Docentes universitarios repudian al servicio militarizado decretado por Bullrich

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CONADU Histórica repudió la creación del Servicio Cívico Voluntario a cargo de Gendarmería.

La federación sindical de docentes universitarios cuestionó los objetivos enunciados en el decreto 598/2019, advirtiendo que la Gendarmería Nacional es «una fuerza de seguridad militarizada que tiene como misión ser ‘policía de Seguridad y Judicial del fuero federal'» de acuerdo con la legislación que rige a dicha institución. La misma norma le asigna funciones de prevención y represión.

La entidad gremial también recordó que la fuerza protagonizó numerosos hechos represivos, entre los que destacó la violenta intervención de la fuerza frente al Congreso de la Nación durante el tratamiento de la reforma previsional en Diputados, así como el desalojo de una sede universitaria en Río Negro. Otro antecedente señalado fue el operativo contra la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, cuando Santiago Maldonado fue visto por última vez con vida.

En un comunicado que lleva la firma del Secretario General, Luís Tiscornia, la Secretaria Adjunta, Claudia Baigorria, y el Secretario de Derechos Humanos, Jorge Ramirez, la Federación destacó los méritos de organismos de DDHH, sindicatos y movimientos sociales para asumir la formación en valores democráticos para los jóvenes.

Finalmente, el sindicato reclamó la inmediata derogación del Decreto en cuestión.

El comunicado completo:

La Formación en Valores Democráticos y Republicanos debe estar a cargo de docentes y organismos de Derechos Humanos, no de fuerzas de seguridad

La Federación de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) repudia la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación. 

Según la resolución 598/2019, el instituto en cuestión estará a cargo de Gendarmería Nacional y declara como objetivos la “capacitación en valores democráticos y republicanos, fomento del compromiso personal y para con la comunidad, hábitos responsables, estímulo a la finalización del ciclo educativo obligatorio y la promoción del desarrollo de habilidades para el trabajo, culturales, de oficios y deportes”. El decreto justifica el rol que se le asigna a la fuerza de seguridad en tareas de colaboración que la misma habría prestado en diferentes instancias; sin embargo, esa institución no tiene nada que ver con los contenidos que supuestamente se busca promover; por el contrario, ha sido reiteradamente utilizada para la represión de la protesta social, además de no tener previsto entre sus funciones las tareas que se le pretende encomendar. Basta recordar la violencia ejercida contra manifestantes que rechazaban la llamada “reforma previsional” (e incluso contra legisladores) en las inmediaciones del Congreso de la Nación el 14/12/17, el desalojo con gases y balas a los estudiantes de la Universidad de Río Negro en diciembre de 2018, y la persecución contra una comunidad mapuche el 1/8/2017 cuando se vio por última vez con vida a Santiago Maldonado.

La ley que rige a la Gendarmería la define como una “fuerza de seguridad militarizada” que tiene como misión ser  “policía de Seguridad y Judicial del fuero federal” y le encomienda la “prevención y represión de las infracciones que le determinen leyes y decretos especiales”. Nada de eso tiene que ver con la promoción de valores democráticos.

Por el contrario, los organismos de Derechos Humanos son quienes han defendido de manera consecuente los valores democráticos; muchas organizaciones sindicales, en particular en la docencia de todos los niveles, han ejercido los derechos a través de la acción gremial, de la solidaridad y de la lucha por causas colectivas; y muchos movimientos sociales impulsan a diario actividades solidarias y participativas para dar respuestas a las necesidades de la sociedad, asumiendo labores que el Estado ha abandonado.

La iniciativa del gobierno no apunta a formar ciudadanos, sino a repetir experiencias autoritarias y a profundizar la lógica de control social militarizado sobre la sociedad, apuntando en este caso a jóvenes y adolescentes.

Por todo esto, CONADU Histórica exige la inmediata derogación de la resolución 598/19 del Ministerio de Seguridad.

 

LUIS TISCORNIA, Sec. General

CLAUDIA BAIGORRIA, Sec. Adjunta

JORGE RAMÍREZ, Sec. de DDHH

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