Dictadura, prensa e incitación al genocidio

La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca solicitó el procesamiento de Vicente Gonzalo Massot por crímenes de lesa humanidad. La causa pone en juego el rol de medios de prensa durante la dictadura y su posible responsabilidad en la violación de derechos humanos.

En 2015 el juez federal Claudio Pontet declaró la “falta de mérito” de Vicente Massot en el juicio que se le seguía por delitos de lesa humanidad, en perjuicio de dos ex empleados de “La Nueva Provincia”. El magistrado apenas se tomó 37 horas desde que recibió los expedientes hasta emitir el fallo declarando que no existían elementos probatorios como para procesar al empresario.

Recortes de publicaciones de La Nueva Provincia

Para Pontet, las publicaciones del diario mencionado en las que se avalaba la represión ilegal perpetrada por la última Dictadura militar, podían “ser admitidos en la definición de opinión pública” y por lo tanto protegidas por la Libertad de Expresión. Para el juez lo más importante es proteger las expresiones como las que se publicaron en LNP (“algunas personas pueden encontrar particularmente ofensivas o irritantes la justificación de los crímenes de la última dictadura militar (…). Pero si una idea ofende, escandaliza o irrita, la solución no es silenciar al que predica dicha idea, sino tratar de persuadirlo de que está equivocado”, cita de Julio César Rivera), destacando -además- que las posiciones se enmarcaron en un contexto “signado por la violencia política”.

El magistrado consideró, además, que no existía evidencia de que Vicente Massot tuviera un rol importante en la línea editorial del medio en cuestión.

La causa en cuestión se refería también a los asesinatos de dos trabajadores del diario, 

En marzo del mismo año, los fiscales Miguel Palazzini y José Nebbia apelaron el fallo de Pontet, mediante una presentación en la que expusieron graves cuestionamientos hacia la actuación del magistrado quien -según señalaron los representantes del Ministerio Público- se limitó a repetir el punto de vista de la Defensa. Además, Palazzini y Nebbia consideraron que era contraria a derecho la designación de Pontet como juez subrogante que estuvo a cargo de la causa. 

En febrero de 2016 la Cámara Federal de Bahía Blanca, ratificó la falta de mérito con argumentos similares a los de Pontet. El fallo llevó la firma de los jueces federales Jorge Ferro y Pablo Candisano Mera. El primero fue procesado por corrupción por su actuación en el marco de una causa vinculada a la trata de personas; luego la Cámara de Apelaciones los desprocesó (con la firma, entre otros, de Candisano Mera) y los fiscales apelaron ante la Cámara Federal de Casación. Dicha Cámara, máximo tribunal penal del país, declaró “inadmisible” el recurso, ante lo cual el fiscal De Luca recurrió ante la Corte Suprema de Justicia.

Finalmente, en julio de 2020 la Corte Suprema rechazó la queja de De Luca, aduciendo que el fiscal no actuaba contra una sentencia definitiva o “equiparable a tal”, sin considerar -por ende- el contenido del reclamo judicial.

Nuevos elementos, renovado pedido de procesamiento

Parecía que el caso quedaba definitivamente sellado; sin embargo, la aparición de posibles pruebas con posterioridad al fallo de Pontet abrió la posibilidad de revisar la situación del empresario en la causa.

En diciembre de 2020, y luego de que la defensa de Massot solicitara el sobreseimiento del empresario, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca solicitó que el titular de La Nueva Provincia sea procesado nuevamente a la luz de nuevas “ pruebas que no se encontraban disponibles al dictarse la resolución de falta de mérito”. 

Los fiscales se referían particularmente a los archivos secretos secuestrados al espía chileno Enrique Lautaro Arancibia Clavel, quien actuó en la represión ilegal en el marco del llamado “Plan Cóndor”, un sistema de coordinación entre agencias de inteligencia de países sudamericanos sostenido por la C.I.A. norteamericana. Ese material fue conocido por los fiscales recién en 2016. Allí, el espía chileno se refería a Massot como parte de los “contactos establecidos” en Argentina para la persecución de opositores a la dictadura de Pinochet, destacando el control que el empresario tenía sobre diversos medios de prensa así como la “antigua amistad” que tenía con empresario. Además, la vinculación entre espía y empresario se vio reflejada en publicaciones en los medios referidos.

Estos elementos no estaban presentes en el momento en el que Pontet dictó la Falta de Mérito, por lo que -señalaron los fiscales- correspondía no sólo revertir ese fallo sino ampliar la declaración indagatoria de Massot y llevar adelante nuevas medidas de prueba,

El pasado 15 de septiembre, ante otro pedido de sobreseimiento por parte de la defensa, la Unidad Fiscal bahiense de Derechos Humanos pidió nuevamente el procesamiento de Massot.

El dictamen de los fiscales destaca específicamente que la imputación no apunta de manera genérica a la actividad periodística durante el terrorismo de Estado, sino contra su rol como parte de un delito penal: la incitación a cometer genocidio. En ese sentido, el fiscal Palazzini y el fiscal auxiliar Fermento consideraron que a través de La Nueva Provincia se realizaron “operaciones psicológicas” que fueron parte del plan criminal de la dictadura, lo que incluyó la mentira deliberada sobre asesinatos y otros crímenes.

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