguró que Sala “se robó $29 millones”. No importa que no se haya demostrado aún, no importa si esa cifra tiene sustento suficiente, en la entrevista que difundió Télam la semana pasada justificó su posición en esa certeza, la misma con la que aseguró que el presidente de la OEA hace “kirchnerismo explícito” y con la que cuestiona las “dudas” de la canciller Malcorra.

Los $29 millones y las fechas que no se cotejan

Apenas 2 meses después, según publicó El Tribuno el 15 de enero, Morales ya daba por cierto que a Milagro Sala había llevado $29 millones de un banco; al mismo tiempo se enorgullecía de haberle quitado la personería a la Tupac Amaru por haber continuado con el acampe y de haberle impuesto una multa de 100 mil pesos.

El Fiscal Miranda declaró en febrero que la plata se asignó a la cooperativa Pibes Villeros pero que “no está el dinero y no está la obra”. Diversos artículos dieron cuenta de la eficiencia con la que se construyeron obras en la Tupac Amaru, pero no parece sensato reclamar que se terminaran entre el 3 de diciembre de 2015 y el 15 de enero de 2016.

Podría ocurrir que no se haya avanzado en ese tiempo de acuerdo a un plan de obra, que debe haber sido aprobado y autorizado por algún funcionario -eso nunca pudo ser responsabilidad de Milagro Sala; si un funcionario la cedió, sigue siendo su responsabilidad-, por lo que correspondería verificar qué ocurrió con el dinero, qué se pago, qué no se pagó y en qué etapa estaba el proceso de la obra. Nada de esto aparecen en las afirmaciones de los funcionarios, que tampoco sopesan que Milagro Sala está presa desde el 16 de enero y que el dos días antes ya le habían quitado la personería a la Tupac Amaru.

Por el contrario, el Fiscal Miranda al 3 de diciembre de este año siguió insistiendo en que con esa plata debían construirse casas y que había sido robada.

Es como mínimo llamativo que ningún medio lo haya hecho notar.

La desautorización a la ONU

El 28 de octubre se conoció la decisión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU en el que pide la “inmediata liberación” de la dirigente jujeña.

Dictamen ONU
Parte del Dictamen de la ONU, que muestra que se analizaron otras causas

La Nación esbozó una primera línea de defensa del gobierno, calificando a la resolución como “de alto contenido político” y reproduciendo las palabras del Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, para quien las resoluciones de ese órgano no serían vinculantes, pese a basarse en pactos internacionales suscriptos por nuestro país.

Otro de los justificativos para desconocer las conclusiones del grupo fue que el dictamen se habría basado en la detención por el acampe; sin embargo, el texto del dictamen dice explícitamente que Sala fue liberada por ese hecho, pero que permaneció detenida “por una causa que se abrió un día antes”.

Un artículo de Alejandra Dandán en Página /12 desarma la serie de objeciones que intentaron los funcionarios judiciales, el gobernador y políticos ansiosos por desacreditar las expresiones de un grupo de expertos reconocidos e independientes.

A la resolución del grupo de la ONU le siguió el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del titular de la OEA y de organismos internacionales cuya opinión tienen un alto impacto como Human Right Watch. El desconocimiento general de estos hechos y de su relevancia, así como los argumentos en que se fundamentan, sólo se explica por el cerrado cerco mediático.

Acusada de mandar a matar a un aliado, mediante un sicario que fue sobreseído

Otra de las causas contra Milagro Sala es la supuesta vinculación con un tiroteo que se produjo en el Barrio San Francisco de Alava de Jujuy, y en el que terminó herida una nena.

En una primera instancia, Sala estuvo acusada de “encubrimiento agravado” de los imputados de haber intentado asesinar a Alberto “Beto” Cardozo; sin embargo, en abril y sólo en base a testimonios, el juez Pullen Llermanos pasó a acusarla de “homicidio en grado de tentativa”.

Fueron acusados por intento de asesinato Jorge Rafael Paes y Fabián Avila. El primero declaró que había sido Sala quien le encargó el crimen a cambio de dinero; esa parte convenció a Llermanos, pero no tanto como para mantenerlo procesado: Páes fue sobreseido en agosto.

El otro imputado, en cambio, negó que en el hecho hubiera relación con la dirigente.

La detención a toda costa

ANCLA consultó al abogado Juan Pablo Ochoa, quien se desempeña como asesor de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNSa y participa en diferentes espacios vinculados a los derechos humanos. Ochoa destacó que “nuestro derecho constitucional, e incluso la totalidad de tratados internacionales de derechos humanos y de derechos civiles y políticos -todos ratificados e incorporados a nuestro ordenamiento normativo interno con jerarquía supralegal-, establecen el principio de inocencia y el estado de libertad como reglas”. Enfatizó que todo habitante se considera inocente hasta que exista una sentencia firme “dictada por un juez competente como consecuencia de un debido proceso penal previo y bilateral, disponga lo contrario”.

Respecto de la figura de prisión preventiva (cuestionada particularmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), explicó que “cualquier limitación a la libertad debe ser excepcional, y se da tan sólo ante la acreditación efectiva, y no una mera sospecha, de que en caso de libertad la imputada obstaculizará la justicia, alterando pruebas, influyendo testigos, o fugándose”.

El abogado destacó particularmente que el Estado dispone de amplios medios para controlar que una persona no interfiera con una investigación, recordando también que el estado de libertad que se reclama “es la regla impeditiva de coerción física (cuya máxima expresión es la detención física)”.

En concreto, no bastan la sensación del gobernador o la opinión de un número indeterminado de personas para disponer una medida tan drástica como la privación de libertad durante el proceso; de hecho, jueces y gobiernos han apelado a criterios similares para posibilitar que personas con condena en primera instancia por delitos de lesa humanidad -como en el caso de Marcos Levin en Salta- permanezcan en libertad, pese a que sus recursos económicos o sus vinculaciones con fuerzas de seguridad constituirían un serio obstáculo para el proceso que se lleva adelante contra ellos.

En un artículo anterior repasamos la conformación de la justicia jujeña, que hace difícil sostener la pretensión de imparcialidad en temas que involucran a dirigentes políticos.

Puede interesarle:

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*