Desaparición forzada en territorio bonaerense

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El 30 de abril pasado, Facundo Astudillo Castro salió de su casa en Pedro Luro (sur de la provincia de Buenos Aires) hacia Bahía Blanca. Desde ese momento, la familia no volvió a tener contacto con él. Varios testigos aseguran que fue subido a un patrullero en la localidad de Mayor Buratovich (30 km al norte de Luro).

En las declaraciones de los efectivos se advirtieron contradicciones y algunas versiones fueron modificadas con posterioridad. También hubo testimonios contrarios a las afirmaciones policiales, que no fueron tenidas en cuenta oportunamente en la investigación.

Facundo Astudillo Castro

La justicia provincial comenzó la investigación bajo la carátula de «averiguación de paradero». Allí, los testimonios de los uniformados fueron contradictorios y ambiguos. En la causa obran declaraciones de policías que afirman que el joven de 22 años fue demorado en Buratovich para labrar un acta de infracción por incumplir con la cuarentena. Se sabe que cerca de mediodía contactaron a la madre de Facundo para verificar el domicilio, pero -llamativamente-, la versión de los efectivos asegura que se le permitió seguir camino.

Recién el 19 de junio (50 días después de la desaparición), la familia pudo comprobar que la ubicación donde habrían demorado a Facundo difiere del lugar donde se habría labrado el acta. Una agente declaró que había llevado al joven hasta la localidad de Teniente Origone (algo más de 20Km al norte de Buratovich), pero otro dijo que se había ido caminando y se había subido en una camioneta Duster Oroch.

A las declaraciones policiales deben agregarse los testimonios de tres vecinos de Buratovich que coinciden en afirmar que Facundo fue subido a un patrullero.

En la familia y en organismos de derechos humanos, creció la sospecha de que la policía bonaerense está involucrada en la desaparición. Por eso, Cristina Castro Alaniz (madre de Facundo) presentó una denuncia ante la justicia federal, al tiempo que la Comisión Provincial por la Memoria elevó un pedido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A pesar de las irregularidades detectadas, el Ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni consideró que no existen «elementos objetivos» que indiquen que hubo una actuación ilegal por parte de la fuerza provincial.

Desaparición Forzada

La denuncia de la madre de Facundo fue radicada el 29 de junio. El fiscal N°1 de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martinez, impulsó la investigación por desaparición forzada de persona. Se trata de un delito de lesa humanidad que implica la privación de la libertad por parte de agentes del Estado, contando con la aquiesencia de los poderes públicos y con la negativa a reconocer la detención en cuestión. La causa quedó a cargo de la juez federal Gabriela Marrón.

La magistrada ordenó el allanamiento de la Subestación de la Policía Comunal de Mayor Buratovich. El fiscal Martínez solicitó la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) .

En tanto, el fiscal De Lucía (que entendía en la causa a cargo de la justicia provincial) dispuso que la policía bonaerense sea apartada de la investigación.

Estas decisiones se producen a más de 60 días de la fecha en que desapareció Facundo.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado Argentino que informe sobre las acciones que realiza para esclarecer la desaparición de Facundo Astudillo Castro. La entidad dependiente de la OEA envió una carta al Canciller argentino Felipe Solá, de conformidad con el el artículo XIV de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, que establece que la CIDH debe dirigirse «en forma urgente y confidencial, al correspondiente gobierno solicitándole que proporcione a la mayor brevedad posible la información sobre el paradero de la persona presuntamente desaparecida».

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